Las fotos se viralizaron en las redes sociales y los medios rápidamente se hicieron eco: un hombre mayor, con el torso desnudo y sonriente, se abraza a una chica que se adivina menor de edad. No importa que ella tenga la cara borroneada por algún efecto del Photoshop: ese pelo, esa piel, la situación de posar de ese modo para una cámara y la risa del señor hablan a las claras de un episodio sexual.

La información no tardó en llegar: el protagonista de esa imagen es el (ex) intendente de la localidad de El Bordo, Juan “Chicho” Mazzone, de 62 años, un controvertido jefe comunal que no es ajeno a los escándalos en los medios locales, ya que en diferentes oportunidades trascendió por haber agredido a otros funcionarios (amenazó al ministro de Trabajo Eduardo Costello con la frase “Que se atreva a aparecerse en el municipio de El Bordo y lo saco recagando”), así como también, en el mes de diciembre, brindar declaraciones xenófobas en contra de un edil: “A mí me lo vendieron empaquetado desde mi gabinete diciendo que era bueno. Ahora me tengo que bancar todas las críticas, porque encima es boliviano”, dijo sin ponerse colorado el intendente que buscaba su tercer mandato en las elecciones de este año.

Sin embargo, esta vez el hecho tiene alcance nacional y ribetes de honda gravedad, además de volver a poner el acento en la cultura machista reinante en algunos sectores de la sociedad salteña. El Bordo, ubicado a 62 kilómetros de Salta capital, perteneciente al departamento de Güemes, es un punto estratégico para la trata de personas por ser considerado “un lugar de paso”, de ingreso y egreso de la provincia. “No hay cifras oficiales, pero trabajando en la zona hemos recibido denuncias de menores a quienes quisieron cooptar o llevar a otras provincias en situación de trata”, especificó Fátima Hognadel, titular del Instituto Jurídico de Perspectiva de Género.

En las fotos que se dieron a conocer, Chicho Mazzone se exhibía abrazando a una joven en ropa interior, y además llevaba en su mano izquierda lo que parecería ser un envase de vino tetra-brik. Otra de las fotos difundidas muestra a las mismas chicas en bombacha y corpiño jugueteando dentro de un jacuzzi. Las reacciones y el rechazo no tardaron en llegar y con esto la correspondiente defensa de algunos sectores que intentaron justificar el hecho que derivó en la destitución y procesamiento del funcionario por corrupción de menores.

Las explicaciones y defensa de Mazzone fueron un tanto confusas y no pudieron dar respuesta a todos los cuestionamientos que surgieron. El intendente argumentó que había prestado su casa a remiseros de la localidad para que realizaran una despedida de fin de año, y frente a su fotografía semidesnudo aludió a que “hacía un calor de la mierda”. Posteriormente, ya en entrevistas a medios nacionales y frente a los cuestionamientos, que después se confirmaron (tres de las chicas que participaron de la fiesta eran menores, según comunicó posteriormente la Justicia), el funcionario aseguró que eso no le importaba, ya que él no había tenido contacto, e intentó descartar cualquier posibilidad de fiesta sexual.

Dos adolescentes de 17 y 18 años que estuvieron en la fiesta, realizada a fines del año pasado, declararon ante la Justicia. También declaró el hombre que sacó las fotos donde las chicas aparecen en distintos ambientes de la casa, y en algunas junto al intendente. Frente a la Justicia, todos mantuvieron la misma versión que dio el intendente a los medios. “Las dos chicas y el hombre que tomó las fotos repitieron lo mismo: que fue durante una fiesta de los remiseros de la zona para despedir el año, a la que ellas asistieron, que pidieron entrar a la pileta del lugar y por eso se sacaron la ropa. Y que luego quisieron sacarse fotos.” Una de las dos chicas explicó

que ella había sido invitada a la fiesta por su novio remisero y asistió con

su amiga.

“Hombre de campo y de familia”

Juan “Chicho” Mazzone también intentó dejar en claro que se trataba de una emboscada política y dijo desconocer si las chicas que aparecen semidesnudas en las fotografías eran menores de edad, dato que consideró irrelevante, ya que él no estaba involucrado con ninguna. Este dato fue confirmado posteriormente por uno de los remiseros asistentes a la fiesta y fue el argumento que utilizaron los concejales de la oposición para solicitar su restitución del cargo de Ejecutivo municipal que derivó primero en una suspensión de 180 días. “No existe mujer que pueda decir que yo le falté el respeto en los 62 años de vida que tengo”, dijo además en diversas entrevistas concedidas, donde contó parte de su vida privada y aclaró: “Tengo once hijos de nueve madres” y aseguró que trabaja junto a ellos en sus propiedades y que es un “hombre de familia”.

En agosto del 2013 el intendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, fue sorprendido cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó un megaoperativo contra la trata de personas en bares, cabarets y casas particulares en Salta capital. El ya destituido funcionario contaba con un historial de irregularidades en su administración y, si bien la Justicia no halló pruebas contra él por ese caso, el municipio terminó intervenido. En las elecciones del año 2013 fue avalado por el Partido Justicialista para la presentación, pero en las urnas no tuvo un resultado exitoso, siendo reprobado por la población por el escándalo que, al igual que Mazzone, tomó trascendencia nacional.

En ambas situaciones el gobierno provincial adoptó una postura ambivalente: en primera instancia en el caso Villalba lo avaló para los comicios de ese año, mientras que en el segundo y reciente sólo brindó un comunicado firmado por el gobernador Juan Manuel Urtubey, en el que condenó “enérgicamente actos como los que se investigan en El Bordo”, pero concluye que “en Salta nadie es impune, ni nadie es culpable sin el veredicto de la Justicia”.

En el texto se informa la intervención de la Justicia y se condena “cualquier acto que se investiga que involucre a menores y que sea producto del abuso de poder”. Sin embargo, no se hace referencia al operativo que la AFIP también realizó tras conocer el caso y en el que encontró serias irregularidades en las fincas propiedad de Mazzone y por el cual se labró un acta por trabajo ilegal, ya que los inspectores corroboraron irregularidades entre los 60 empleados, a los que se les pagaban $ 150 diarios por encañar tabaco 16 horas al día.

La fiesta

de Mazzone

Si bien la reacción inicial del intendente frente al escándalo fue anunciar que “no iba a renunciar ni en pedo”, desde diversos sectores opinaron acerca del escándalo repudiando el hecho y solicitando su renuncia.

El Instituto Jurídico de Perspectiva de Género marcó su postura acerca de las fotos y se refirió a las “niñas o adolescentes como personas cosificadas”. Hognadel expresó: “En este caso en particular se están vulnerando los derechos de las niñas y adolescentes, como marca la Convención internacional a la cual nuestro país adhirió a través de diversos tratados internacionales”.

Y agregó: “Es la constante naturalización de violencia hacia las niñas, de culparlas por la situación, incluso los medios lo exponen con un tratamiento que no remarca la gravedad de este atropello hacia ellas proveniente sobre todo de un funcionario público”.

Además Hognadel consideró que la situación no es un caso particular o extraordinario: “La violencia de género en Salta no es un hecho aislado, sino que es parte de una cultura patriarcal, y esto lo pudimos observar en los diferentes comentarios y opiniones que surgieron a favor del intendente culpando a las niñas o minimizando el hecho”.

Respecto de la posición del gobierno expresó: “El discurso del gobernador fue de un tono muy ambiguo; por un lado condenó el hecho, pero dejó en manos del Concejo Deliberante la resolución, sin tomar parte del asunto o desligándose del hecho”.

El instituto realiza un monitoreo de medios dado el tratamiento que llevó el caso: “Estamos llevando adelante el monitoreo, ya que con este caso pudimos observar que no existe perspectiva de género alguna; contrariamente, muchas veces el discurso que utilizan multiplica y naturaliza la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas”, manifestó la abogada.

El Partido Obrero publicó un comunicado en el que consideró que Mazzone debe renunciar y recordó el caso de Carlos Villalba.

De esta manera, el espacio político consideró: “Un verdadero escándalo que expone una vez más la naturaleza social del régimen que gobierna nuestra provincia. Antes ya se había encontrado al ex intendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, en un prostíbulo clandestino en la ciudad de Salta y vinculado al tráfico de personas”. Y agregó: “Estas situaciones son una constante bajo el régimen de Urtubey, que se ha caracterizado por agravios constantes hacia las mujeres”.

Lejos del repudio, el titular del Foro de Intendentes, Sergio “Topo” Ramos, señaló que el caso del intendente Mazzone tiene que ver con la “idiosincrasia” del lugar. Ramos, intendente de Rosario de Lerma, hizo referencia a las polémicas fotos y dijo: “El contexto en el que se plantean estas cuestiones tiene que ver con la idiosincrasia y la forma de ser de cada uno. Mazzone es un hombre que tiene un poder adquisitivo importante producto de su tarea en la parte privada, y tiene casas que no usa y las prestaba a los vecinos para casamientos y cumpleaños”, dijo sin aclarar la relación con los hechos de la situación económica de Mazzone y las fotografías.

La fragilidad

de los cuerpos

En septiembre del año 2014, la provincia de Salta declaró la emergencia por violencia de género por la alta cantidad de casos de femicidios (17 registrados en 2014), desapariciones (entre las cuales se encuentra María Cash, que falta desde 2011) y donde muchas mujeres fueron víctimas de casos de trata de personas y que aún esperan resolución por parte de la Justicia, entre los que se destaca el de la maestra rural de El Bobedal, Evelia Murillo, que se defendió ante el intento de violación de un hombre en la escuela y que conmocionó a la sociedad días previos a que se realizara el Encuentro Nacional de Mujeres en la provincia.

La cantidad de muertes de mujeres llevó a los funcionarios a tomar esta medida, posteriormente ratificada en la Legislatura provincial. Su objetivo era detener un flagelo tan naturalizado como aceptado en la provincia: la violencia hacia el género femenino y su expresión más extrema y cruda, el femicidio.

Hasta ese momento, prensa del Poder Judicial informaba que desde 2006, cuando se aprobó la ley 7403 de protección de víctimas de violencia familiar, hubo 103.325 denuncias. En lo que va del año suman 8417 causas, y los números continúan en ascenso.

Según la titular de La Casa del Encuentro, Fabiana Tuñez, analizando el caso de la provincia en el medio local Cuarto Poder especificó: “Salta siempre está a la cabeza de los casos de femicidio, con las provincias de Santa Fe y Córdoba. Lo que se puede analizar del caso de Salta es que no sólo aumentaron los femicidios. Una característica de las muertes en los casos salteños relevados es que en los últimos años se incrementó el índice de abusos sexuales seguidos de muerte o graves agresiones sexuales muy violentas. Es una situación muy grave”.

Tuñez además relató: “Una vez, una importante funcionaria salteña nos acusó a miembros de La Casa del Encuentro de que por denunciar esto estábamos realizando una campaña contra la provincia, de querer mostrar sólo un lado negativo de las agresiones hacia las mujeres. Pero el aumento de este tipo de violencia sexual es una realidad”.

Y además agregó que el sector de la juventud es uno de los más vulnerables: “Estos casos afectan cada vez más a jóvenes adolescentes, que si no mueren quedan con graves secuelas y les afecta muchísimo su integridad física o psicológica. Un caso que tampoco se reporta en la provincia es la cantidad de mujeres pertenecientes a pueblos originarios que mueren por casos de abuso sexual seguido por muerte. Sin duda muestra una actitud despreciativa hacia el género. También entrarían en este tipo de clasificación aquellas mujeres que mueren por agresión sexual y con presunción de trata”.