¿Por qué el ministro de Educación porteño, Mariano Narodowski, tiene que pagar de su bolsillo $ 50 diarios a la Justicia? Porque la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dice que su cartera tiene la obligación de asegurar y financiar la educación desde los 45 días de edad en adelante. Y su gobierno no lo hace. Los anteriores tampoco.

Monitoreando ese ángulo de la gestión está la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), desde 2006.

Por entonces, la ONG solicitó información al ministerio sobre la cantidad de niños y niñas que no tenían vacante para el nivel inicial. ¿La respuesta? Ninguna. Silencio de radio. “Como no nos contestaron fuimos a juicio por acceso a la información –explica Nuria Becu, coordinadora del Programa de Igualdad Educativa de ACIJ–. Lo ganamos y recién entonces el gobierno informó la cantidad de chicos que estaban fuera del sistema educativo en el nivel inicial por falta de vacantes. Los datos mostraban que el problema había ido en aumento desde el 2002. Hoy son 8000, y la mayoría son de las zonas más pobres de la ciudad.”

Al conocer semejante déficit, ACIJ fue por más: hizo juicio al gobierno municipal por violar el derecho a la educación y a la igualdad de esos niñxs. Porque no se trata sólo de ignorar una declaración de principios. Hay otro fundamento, terrible: durante estos años la Legislatura asignó fondos para Infraestructura Escolar, pero no fueron usados enteramente. Desde el 2002 los distintos gobiernos “subejecutaron” (gastaron menos de lo que tenían dispuesto) las partidas destinadas a la construcción e incluso gastaron menos en las zonas más pobres y con mayores problemas de vacantes.

“El gobierno de Macri asumió teniendo pleno conocimiento de la situación. Incluso fue uno de los temas centrales de su campaña –detalla Becu–. Al asumir, el presupuesto para infraestructura escolar aumenta en cien millones de pesos, y el gobierno impulsa una ley de emergencia edilicia de las escuelas para acelerar los procesos licitatorios. Sin embargo, sigue sin resolver el problema más urgente, y no presenta nunca un plan ante la Justicia para asegurar que todos los niños puedan tener una vacante para el 2009, y al finalizar el año gasta menos del 50 por ciento del presupuesto asignado. Por eso, el juez dispuso una multa directa al ministro de Educación por incumplimiento de la orden judicial.”

El juicio sigue adelante y cuenta con presentaciones espontáneas de gente interesada en el tema, organizaciones sociales y académicos. La ONG también sigue adelante con su campaña Vacante para todos y todas (información disponible en www.acij.org.ar).