Esta semana se realizó otra reunión en la Legislatura porteña, a pedido de los vecinos, para tratar el tema de las torres y del uso de las tierras públicas. El salón Montevideo se llenó de particulares y representantes de ONG barriales que estaban, literalmente, indignados. Llamaba la atención la fuerza de las críticas y la sensación desolada de que los habitantes de Buenos Aires son llevados de aquí para allá sin voz ni voto. También fue notable el nivel de información sobre cuestiones como el número de automóviles que entra al distrito federal cada día y la formidable población flotante que pasa sus horas laborales en la capital, volviendo a la provincia al caer el sol.

Pero si bien el diagnóstico de los problemas resultó exacto, las propuestas de solución no lo fueron tanto. Por un lado, se mezclaban ideas en nada accionables, como que la construcción es un negocio; por el otro, se unificaban las demandas en el pedido de que se declare una emergencia urbana que frene las torres y congele la afectación de tierra públicas.

La primera confusión es en el tema negocio: claro que la construcción es un negocio, como la medicina o la educación, y que lo sea no es innoble o espurio. El problema está en la falluta aplicación de las leyes que ya existen, en la negativa a regular la actividad con inteligencia y sensibilidad, y en la completa sordera del gobierno porteño a lo que ya es una mar de fondo medible. La construcción seguirá siendo una industria, con torres salvajes o con urbanismo sustentable.

El otro problema es conceptual: como señaló la diputada Teresa de Anchorena, declarar una emergencia es un poco mucho y un tanto difuso. Para peor, los vecinos quieren la emergencia para que se congelen los permisos de obra y el gobierno porteño inspeccione todo a fondo. Esto, por desgracia pero en términos reales, equivale a pedirle al zorro que revise a las gallinas. El Ejecutivo porteño no tiene la menor intención de frenar las torres, no está de acuerdo con la percepción de descontrol que tienen los vecinos y considera un éxito para la economía porteña el boom de la construcción. Es inconcebible que las inspecciones cambien algo, lo que no quita que hay que controlar la epidemia de derrumbes, seguro indicador de impunidad y laxitud.

Queda planteada la pregunta: ¿qué se le exige al gobierno porteño para que esta ciudad no sea sobresaturada?