“Voy a poner todo de mí para que esto funcione como tiene que funcionar, además por mi condición de mujer.” Dicho esto, la fiscal Carolina Carballido Calatayud, veintipico de años en la Justicia de Capital, San Isidro y San Fernando, se hizo cargo allá por 2013 de la fiscalía especializada en investigaciones de violencia de género de Derqui. Prometió convertir su gesta en una zona de escucha y contención, “porque la violencia de género es un mal de siempre y las mujeres se han animado a contarla”. Para la misma época, otra mujer padecía ante los ojos del barrio las violencias más extremas y todas a la vez. Yanina González nació hija de madre ausente y de padre golpeador y abusivo; desatendieron un retraso madurativo que traccionaba contra la posibilidad de escaparles a otros círculos tan densos como el familiar, rodeada siempre de parejas circunstanciales que siguieron sometiéndola a violencia física y psicológica. Su cuerpo ya no le pertenecía, tuvo un hijo que su padre le arrebató “porque no iba a ser capaz” y hoy crían unos padrinos, y Lulú, la beba muerta a trompadas en agosto de 2013 por Alejandro Fernández, la ex pareja de Yanina, según denunció ella y tiempo después constataron médicos y peritos forenses. Hasta que Carballido Calatayud, aquella joven funcionaria premiada con una fiscalía temática, tomó la investigación del hecho y comenzó a chocarse contra todos los manuales de derecho de este mundo. Revictimizó a la víctima criminalizándola, ignoró evaluar la posibilidad de un femicidio vinculado y, tanto más grave, desestimó el contexto sistemático de violencias que rodean a la joven. C. C. se evitó ese recorrido en la historia de una víctima que sólo puede hacerse caminando los bordes y metiéndose en el barro, pese a que Yanina había pedido auxilio muchas veces. La funcionaria judicial prefirió definirse por un núcleo distorsionado, donde al culpable lo convirtió en testigo y a la víctima en victimaria. Yanina fue del centro de salud donde constataron la fractura de cráneo de la beba al Penal de Los Hornos. Desde diciembre de 2014 permanece con prisión domiciliaria. En los últimos meses empezó a comprender lo que sucedió a partir de la muerte de Lulú y luego de parir en la cárcel a Tiziana, hija de Fernández, que continúa libre y camina impune el barrio donde se cometió el crimen. A cinco días de la lectura de sentencia, organismos de derechos humanos y colectivos de mujeres que acompañan el proceso denuncian que la fiscal sufre los espejismos de sus prejuicios y limitaciones jurídicas; se preguntan si estará capacitada para ocupar un cargo en el que visiblemente no se encuentra a la altura. Ella resignifica la ceguera judicial acusando a la prensa de desfigurar el contenido de sus procedimientos. Durante todos estos años se ocultaron pruebas favorables a la defensa. Desde el principio, Carballido Calatayud exigió de Yanina “una conducta de garante” sobre la vida de su niña, y en los alegatos finales del juicio solicitó una pena de 6 años y 7 meses de prisión por encontrarla “responsable de abandono de persona agravado por el vínculo”. Si la condena fuera en este sentido, Fernández quedaría liberado de la causa por homicidio.

Hablar de omisiones impropias y de garantías obligatorias resulta un agravio para el sistema judicial cuando se está frente a casos de extrema vulnerabilidad. Es necesario preguntarse por qué la fiscal sostiene que Yanina “se encontraba en una posición de garante respecto del bien jurídico a tutelar (Lulú)” y por qué acusa con saña. “No se le exigía (a Yanina); era el debido cuidado. Sin embargo omitió hacerlo ella. Desestimó la obligación de madre, la abandonó a su suerte, a pesar de poseer las herramientas (...). ¿Cuántas fueron las veces que ella pudo evitar el resultado?” Ninguna, estimada Carolina, ninguna.