En todo lo que sea patrimonio, el gobierno porteño nos tiene acostumbrados a un nivel de incoherencia, apatía y arrugue ya desolador. Pero en estas últimas semanas, el equipo que todavía encabeza Jorge Telerman protagonizó un papelonazo memorable, nada menos que ante la Justicia porteña. Un funcionario de alto nivel primero se “olvidó” de cumplir la ley y luego la rompió con premeditación y alevosía, y otro terminó siendo más papista que el Papa, cuidándole el bolsillo a una empresa privada y no al pueblo de su ciudad.

Este carnaval gira alrededor de la magnífica residencia de los Bemberg en la calle Montevideo al 1200, uno de los edificios franceses más lindos que tiene Buenos Aires y exactamente el único en su estilo que le queda a nuestra castigada ciudad. Como se sabe, el edificio no existiría si no fuera por la velocidad mental y legal de los vecinos reunidos en Basta de Demoler, un grupo profundamente cansado de la piqueta indiscriminada. Una empresa privada se preparaba para destruirlo y construir una torre, según parece una de particular fealdad y fachadas vidriadas. Los vecinos lo evitaron con un recurso de amparo al que hizo lugar la Justicia porteña que, ducha en saber con qué bueyes anda uno arando, puso una consigna policial para que no haya demoliciones nocturnas.

Lo curioso del asunto es que nada de esto hubiera pasado si los funcionarios del gobierno porteño cumplieran con sus deberes y el jefe de ese gobierno alguna vez se diera por enterado del tema patrimonial. Sucede que el 18 de julio se había abierto un expediente de catalogación del caserón de Montevideo 1250, que el 23 de ese mismo mes fue girado, como manda el trámite, al subsecretario de Planeamiento Urbano. Este funcionario se llama Mario Sabugo, es arquitecto y sabe que cuando se recibe un expediente de catalogación su deber es hacer dos cosas: inhibir el edificio hasta que se resuelva por sí o por no la catalogación, y girar todo el tema al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales. Sabugo, curiosamente, se “olvidó” de lo primero pero cumplió con lo segundo.

Pocos días después de todo esto, Planeamiento Urbano recibió otro expediente, el que pedía autorización para demoler completamente el petit hotel. Pese al expediente de catalogación enviado por la legisladora porteña Teresa de Anchorena, pese a que se cumplió el trámite de enviar el tema al CAAP, resultó que el lote no estaba inhibido. Planeamiento, en una incoherencia completa y faltando a la ley, autorizó la destrucción del edificio el primero de agosto.

¿Queda claro? Planeamiento faltó a la ley al no inhibir el edificio hasta que la Legislatura decida la catalogación y la quebró a fondo al autorizar que se demuela.

Mientras tanto, el CAAP estudiaba el tema y terminaba, el 21 de agosto, votando a favor de recomendar la catalogación. El bloque a favor incluyó al representante de la Sociedad Central de Arquitectos, entidad que no está formada precisamente por patrimonialistas. E incluyó también a la doctora Nora Galli, que representa en ese consejo asesor al Poder Ejecutivo porteño. El mismo Poder Ejecutivo que, a través de su Ministerio de Planeamiento, autorizaba que se demuela.

La frutilla del postre es un verdadero misterio, inexplicable desde cualquier definición de coherencia. Resulta que la obra quedó parada por orden judicial que, como toda orden judicial, se puede apelar, en este caso ante la Cámara porteña. Y el primero en apelar no fue el particular afectado, el dueño –o dueños– del edificio y futuros constructores de la fea torre. El primero en apelar fue el procurador de la Ciudad, que también representa al Poder Ejecutivo porteño. Los dueños del edificio apelaron también, pero después.

Esto es un misterio oscuro como la medianoche por una razón muy simple: al gobierno porteño, al pueblo porteño, al estado de esta ciudad, no le afecta en lo más mínimo que el edificio no se demuela. No hay modo de inventar que el pueblo de esta ciudad quedaría lesado en sus intereses si el amparo se sostiene. Para mejor, la apelación termina de redondear la incoherencia fatídica del Ejecutivo porteño: su Ministerio de Cultura sigue en el sueño de los justos, abúlico ante estos temas; su Ministerio de Planeamiento da autorizaciones manifiestamente ilegales de demoler; su representante en el CAAP vota por la protección; su Procuración apela para que no se proteja nada.

El caso está en la Cámara porteña que, entre tanto zigzag, tiene una guía clara: hay un trámite de catalogación, lo que implica legalmente que no se demuela hasta que se apruebe o rechace. No es un amparo eterno, no se pide a la Justicia que ande protegiendo edificios históricos. En rigor, se le pide que haga lo que debería haber hecho el arquitecto Sabugo, un hombre distraído.