“Lo que vale no es la intención.” En esos términos definió un diputado porteño la frustración general que pesó en la Legislatura durante los últimos quince días, tras caerse los acuerdos sobre el Régimen Procesal Penal Juvenil en su capítulo de mediación para casos de violencia familiar, abuso sexual y delitos contra la vida. Las aguas, en todo caso, se dividen entre el ARI, que argumenta que la alternativa puede ser aplicable a todos los casos penales, y el kirchnerismo, desde donde se intenta establecer excepciones para los casos mencionados. Consultada sobre el tema, Fellini opinó que la mediación penal “debería quedar afuera del Régimen”. La jurista consideró que “bajo la situación actual de nuestra sociedad no es posible aplicar la alternativa de mediación penal en violencia familiar, abuso y delitos contra la vida. Los que los cometen son personas con un grado de anormalidad psíquica que resulta difícil llegar a posibles acuerdos y garantizar luego su comportamiento futuro. En realidad, no deberíamos cargar todas las situaciones de conflictividad social en el Código Penal ni pretender que la Justicia las resuelva; es necesario buscar vías alternativas de resolución, incluso desde el Estado mismo”.