“El Estado no puede seguir

cerrando los ojos ante los acontecimientos que día a día los medios ponen a nuestra disposición en

notas, audios e imágenes.”

(Párrafo extraído del fallo que determinó la clausura de varias instalaciones de River el viernes pasado.)

Son responsables e irresponsables. Las dos cosas al mismo tiempo. José María Aguilar es lo primero como presidente del club. Y lo segundo porque presume de obras que realizó su gestión, pero donde los socios corren peligro de muerte. Sí, es responsable político Julio Grondona como presidente de la AFA, aunque aduzca lo contrario. E irresponsable porque para él todo pasa, incluidas las víctimas que se cuentan por decenas desde el 6 de abril de 1979, cuando asumió su cargo. Son responsables los más conocidos funcionarios del área de Seguridad Deportiva, Mario Gallina y Javier Castrilli, si los operativos que diagraman hacen agua e irresponsables cuando caen en discursos aderezados de voluntarismo. Y es responsable la policía en cada una de las jurisdicciones donde actúa e irresponsable porque oscila entre el gatillo fácil y las zonas liberadas que permiten a las barras bravas hacer de las suyas. Todos tienen algo que ver, incluidos los periodistas que pregonan la dialéctica de un fútbol de vida o muerte. Pero la clase política –y no el Estado como un concepto vago– es más responsable e irresponsable que todos. Porque está ubicada en la punta de la pirámide y su clientelismo es la principal usina de los violentos.

El agua ya nos tapó hace rato y nos dicen que llovizna. Hasta el lenguaje se transformó a tono con medidas que, como se comprobó hasta aquí, no alcanzan. Hinchas caracterizados en lugar de barras, aguante por actos criminales, vetos por clausuras y política de seguridad por política de inseguridad. Lo sostiene la doctora María Laura Martínez Vega, a cargo del Juzgado Contravencional y de Faltas Nº 9, en la resolución que clausuró todo, menos la colonia de vacaciones, el instituto terciario, las escuelas, la pensión del fútbol amateur y lo indispensable en materia administrativa y de seguridad (¿seguridad?).

Así justificó su fallo la jueza, entre otros argumentos: “... De la inspección ocular del día de la fecha surgió claramente la facilidad con la que cuentan quienes son habitués del club, no sólo de ingresar al estadio sin los controles adecuados sino de hacerlo munidos de cuchillos u otros elementos peligrosos, y es que basta observar un partido de fútbol por televisión para que emerja indiscutidamente la ausencia de controles efectivos en los ingresos a los estadios...”.

Los dirigentes

“Les dieron tanto poder que ya no saben cómo sacárselos de encima.” La frase le pertenece a un vocal de River y es toda una confesión de parte. Ese acto de sinceridad poco tiene que ver con el comunicado que firmó el Departamento de Prensa y Difusión del club, el domingo 11, apenas un puñado de horas después de la terrible pelea en los quinchos. “Un grupo de personas se enfrentaron entre sí a golpes de puño”, sostenía.

Desde el anillo del Monumental hasta la calle Sáenz Valiente, en el sector opuesto al estadio, las habladurías se vuelven hipótesis y las hipótesis casi certezas. El mismo vocal sugiere al respecto: “Si investigás las llamadas telefónicas de los principales dirigentes y estos muchachos, te va a saltar cuántas veces hablan entre ellos”. El directivo, que pidió expresa reserva de la fuente, sugirió esa medida que los fiscales están en condiciones de tomar. Y no la intervención de los teléfonos que le sólo corresponde adoptar a un juez.

Los contactos entre la Comisión Directiva y la barra serían al más alto nivel. Aunque no prescindirían de mandaderos. “Yo responsabilizo de lo que ocurre en el club a Aguilar y a Mario Israel. Y estos asados de la barra no son nuevos”, afirmó el abogado Daniel Kiper, ex candidato a la presidencia del club y quien acaba de presentar en el Congreso un proyecto de ley que propone la figura de “asociación ilícita deportiva”.

Además del presidente y su alter ego, el cuestionado Israel, tendrían vínculos con la barra el vocal suplente Diego Rodríguez y un individuo que respondería al apellido o mote de Masula. Cuando Hugo Adrián Rou-sseau y Alan Schlenker, los líderes ahora enfrentados de la patota, solían hacerse ver por el primer piso del Monumental, donde funciona la administración y tienen sus despachos los principales dirigentes, quien pasaba por allí ya intuía a quiénes visitaban.

Los Borrachos del Tablón

Se ha escrito demasiado sobre sus jefes, sus lugartenientes y el desarrollo de su historia, hasta colocarla en un lugar destacadísimo del ranking de prontuarios. Lo que quizá no se sepa tanto es que a Alan le atribuyen, acaso por su actividad como RR.PP., una fluida relación con algunas jerarquías de la Policía Federal. Ese comentario surge de la periferia de la barra, aunque podrían habérselo endosado sus adversarios. El mayor de los hermanos Schlenker –el menor, William, fue quien habría iniciado la pelea que duró unos 40 minutos– se expuso más que nadie, le aplicaron el derecho de admisión el año pasado antes del clásico con Independiente en Avellaneda y se enfrentó con el grupo que lo desplazó por alguna o todas de estas razones monetarias:

1) El dinero de los viajes por venir que River realizará cuando comience a jugar la Copa Libertadores.

2) La rendición de las entradas revendidas en el Mundial de Alemania que no se utilizaron.

3) Una hipotética participación que los dirigentes les habrían habilitado en el pase de Gonzalo Higuaín al Real Madrid y que el abogado y socio del club, Marcelo Parrilli, denunció públicamente.

Rousseau, los hermanos Schlenker, Martín Gonzalo Acro, Alexis Alan Decoste, alias “Gordo Neurona”, y Cristian Ariel Ghisletti, alias “Cristian del Oeste”, todos de alrededor de 30 años, no podrán ingresar al Monumental, aun cuando haya concluido su clausura. Ni siquiera se les permitirá el acceso a las áreas no cerradas del club, como sus oficinas, que conocen muy bien porque algunos integrantes de la barra son empleados. La jueza Martínez Vega lo decidió hasta tanto se resuelvan definitivamente sus situaciones procesales.

Durante la inspección ocular al estadio y los quinchos donde se desarrolló la pelea, la fiscal Claudia Barcia constató que las inofensivas banderas de la barra se guardaban muy lejos de donde estaban ocultos, por lo menos, un cuchillo, una faca y varios caños. Aquéllas aparecieron en un depósito ubicado debajo de la tribuna del natatorio y las armas cortantes en otro semejante, pero que se encuentra en la tribuna Néstor Sívori. A metros del puesto de Primeros Auxilios, donde un médico del club atendió a algunos heridos durante el combate.

Martínez Vega determinó que se “proceda a anular los depósitos ubicados bajo la llamada tribuna Sívori” debido a la “facilidad de acceso al área de personas que puedan eventualmente guardar elementos peligrosos, dado que las puertas no sólo son cerradas con candados de dudoso resguardo cuya llave guarda el personal de mantenimiento”, e infiere: “Nótese que posibles barras bravas del club son empleados del mismo, por cuanto el acceso a tales llaves sería fácil”.

La causa estará bajo secreto del sumario por espacio de diez días y River deberá cumplir con una serie de medidas. Entre otras, la prohibición de la entrada a los principales líderes de los Borrachos del Tablón y un circuito cerrado de TV que cubra el ciento por ciento de las instalaciones del club.

Los funcionarios

Pasó una semana desde que Javier Castrilli habló de la mugre y ya se acumula una montaña de ella. Que siga o no debajo de la alfombra, que a menudo cubre las inmundicias de nuestro fútbol, depende en buena medida de los dirigentes del fútbol en general –los de River tienen la oportunidad de que el suyo sea un caso bisagra–, pero más aún de los funcionarios políticos y judiciales.

Cuando recibió un llamado de Julio Macchi, el vicepresidente 1º de River, con el aparente espíritu de cooperar, el subsecretario de Seguridad en los espectáculos deportivos le respondió: “Estamos en guerra, ¿entendió?”. A partir de ahí, y como Castrilli adelantó que River no se salvaría de la clausura y hasta vaticinó que sería de cinco fechas, los directivos de River no se quedaron de brazos cruzados. Lo acusaron de “prejuzgar” y le pidieron a su jefe, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, que lo apartase de las actuaciones. Y se apoyaron para ello en la contundencia dialéctica del funcionario: “Los dirigentes eligieron esta mugre: que se atengan a las consecuencias”. Uno de los letrados que firmó el descargo administrativo y solicitó su recusación es el constitucionalista Gregorio Badeni. El ex árbitro definió a ese escrito como “chicanas de carácter jurídico” en el programa de cable donde trabaja, Estudio Fútbol, en TyC Sports.

Mientras tanto, el viernes se confirmaba la clausura de cinco fechas al Monumental determinada por el ministro, la ampliación de la medida a otras instalaciones del club firmada por Martínez Vega y los allanamientos en las casas de los implicados. Resta ahora saber si la Ley 24.192, denominada de “Violencia en espectáculos deportivos” y sancionada el 3 de marzo de 1994, es aplicada aunque sea en un artículo. El 5º debería analizarse con detenimiento para comprobar que el problema no es la falta de una legislación adecuada sino los escasos antecedentes que existen de su aplicación: “Será reprimido con prisión de uno a seis años el que instigare, promoviere o facilitare de cualquier modo la formación de grupos destinados a cometer alguno de los delitos previstos en el presente capítulo”.