Jessica V. es único sostén de familia y madre de tres hijas. En 2009 y 2010 no pudo acceder a vacantes para sus hijas en la oferta pública de la educación porteña y por tal motivo radicó una denuncia en la Defensoría del Pueblo para tratar de evitar que estos obstáculos se reitere en el próximo ciclo lectivo. Su situación ya fue puesta en conocimiento de la Dirección de Nivel Inicial y se aguarda respuesta.

El licenciado en Ciencias de la Educación Gustavo Lesbegueris, a cargo del Area de Derecho a la Educación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, enmarca: “El caso de Jessica pone de manifiesto cómo la falta de oportunidades educativas para los/as niños/as de los sectores más postergados de nuestra sociedad, producto de la insuficiente cantidad de establecimientos de nivel inicial, afecta también las posibilidades de acceder al mercado laboral de aquellas madres que son único sostén de familia y que, por su situación económica, tampoco pueden plantearse la opción de anotar a sus hijos/as en escuelas privadas para poder trabajar. En estos casos, la afectación de derechos que importa este incumplimiento estatal castiga por partida doble a los sectores más vulnerables, en términos socioeconómicos, de la ciudad de Buenos Aires”.

El desamparo crece con la falta de posibilidades de sustituir la responsabilidad estatal con una solución por bolsillo propio. Pero además el macrismo relega justamente a los y las porteñas/os con menores recursos. Mitre alega: “El 70 por ciento de los/as niños/as registrados en las llamadas ‘listas de espera’ –eufemismo al que apela el gobierno porteño para registrar la situación de quienes no acceden a vacantes en jardines maternales, escuelas infantiles o jardines de infantes– habitan en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. La sistemática subutilización de las partidas destinadas a construcción de escuelas por parte de las gestiones educativas del macrismo (al finalizar el tercer trimestre del 2010 sólo se ejecutó el 10 por ciento del presupuesto asignado a ese rubro) devela que no se trata sólo de ineficiente administración de los recursos sino, fundamentalmente, de desinterés por revertir situaciones de desigualdad educativa que afectan a la población en edad escolar más vulnerable que ve restringido el acceso a la educación de nivel inicial por falta de establecimientos y, a partir de esa exclusión, condicionados los puntos de partida de su posterior biografía escolar”