MARíA CONSUELO MEJíA. ANTROPóLOGA. DIRECTORA DE CATóLICAS POR EL DERECHO A DECIDIR, DE MéXICO.
› Por Roxana Sandá
–En la de un debate urgente, dirigido a que la sociedad entera comprenda, apruebe y apoye la autoridad moral de las mujeres para tomar decisiones en todos los aspectos de sus vidas. Además, se trata de un debate necesario porque la interrupción del embarazo en América latina está asociada a la subordinación de las mujeres, a la desigualdad social económica, a la inequidad de género, a la mortalidad materna y al nacimiento de criaturas que vienen al mundo sin las mínimas condiciones para una vida digna.
–Es la situación que se da precisamente en América latina, la región más desigual del mundo. Hay un reflejo claro en el tema de la interrupción del embarazo. Las mujeres con recursos pueden recurrir a la práctica de un aborto en situaciones de seguridad, pagando precios muy altos, y las mujeres con pocos recursos no pueden hacerlo. En esa encrucijada, desde Católicas por el Derecho a Decidir planteamos que la cuestión del aborto inseguro en América latina es un tema de justicia social y de salud pública, porque las complicaciones derivadas de abortos practicados en condiciones de inseguridad están causando problemas en los servicios institucionales de salud. Hoy, sistemas sanitarios pobres deben distraer recursos que podrían ser dedicados a otras necesidades de la salud y la vida de las mujeres.
–Es una gran contradicción. Pero hay que diferenciar la jerarquía conservadora de la Iglesia Católica de la iglesia misma, puesto que entre las católicas y católicos, incluso entre sacerdotes y religiosas, existen posiciones mucho más compasivas en relación con las mujeres que tienen seis u ocho hijos y no pueden evitar los embarazos que no desean. La jerarquía eclesiástica ha endurecido su posición moral-sexual a partir de los noventa, con las conferencias internacionales de El Cairo (1994) y Beijing (1995), donde se reconocieron los derechos reproductivos y se entendió que el empoderamiento de las mujeres era un factor fundamental para el desarrollo sostenible en el mundo entero. El reconocimiento de legitimidad de la autoridad moral de las mujeres y que el acceso a la educación y la participación social y política fueran consideradas parte central de las políticas de desarrollo, causó una reacción muy fuerte en la jerarquía conservadora de la Iglesia Católica y también en los fundamentalismos musulmanes, que se aliaron para oponerse a que esos factores se convirtieran en parte del programa de acción que se derivó de las conferencias.
–Eso es lo dice la práctica y una serie de encuestas que hicimos entre 2003 y 2005 en Brasil, Bolivia, Colombia y México. Los resultados arrojaron que, en un promedio general, el 80 por ciento de la población católica no sigue las enseñanzas en el uso de anticonceptivos, del condón ni en el acceso a la anticoncepción de emergencia. Incluso en la interrupción del embarazo descubrimos también que hay una oposición clara a que la jerarquía de la Iglesia Católica influya en las políticas públicas. Y esa misma jerarquía se está dando cuenta de que las católicas y católicos van cada vez menos a misa, que está en crisis el ejercicio del sacerdocio, que hay una especie de revuelta de parte de las religiosas, que aumentan las denuncias de la violación de los derechos humanos al interior de la iglesia. Hay un proceso de secularización en América latina, la región per se de influencia católica, que está generando una reacción adversa y diría que absurda, porque esa actitud no acerca más a la gente. Al contrario, la aleja. ¿La razón de esto? Mantener un poder y un control que quiere volver a ser hegemónico a través de lo que consideran que es el control de la vida de las personas: el control de la sexualidad.
–Es la institución que en la actualidad sostiene de manera más fuerte el patriarcado y además tiene visos muy significativos de misoginia y de falta de respeto a los derechos humanos de todos sus integrantes. En el caso de homosexuales y lesbianas hay un desconocimiento absoluto al derecho de expresar sus identidades sexuales y sus orientaciones, con el agravante muy delicado de que la institución católica está encubriendo a abusadores sexuales en todo el mundo. No reconoce que el abuso sexual es un delito que debería ser juzgado por las leyes de los países donde están los sacerdotes que abusan de jóvenes a su cargo. Ese es un delito que la jerarquía sigue tapando en todos los países del mundo.
–Hay una serie de planteamientos objetivos. Los principales expertos en bioética plantean que a partir de la semana 24 o 25 de la gestación pueden verse las conexiones cerebrales necesarias que permiten que haya capacidad de raciocinio y de sensaciones. Antes de las 24 o 25 semanas, y esto tampoco es seguro, no puede hablarse de que haya una persona. Por ejemplo, el aborto realizado durante el tercer trimestre, un debate que se está dando en los Estados Unidos, es un procedimiento al que recurre un mínimo porcentaje de mujeres. En Católicas por el Derecho a Decidir pensamos que, en todo caso, la autoridad moral de las mujeres es la que tiene que primar en cualquier consideración. Tienen que gozar del derecho a interrumpir un embarazo que no buscaron o no desearon, y deben tener todas las condiciones para hacerlo, independientemente de la gestación.
–El punto es que es un tema progresivo, que ha sido ganado poco a poco, primero en los casos de violación, luego por la vida de la mujer, después por una cuestión de salud. En el caso de México en particular, el paso que dieron los legisladores del Distrito Federal para despenalizar el aborto fue muy significativo, en tanto que con esa aceptación de la interrupción del embarazo están reconociendo la autoridad moral de las mujeres para tomar esa decisión. Ellas no tienen que dar ninguna justificación. Y lo hacen hasta las doce semanas de gestación porque la medicina y la bioética lo han planteado. Pero hay que recordar que aún no se puede hablar en términos de personas antes de la semana 25. En esa instancia, al contrario de lo que dice la Iglesia Católica, creemos que lo que debe primar es el derecho de la mujer a decidir si quiere continuar o no con su embarazo.
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