Néctar Quispe acaba de recuperar la fortaleza que intentaron minarle un par de años atrás, el 28 de noviembre de 2006, cuando los representantes de la empresa Compañía Argentina de la Indumentaria, del Bajo Flores, la cesantearon, escandalizados por los reclamos que la mujer venía realizando en su nombre y en el de sus compañer@s de trabajo. Néctar peleó la necesidad de acotar el exceso de la jornada laboral, el pago por prenda inferior a lo estipulado en el convenio colectivo de trabajo y la urgencia de convocar a elección de delegados de personal. Pusieron el grito en el cielo cuando la costurera se hartó de las palabras e inició los trámites para obtener la representación sindical. Las amenazas no lograron amilanar el propósito, que se volvió documento legal en una nota suscripta a la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde se ratificaron los reclamos. En un fallo del 20 de diciembre último, la Sala V de la Cámara Nacional del Trabajo entendió el caso como un acto discriminatorio y dispuso la reincorporación laboral de la trabajadora. Los jueces Oscar Zas y Julio César Simón, con disidencia de María Cristina García Margalejo, concluyeron que debía aplicarse la ley antidiscriminatoria, que invierte la carga de la prueba, y declararon nula la cesantía. En la causa, “la empresa no pudo demostrar que el despido haya tenido causas reales absolutamente extrañas a la discriminación antisindical”. Lo llamativo del giro judicial —se replica en otros fallos conocidos durante los últimos meses— es que se corre de los tradicionales juicios por despido de de-legados gremiales. El paraguas que se abrió sobre Néctar le da una cobertura especial porque consagra un principio de defensa de los derechos laborales, aunque la trabajadora no sea representante o afiliada sindical. Una lectura optimista podría traducir que ya no existe riesgo de represalias para quienes procuran dignificar su situación laboral. Pero en el entrelíneas se escurre la magnitud del fenómeno de la otra prepotencia de trabajo en la Argentina. El estudio “Violencia laboral: una amenaza a los derechos humanos”, que la Comisión Tripartita de Igualdad de Trato y Oportunidades (CTIO), del Ministerio de Trabajo, realizó en base a 320 consultas atendidas en 2007, revela que el 61,3 por ciento de los casos de violencia ocurrió tras un reclamo laboral. Aunque “en un 91,7 por ciento se trata de personas con trabajo formal, una parte de su labor está en negro y los problemas comienzan cuando ell@s piden recategorización de sus tareas, aumento de sueldo, pago de las horas extra y días de estudio”, explicó la socióloga a cargo de la investigación, Nora Goren, en una nota realizada por este diario en diciembre último. El universo del conflicto permitió observar en el informe que mujeres como Néctar Quispe van al frente de los reclamos: conforman el 59,4 por ciento de los casos que formalizaron la denuncia, sobre un 40,6 por ciento realizadas por varones.