La reciente acusación del líder de una facción de la Doce, Richard Laluz Fernández, contra un oficial de la Policía Federal por cohecho actualizó una espinosa cuestión que cada tanto provoca revuelo: cómo se relacionan las barras bravas con los uniformados que deberían neutralizarlas. Varios antecedentes revelan que se vinculan de manera promiscua. Separados por odios viscerales en tiempos lejanos, hoy ya no tienen empacho en compartir negocios, distribuirse sus beneficios y brindarse cobertura recíproca. Que se filtrara la declaración del “Uruguayo” en el marco de una causa por el asesinato de Gonzalo Acro, un ex integrante de Los Borrachos del Tablón, el grupo violento de River, causó malestar en la fuerza de seguridad. “La policía cree que está haciendo las cosas bien, por eso su bronca cuando se difunden casos aislados de corrupción”, le dijo una fuente de la Subsecretaría de Seguridad en los Espectáculos Futbolísticos (Subsef) a Líbero. Desde la Justicia, en cambio, un fiscal señaló que a la división de Eventos Deportivos de la Federal que encabeza el comisario Orlando Ramón Sobrado “no la convocamos cuando hacemos investigaciones”. La razón es obvia: domina la desconfianza.

Laluz Fernández, un prófugo demasiado visible que estuvo en esa condición durante casi cinco años, fue arrestado tardíamente en José León Suárez. Cuando declaró en el juzgado Nº 11 de Luis Rodríguez que investiga la muerte de Acro, contó que un oficial llamado Esteban Pérez Méndez lo coimeaba y que le aportaba a su grupo de barrabravas una bolsa con armas a cambio de mil pesos en cada partido. El testimonio del “Uruguayo” pasó al juzgado Nº 45 de María Fontbona de Pombo donde se abrió una investigación por el presunto cohecho.

Las derivaciones judiciales no terminaron ahí. Rodríguez, el mismo magistrado que desvinculó de la investigación de la barra brava de River al presidente del club, José María Aguilar, mandó la declaración de Laluz Fernández al juzgado Nº 14 de Fabiana Palmaggini donde se tramita una causa contra la comisaría 24ª con jurisdicción en el barrio de la Boca. Es un expediente que se inició en agosto de 2008 por irregularidades denunciadas durante el partido que habían jugado Boca y Colón en la Bombonera el 23 de marzo de ese año.

Hace pocos días, el ex comisario de aquella seccional, Eduardo Meta, fue indagado por Palmaggini junto con otros veinticinco efectivos de la 24ª. Además, fue allanada la comisaría, a menudo señalada como un sitio hospitalario para la barra brava de Boca. Meta es el mismo oficial de la Federal que supo ocuparse de la represión a sectores de la Doce enfrentados por el control de un botín cada vez más disputado. El 16 de marzo del año pasado, en un operativo bajo sus órdenes, fueron detenidos casi dos centenares de barras después de que se pelearan en inmediaciones de la Bombonerita (el estadio de básquetbol del club) con el resultado de un individuo acuchillado, una combi incendiada y un automóvil volcado.

Casi un año después (el 15 de marzo pasado), la interna de la Doce continuaría con otro capítulo violento, aunque enfrente del Parque Lezama, sobre la avenida Martín García. Un hermano de Laluz Fernández terminó apaleado e internado en grave estado en el hospital Argerich, un negocio de comidas rápidas baleado y una mujer mayor lastimada. El comisario Meta hoy ya no está al frente de la 24ª. Lo trasladaron a la seccional 44ª de Liniers, donde en marzo de este año se descubrió que tres policías en connivencia con barrabravas de Vélez de segunda línea integraban una banda que secuestraba con fines extorsivos a personas con antecedentes penales. Víctimas que presuntamente no harían la denuncia por su situación comprometida ante la Justicia.

La investigación por este ilícito corrió por cuenta del fiscal federal Federico Delgado, quien identificó luego de utilizar escuchas telefónicas al cabo Héctor Miño y el ayudante Patricio De Rose –ambos de la 44ª– y al oficial subinspector Enrique Zabala de la comisaría 35ª. Los barras de Vélez involucrados son Fernando Morales y Christian Galuzzi y un tercero, Mariano Hierro, que sería integrante de la del club All Boys. “Hay presos y prófugos”, informó a tres meses de que la banda fuera descubierta el integrante de la Subsef.

La acentuación del descrédito sobre la fuerza policial debido a este tipo de conductas, cada tanto impulsa a los funcionarios a salvar su reputación en general. “La policía está formada por un 99 por ciento de gente honesta”, había calculado en marzo, cuando sucedieron los hechos de la 44ª, el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández.

El fenómeno de la banda mixta o un delito estructural como el cohecho, donde un barra brava se victimiza después de haber sido socio en las ganancias, transforman en juegos de chicos experiencias combinadas de otro tipo, como el cobro del estacionamiento los días de partido o la permisividad de la policía en los ingresos a los estadios cuando llegan los violentos. Laluz metió el dedo en el enchufe y generó un cortocircuito con sus afirmaciones. En la Federal se inquietan con las filtraciones porque nunca le resultó sencillo levantar un estigma que arrastra desde hace tres décadas. Que varios de sus integrantes son socios de las barras en algunos segmentos del negocio y se hacen los distraídos otorgando zonas liberadas para optimizar ganancias. La comisaría 24ª está en la mira de la Justicia por eso.