El tema patrimonial está pisando fuerte en la Legislatura porteña, porque cada vez tiene más presencia en los medios y porque ya más de un barrio de la ciudad tomó la calle contra las demoliciones. En los días y semanas que vienen se va a escuchar en el palacio de la calle Perú debatir nada menos que tres proyectos importantes para el tema, mientras que en la comisión de Patrimonio Arquitectónico se busca unificarlos en uno solo. Como no ocurrió antes con el tema patrimonial, hasta se empiezan a ver las diferencias partidarias típicas de un tema que existe políticamente. No es poco.

Uno de los tres proyectos es del diputado Jorge Enríquez, del PRO/Juntos por Buenos Aires, que pide simplemente que la Legislatura suspenda la demolición de los edificios que figuran en el inventario realizado por el ministerio de Cultura porteño como “edificios representativos de la Ciudad”. Esta protección es explícitamente para evitar que sean demolidos antes de que haya tiempo de debatir si se los cataloga o no.

Curiosamente, estos edificios ya deberían estar protegidos por el mismo hecho de estar en ese inventario, como se descubrió en el caso de Callao 924, un petit hotel ya destruido. Al parecer, la ya famosa abulia de la ministra de Cultura porteña –conocida por considerar la protección patrimonial una utopía más difícil que la paz mundial– evitó que se cumpliera. Es más, ni siquiera las marchas y protestas por la demolición de Callao 924 la despertaron, a ella o a su jefe, Jorge Telerman.

El segundo proyecto es de los legisladores Fernando Caeiro y Teresa de Anchorena, ambos de la Coalición Cívica, y pide la emergencia patrimonial de la ciudad por un plazo de 365 días corridos. Esto es una reivindicación explícita de todos los grupos de vecinos movilizados: que no se demuelan edificios de valor patrimonial por un año, para dar tiempo de debatir un régimen de protección coherente. El proyecto de Anchorena y Caeiro incluye el área comprendida por el peculiar proyecto de Paisaje Cultural de la Unesco con el que Telerman soñó conquistar París, y todo edificio construido antes del 1º de enero de 1942, año del que se dispone el primer catastro completo de la ciudad.

Esto no es un congelamiento completo sino un simple trámite especial que hace que estos edificios no puedan demolerse sin el visto bueno del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales de la Ciudad, ente compuesto por un representante de la comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura, otro de la comisión de Patrimonio, otro del ministerio de Cultura porteño, otro de la comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico, otro de la Comisión Nacional de monumentos y lugares históricos, otro de la Sociedad Central de Arquitectos, otro de la FADU-UBA, otro del Icomos, otro del Cicop, otro del Instituto de Investigación de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo, y otro del CPAU. El consejo es presidido por el subsecretario de Planeamiento e Interpretación urbanística. Si el CAAP no considera el edificio valioso, se lo demuele y listo. Si le ve el valor, se lo inhibe y comienza el trámite normal para ver si se lo cataloga o no, en el cual hay por lo menos dos instancias en que el público y los propietarios pueden pronunciarse a favor o en contra.

En los pasillos de la Legislatura se ve a estos dos proyectos con chances favorables, ya que muestran voluntades favorables en varios bloques y partidos. Aunque mientras el diputado Enríquez busca con rigor que el Ejecutivo cumpla la ley, su colega del PRO –y de Juntos por Buenos Aires–, Alvaro González, se opone cerradamente a cualquier cosa que limite la piqueta. Es que González preside la comisión de Planeamiento y no está tan atento a lo que quieren los votantes como a lo que quiere la industria de la construcción.

El tercer proyecto es el más abarcador. Es, nuevamente, el proyecto “1942” de la diputada Teresa de Anchorena, presidente de la Comisión de patrimonio Arquitectónico y Paisajístico de la Legislatura. El proyecto es muy simple y toma una idea que ya rige en Rosario, ciudad que vive un boom y no sufrió ninguna catástrofe bíblica por velar por su patrimonio. Todo edificio construido antes del 1º de enero de 1942 está protegido en principio y no puede ser demolido sin el visto bueno del CAAP. Si el CAAP lo considera sin valor, por múltiples razones, el parecer allana el expediente de demolición. O el expediente va a la Legislatura, con la recomendación de que se inicie el trámite de catalogación. Como se ve, similar a la emergencia patrimonial y nada particularmente draconiano.

Habrá reuniones de comisión, primero en Patrimonio y luego en Planeamiento, y luego hay que votar en el recinto. Lo importante es que el tema ya no queda olvidado y languideciendo en algún cajón, cómodamente olvidado por falta de peso político. Hay gente en la calle por el patrimonio, hay cada vez más cobertura mediática del asunto, que ya no es para especialistas. Y en octubre se vota de nuevo.