La Argentina tuvo un muy buen desempeño en las instancias previas y posteriores a la aprobación del Estatuto de Roma, por el cual se creó la Corte Penal Internacional Permanente. Gran parte de ese mérito se le debe, según fuentes consultadas, a la abogada Silvia Fernández, académica y funcionaria de Cancillería que representó al país ante las Naciones Unidas en este tema desde sus inicios. Cuando llegó el momento de las nominaciones para los cargos de jueces de la Corte, muchos países candidatearon a quienes los habían representado en el proceso previo: eran los más informados sobre el tema, y los más reconocidos en el ámbito de la Asamblea que elegiría a los futuros jueces. La Argentina también lo hizo: nominó a Silvia Fernández, que contaba con apoyos internacionales y nacionales importantes. Y además pocos dudaban, entonces y ahora, que su candidatura era una fija, que si se hubiera mantenido su postulación, la Argentina hoy tendría un digno asiento en la CPI.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo, desconociendo el mecanismo electivo que había ratificado ante la Corte, nominó a Pedro David primero y a Antonio Boggiano después. Cualquiera de los dos, al ser nominados por el Ejecutivo, y no por Cancillería, requerían la aprobación de la Cámara de Senadores. Cuando se intentó tratar el pliego de Boggiano (quien finalmente quedó como candidato, se dice, a cambio de su voto en contra de la redolarización en la Corte Suprema de Justicia), los senadores se revelaron y el pliego llegó a las Naciones Unidas sin cumplir con los requisitos previstos por el Estatuto de Roma. Esto provocó la queja ante el gobierno argentino y la ONU de diversos organismos internacionales y nacionales (Amnesty, el Caucus de Mujeres por una Justicia de Género, y el Centro de Estudios Legales y Sociales, entre otros). Sin embargo, Boggiano quedó e hizo una pésima elección.
¿Por qué si la Argentina tenía una candidata excelente nadie la defendió? Desde que comenzaron a aceptarse las nominaciones, en noviembre del 2001, casi no se escucharon voces alertando sobre lo que estaba sucediendo. Para la abogada Haydeé Birgin –miembro del Colectivo de Mujeres Latinoamericanas por la Justicia de Género–: “La Justicia fue un tema abandonado por las feministas en la democracia. El gran tema desde los ‘80 fue el Poder Legislativo. Para nosotras fue muy fácil, en comparación con el resto de América latina, sacar las leyes de igualdad de género. Pero la igualdad de género, en medio de la desigualdad cultural, no funciona. El tema actual es el ejercicio de los derechos y ahí hacemos agua. Creo que porque somos herederas de las sufragistas sentimos que tenemos que pelear sobre todo por los derechos pero no nos concentramos en el ejercicio de los mismos”.
La diputada radical Margarita Stolbizer y la misma Silvia Fernández consideran que el desinterés por la CPI atraviesa a toda la sociedad, no sólo al movimiento de mujeres. Stolbizer –miembro de Parlamentarians for Global Action, una de las organizaciones no gubernamentales internacionales que integran la Coalición de ONG por la CPI– señala: “Nadie se ocupa de la CPI. En Diputados y Senadores no saben del tema, nisiquiera las mujeres, teniendo en cuenta que tuvimos una candidata mujer. La nominación de Silvia Fernández fue impulsada por el sector académico-técnico pero no por el movimiento de mujeres. Creo que fue una estrategia insuficiente, pero tampoco había otra. La mayoría de las ONG de mujeres ni siquiera estaba enterada de que podía proponer una candidata. Pero esto es producto de que la CPI no está instalada como un tema social”. Y Fernández se pregunta cómo “vender algo que es aún una abstracción. Lamentablemente, el debate sobre la CPI aún sigue reducido a círculos jurídicos y académicos. Pero creo que esto se modificará cuando empiece a funcionar”.