Hace pocos días, en medio de una sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, el Diputado Nacional por Salta Osvaldo Salum (PJ) afirmó –sin sonrojarse– que en Salta no hay crímenes impunes. Quizás ignore que ni la Justicia de la provincia ni la Justicia Federal identificaron a quienes ordenaron y materializaron los asesinatos durante las puebladas de Mosconi, de Carlos Santillán, Aníbal Verón, Oscar Barrios, Matías Gómez y Orlando Javier Justiniano. Que en los crímenes de Leonardo Rodas y Ariel Bustos de Salvador Mazza –que los familiares vinculan con fuerzas de seguridad que operan en la zona– no hay detenidos. Que Marcelo Castillo, detenido arbitrariamente por un efectivo de la comisaría de Mosconi –quien, por dichos de la madre, expresaba una animosidad manifiesta hacia su hijo–, apareció “ahorcado” en dicha comisaría. Que la madre de Yanet Meza, la adolescente degollada en un locutorio de Mosconi, peregrina por los despachos de jueces y fiscales para que se impute como uno de los autores materiales a un condenado por dos crímenes previos, quien al parecer gozaba de “salidas especiales” de la cárcel local.

Que la justicia es muy lenta en el caso de Fabián Pereyra, el joven indígena asesinado por los guardias de seguridad del Ingenio El Tabacal de Orán cuando hurtaba naranjas porque quería llevar algo para su mesa y comprarse un colchón. Que cuando se cumple un año de tres fallecimientos dentro de la comisaría de Aeroparque de Orán, el pueblo llora la muerte de cuatro menores, Germán Luis, Fermín Flores, Damián Mendoza, Abraham Guzmán, durante un sospechoso incendio en la comisaría 20 de esa ciudad. Que las familias de Sebastián Gómez, muerto en situación confusa en el Dique Cabra Corral, y Fabio Llanes, víctima del gatillo fácil en Salta, no descansan en busca de justicia.

Y jura no descansar, hasta ver a los autores materiales e intelectuales presos, Elida Romero, madre de Liliana Ledesma, la pequeña productora de Salvador Mazza, asesinada salvajemente cuando denunciaba al ex diputado (PJ) Ernesto Aparicio por el cierre de caminos vecinales y el desmonte ilegal, que ligaba a las actividades de narcotráfico del ex diputado.