“Ahora me acusan de no hacer de San Miguel un convento”, decía el entonces intendente de ese partido, Aldo Rico, siete años atrás, cuando el negocio de la prostitución y la esclavitud sexual llenaba cajas y manzanas enteras de esa geografía. El hecho siempre fue conocido, nadie en la zona ignoró nunca que a los burdeles llegaban racimos de chicas argentinas y paraguayas en autos y combis. “Nuevitas”, “carne fresca”, “recién entregadas”, siguen siendo las presentaciones de rigor que el personal a cargo del regenteo hace a los clientes, porque “la cosecha de mujeres nunca se acaba”, al decir de una cumbia tradicional (y vaya otro costado de la naturalización del asunto). Está claro que el ex carapintada nunca pretendió hacer de San Miguel tal despropósito y más claro aún que la jerarquía católica local jamás le exigió, ya no un clima territorial de santidad, sino al menos un freno a la explotación en muchos casos seguida de torturas y muerte de miles de mujeres y adolescentes captadas para ser prostituidas. Las pruebas siguen estando a la vista pública en los clasificados de mayor tiraje, donde prostíbulos y privados vip de San Miguel ocupan varias columnas del famoso rubro 59. La participación del poder político fue descubierta a los ojos de los televidentes argentinos en 2000, cámara oculta del programa Telenoche Investiga mediante, de Canal 13. Mostraban entonces a Vicente Serio, el dueño de tres prostíbulos en diferentes zonas del conurbano (fuentes judiciales aseguran que en la actualidad la red de prostíbulos atribuidos a Serio entre José C. Paz, Bella Vista y San Fernando superan varias decenas), hincado sobre su propia furia, porque si no lo desvinculaban del escándalo de los burdeles les iba “a explotar una bomba” a sus amigos personales, “El Ñato” Rico y el actual diputado provincial Claudio Pérez, entonces presidente del Concejo Deliberante. La bomba en cuestión descubrió la cobertura policial y política que recibía el procesado Serio a cambio del pago mensual de sumas fijas depositadas en ambas cajas, y la utilización de chicas de hasta 13 años, a las que mantenían secuestradas en casas particulares o en cuartos de los mismos burdeles. Y el rocío de acusaciones también dejó expuesto al trío del escándalo que formaban Rico, Pérez y el actual intendente de San Miguel, Oscar Zilocchi, por entonces secretario de gobierno y uno de los nombres que figuraban en la libreta de pagos del proxeneta. La fiscalía número 9 de San Martín investigó estos hechos, pidió juicio político para comisarios, policías y funcionarios municipales. A Zilocchi lo salpicó la imputación del “cohecho pasivo”, es decir “haber recibido sumas semanales con el objeto o a los efectos de omitir el cumplimiento de las disposiciones legales que prohíben el ejercicio de la prostitución”. Sin embargo, el 2007 los encuentra unidos, cada uno, a sus bienes preciados: el multiprocesado Serio a sus cadenas de prostíbulos, Pérez a su banca provincial y el investigado Zilocchi a su intendencia municipal. Por supuesto, Rico y la metáfora del convento pasaron a la historia, aunque en los burdeles de San Miguel nunca falten un altarcito y una plegaria, para que Dios los libre de que se corte la entrega de mujerío.