Ordenanzas que prohíben la instalación de prostíbulos en diferentes localidades del interior del país, proyectos de ley que buscan penalizar al cliente, diarios que decidieron eliminar el rubro 59 por considerar que alienta la explotación sexual, allanamientos y detenciones a lo largo del mapa, la discusión acerca del consentimiento de la víctima y la necesidad de garantizar asistencia integral a las mujeres rescatadas en el Congreso de la Nación, son algunos de los avances –tímidos en algunos casos– registrados en torno a la trata de personas con fines de explotación sexual en los últimos meses. Un delito que mantiene en la esclavitud a un número indeterminado de personas en Argentina, como quedó demostrado luego de los allanamientos en Santiago del Estero que denunció este diario.

A casi dos años de la aprobación de la ley 26.364, sancionada en abril de 2008, organizaciones sociales, diputados/as y el Estado (tanto a nivel municipal, provincial y nacional) continúan su lucha contra este delito y avanzan –con tropiezos– en la ejecución de la norma, en garantizar los derechos de las víctimas de la explotación e instalan nuevas discusiones en torno del delito.

Santa Rosa (La Pampa) fue pionera en arremeter contra la trata de personas. Mónica Molina, subdirectora de Políticas de Género, logró que el Concejo Deliberante prohibiera la habilitación de locales nocturnos, como whiskerías o cabarets, que funcionan como pantallas de prostíbulos. A modo de efecto contagio, otras intendencias pampeanas copiaron la experiencia. El mismo paso dieron en Villa Nueva (Mendoza), en Neuquén Capital y General Roca, Larroque y Gualeguaychú (Entre Ríos) y Villa María (Córdoba).

Durante 2010, continuó la persecución del delito y se iniciaron los primeros juicios en algunas provincias. Ejemplo de ello fue Córdoba, donde se desarrolló el primer juicio por trata de personas contra un hombre acusado de explotar a dos jóvenes de 13 y 14 años. También se dictó la primera sentencia en Mar del Plata: un hombre y una mujer fueron condenados a cuatros años de prisión por el delito de “trata de personas mayores de 18 años de edad, abusando de una situación de vulnerabilidad”. En esa misma ciudad existe una investigación judicial sobre una red formada por 94 prostíbulos denunciada por La Alameda (ver nota central).

Por este último caso, y algunos más, las organizaciones sociales continúan denunciando la complicidad y connivencia judicial y policial que mantiene vivas a las redes de explotación. Además, encontraron el consenso en el Congreso para instalar la necesidad de reformar la ley antitrata. A mediados de 2010, se realizaron una serie de audiencias públicas y debatieron proyectos de reforma en las comisiones de Legislación Penal y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.

Los puntos a modificar fueron: la eliminación de la figura del consentimiento de la víctima a la hora de tipificar el delito en el caso de las personas mayores de edad, endurecimiento de las penas para el delito de la trata. En la actualidad, se imponen penas de entre tres y seis años de prisión y buscan modificarlas por condenas de 3 a 15 años.

La reforma propone la creación del Programa Federal para la Lucha contra la Trata de Personas y la Protección y Asistencia a las Víctimas y de un sistema sincronizado de denuncias sobre delito. Finalmente, diferencias entre los diferentes bloques y organizaciones antitrata no permitieron generar el consenso para que el dictamen se tratara en el recinto. Esta discusión se cerró en el medio de la visita de la relatora especial de Naciones Unidas sobre trata de personas, Joy Ngozi Ezeilo, quien aconsejó una reforma “urgente” de la ley que regula este delito.

En ese contexto, el ministro de Justicia, Julio Alak, propuso “revisar y actualizar el Protocolo de Palermo contra la Trata de Personas” –texto en el cual se basa la ley federal– y consideró que una forma de desalentar el delito es penalizar duramente al cliente. “Sin clientes no hay trata”, aseguró Alak haciendo suya la consigna de las organizaciones antitrata.

Aunque los movimientos sociales vienen denunciando la explotación sexual que esconde el rubro 59, las declaraciones del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, colaboraron en mayor medida con la instalación del tema en la agenda pública. “En este país hay muchas cosas por discutir y resolver, entre otras el rubro 59, con el que Clarín gana un millón de pesos por mes”, afirmó a Radio Continental.

Luego, se sumaron diferentes pronunciamientos y acciones: el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) emitió un documento pidiendo que se termine con la promoción de la prostitución en los medios de comunicación. Diferentes diarios del interior decidieron eliminar el rubro 59 de sus páginas: La Mañana de Neuquén, La República de Corrientes, La Arena de La Pampa; el semanario El Tiempo de Pergamino y el Diario de la República, de San Luis. En las Legislaturas de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires y en el Congreso de la Nación se presentaron iniciativas para que el Estado retire la publicidad y la propaganda oficial en medios que publiquen avisos clasificados de oferta sexual. También se inició una campaña pública para retirar los avisos de prostitución en la vía pública.