SEMANA DEL PARTO RESPETADO
Parteras y médicas convocadas por la Asociación Argentina de Parteras Independientes (AAPI) marcharon el jueves pasado ante la urgencia de frenar una resolución del Ministerio de Salud que pretendía poner las reglas del parto domiciliario. Ante la urgencia, decidieron desnudarse en plena 9 de Julio y llamar la atención de un tipo de violencia naturalizada, que en su peor versión se lleva la vida de las mujeres o sus bebés, y en el día a día naturaliza los destratos y agresiones que se viven en la mayoría de las instituciones. Epidemia de cesáreas, alta tasa de mortalidad materna y de bebés internados en neonatología forman parte del mapa de la violencia obstétrica.
› Por Flor Monfort
Las imágenes dieron la vuelta al mundo por el contraste: por un lado el asfalto y el metal de los autos, por otro, las pieles y los cuerpos, algunos de bebés, de mujeres con los pezones al viento, descubriendo parte de esa fragilidad que se viola cada día desde el templo de la salud: las instituciones, públicas o privadas, donde es posible parir y donde sistemáticamente se comete ese tipo de violencia que de tan repetida se legitima. Una arista más de ese BASTA colectivo que poco a poco va uniendo sus puntas en el aire y agrupa a las mujeres para hacer oír sus voces. “‘Al desnudo por el parto en casa’ fue una medida extrema, ante la urgencia de frenar una resolución ministerial que pretendía poner las reglas del parto en casa, y que sería lanzada esta semana, irónicamente la misma que celebra la Semana Mundial del Parto Respetado. Muy distinto a lo que muchxs creyeron con entusiasmo que legitimaría el parto en casa, lo perseguía determinando que casi ninguna mujer podría parir puertas adentro, la partera estaría maniatada en su despliegue profesional y agregaría costos adicionales, siendo que este servicio es contratado de manera particular sin reconocimiento de las empresas de salud”, explica Marina Lembo, presidenta de AAPI y partera en ejercicio.
Lo interesante es que en vez de trabajar por reglamentar la Ley Nacional 25.929 de Derechos en el Parto y Nacimiento –aprobada en el 2004 y aun en un limbo que no define cómo llevarla a la práctica–, y dónde los derechos de la mujer siendo asistida y del bebé siguen siendo tierra de nadie, dando lugar al alto voltaje de violencia obstétrica enmascarada con el abuso de rutinas médicas cruentas y potencialmente peligrosas, el Ministerio de Salud de la Nación se enfoca en quitar la competencia y eliminar el “caso testigo” de que las mujeres y las parteras (al servicio pleno de las usuarias, en vez de estar al servicio pleno de los intereses y creencias médicas) están haciendo muy bien las cosas, y dejan en evidencia la grave situación materno-infantil de nuestro país: epidemia de cesáreas, alta tasa de mortalidad materna y de bebés internados en neonatología, financiando un sistema de “salud” que crea dependencia medica por las secuelas que deja, como las depresiones posparto, el fracaso de la lactancia, bebés flacos, infecciones en heridas como las episiotomías (corte quirúrgico en las vaginas de casi todas las mujeres) y casos dramáticos como el de Perla Pascarelli en 2009, quien terminó con sus miembros amputados por una infección generalizada por una mala praxis en una cesárea, o el de Lorena Bombardelli, muerta en la clínica Boedo de Lomas de Zamora el mes pasado tras dar a luz a su cuarto hijo en el baño y abandonada a su suerte aun cuando se quejaba de dolores permanentes e insoportables. “El caso Bombardelli es un caso emblemático de lo que es la ausencia de conocimientos para, en primer lugar, asistir un parto fisiológico y luego para poder decodificar cuando hay una desviación de la fisiología y aparece una patología de la cual hay que ocuparse, que es lo que ocurre en el sistema de salud actual, donde patologizan tanto lo fisiológico que cuando viene alguien con una alteración no le prestan atención, porque están colapsados, no tienen cómo ni con qué, ni ganas ni fuerza ni insumos ni nada”, explica Melina Bronfman, terapeuta corporal y doula. “Al revés que en otros países como en Inglaterra, que propician que las mujeres sanas paran en la casa para no colapsar el sistema de salud (porque una mujer que pare en su casa, a gusto y no obligada, por supuesto, se va a sentir más segura y todo su proceso va a ser mucho más fluido), en este país está cuestionado el parto domiciliario desde el Estado, y así como no garantizan por ley el cumplimiento de los derechos de madres e hijos durante el nacimiento, de la ley 25.929 porque no está reglamentada, no hay cómo sancionar a quienes violan esa ley. A las mujeres que quieren de todas maneras privilegiar su bienestar y se refugian en sus casas para parir, el Estado tampoco las protege, las deja sin ningún tipo de recurso: es como si les dijeran “si parís en la institución yo no te puedo garantizar el buen trato, y si parís en tu casa para tener buen trato no te lo permito. Ese es el mensaje”, agrega Bronfman.
AAPI se conforma en 2011, ante las gestiones del Ministerio de Salud dentro del Congreso Nacional para quitar de las incumbencias profesionales de la partera, el brindar asistencia en los domicilios particulares. En aquella época, el fenómeno social de “el parto en casa” estaba cobrando impulso, igual que la demanda de parteras independientes trabajando sin supervisión médica. Este modelo asistencial implica el seguimiento completo durante el embarazo, parto y posparto de mamá y bebé, donde las mujeres y sus familias toman decisiones con información completa, actualizada y precisa, y donde el parto en domicilio es un lugar seguro para parir dentro de una planificación que contempla las complicaciones, pero por sobre todo con el objetivo de preservar el parto natural (libre de medicalización), lo que garantiza la salud de la madre y del recién nacido. “Y para empezar a pulir los problemas que se presentaban cuando trasladábamos al hospital, entre otras cosas, y a ser reconocidas como ‘autoridad’ siendo las responsables primarias de la salud de la mujer gestante, parturienta y puérpera”, aclara Lembo. Pero las resistencias son permanentes y el desprestigio que se quiere imponer al PD implica, por ejemplo, la falta de articulación con el hospital. Todas las mujeres que planifican un parto en casa atendido por parteras tienen acceso a un hospital (público y/o privado) en caso de que se sospeche o avecine una complicación. “El problema es la inoperancia del sistema hospitalario. Es triste escuchar a la directora del área de Maternidad e Infancia, la Dra. Ana Speranza, decir que Argentina no cuenta con los recursos. En realidad los recursos están. Pero la prepotencia médica desestima a las personas. Cuando las parteras llevamos, por prevención o por tratamiento, una mujer o al bebé al hospital nos descalifican, ignoran lo que tenemos para informarles –siendo las que conocemos lo que pasó– , demoran la atención y realizan maniobras y tratamientos inadecuados o que agravan más la salud. Estamos trabajando para que las leyes que existan sean justas e inclusivas, para que haya una articulación eficiente con el hospital, reintegros por obras sociales y prepagas, expedir certificados de nacimiento como garantía de la identidad y acceso al derecho a obtener el DNI. Y participar en la redacción de la reglamentación del parto en casa, sobre la base de los protocolos que usamos actualmente y desde hace más de 10 años en nuestra práctica, que respetan y garantizan el derecho internacional al parto y nacimiento, basados en evidencia científica y en resultados relevados. Por ahora, aguardamos respuestas.”
Porque la violencia obstétrica también es violencia de género y porque #Niunamenos también incluye a las mujeres que van a parir.
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