En Argentina se calcula que entre 460 mil y 600 mil mujeres recurren cada año al aborto clandestino. Esta altísima cifra que demuestra que la penalización no impide su práctica. La realidad del aborto clandestino está aquí fungiendo en nuestros escenarios cotidianos porque las mujeres desacatan (y van seguir haciéndolo) la ley y el mandato de la Iglesia Católica que les impide abortar. No es la primera vez que a las mujeres se les deniegan derechos, en otra coyuntura histórica se ponía en duda la posibilidad de que una mujer eligiera políticamente en las urnas. No hay leyes que puedan contra la voluntad de aquellas que deciden abortar. Sí hay injusticias sociales.

Esta realidad genera un negocio altamente redituable. Según una investigación realizada por un equipo de periodistas de Radio Nacional, el aborto en nuestro país involucra mil millones de pesos anuales, una cifra que dista abismalmente de los 35 millones con los que contó –durante el año 2009– el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Cada año mueren en Argentina, según estadísticas oficiales, cien mujeres por prácticas de abortos clandestinos e inseguros, aunque investigaciones médicas informan de un subregistro en el registro de la mortalidad por gestación y siempre son mujeres pobres y jóvenes. Desde el retorno a la democracia, las estadísticas oficiales revelan que la primera causa de muerte en mujeres embarazadas es el aborto clandestino; esto quiere decir, que en casi treinta años de democracia ininterrumpida esta cifra no se ha modificado. Por lo tanto, no ha habido ningún gobierno que a través de políticas públicas coherentes y sistemáticas repare y ponga fin de manera histórica y contundente a tantas muertes absurdas y evitables.

Son mujeres a las que se les niega un derecho humano principalísimo: el derecho a existir, a ser y no sólo a reproducir. Tienen vedado el acceso a la “justicia social” y a los llamados “planes de igualdad de oportunidades”.

La consultora Ibarómetro realizó un sondeo en todo el territorio nacional para evaluar la opinión de los y las argentinas sobre el tema del aborto y su despenalización. Los datos arrojados sostienen que: casi un 60 por ciento de los argentinos no está de acuerdo con penalizar a una mujer que se realizó un aborto. En el área Metropolitana este porcentaje llega al 70 por ciento de las personas entrevistadas. Es responsabilidad del Estado y sus gobiernos proteger la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Mantener la ilegalidad del aborto es condenar a las mujeres al circuito millonario del aborto clandestino y también a la muerte.

Argentina es el primer país en Latinoamérica que aprobó el matrimonio igualitario, el que actualmente lleva adelante juicios y manda a la cárcel común a los militares de la dictadura, el que busca la verdad sobre los hijos e hijas de desaparecidos y desaparecidas apropiados ilegalmente. Es hora de que esté dispuesto también a figurar entre los que reconocen el derecho elemental de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, primer territorio para el ejercicio de soberanía. Es hora de ser el país en el que la presidenta, los gobernantes y legisladores/as y la democracia estén dispuestos a que los derechos humanos contemplen las necesidades particulares de las humanas.

Por eso, exigimos 1) la sanción inmediata de una ley que despenalice y legalice el aborto en Argentina; 2) la aplicación efectiva, no judicializada, del Artículo 86, del Código Penal; 3) la efectivización de una resolución ministerial que garantice la realización de abortos acorde a la Guía de Atención de Abortos No Punibles en los servicios de salud; 4) la plena vigencia y aplicación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (Ley 26.150) y de los programas de salud sexual y reproductiva con presupuestos adecuados.

* En esta columna está sintetizado un comunicado de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.