El edificio de los Bemberg en Montevideo 1244/50, que fue salvado de la segura demolición por los vecinos reunidos en Basta de Demoler, sigue en el centro de una muy inédita movida política. Por un lado, la Cámara porteña acaba de rechazar la apelación del procurador porteño con un contundente, claro y unánime fallo que le explica un par de cosas al gobierno de cómo se deberían hacer las cosas. Por el otro, el inefable Mario Sabugo acaba finalmente de enviar su informe a la Legislatura afirmando que no va a inhibir el edificio, porque ya autorizaron la demolición. Resultó que el funcionario no es distraído: es cómplice.

Los vecinos de Basta de Demoler perdieron la patriada en Callao 924 –por puntos: salvaron las antigüedades del petit hotel– pero se están luciendo en la de Montevideo 1250. Su amparo para que el delicioso edificio no sea demolido y reemplazado por una fea torre de vidrios prosperó y acaba de ser confirmado con toda la fuerza por la Cámara porteña. Los jueces Balbín, Corti y Centanaro no sólo le hicieron caso al fallo de su fiscal sino que fueron taxativos en algo obvio: cuando se trata un proyecto de ley para catalogar un edificio, hay que inhibirlo. Siempre, siempre, siempre, porque si no van, lo demuelen y todo se torna abstracto. ¿Quién dijo que a los abogados no se les entiende nada?

El largo fallo de la Cámara se origina en la insólita apelación del procurador general porteño, que por alguna razón considera que el pueblo que representa sería lesado si no se demuele el petit hotel. Balbín, Corti y Centanaro, de forma unánime, rechazaron esta semana su apelación. El escrito cuenta que el amparo fue presentado por Santiago Pusso como “vecino” –y en nombre de los vecinos de Basta de Demoler– con argumentos claros y llanos como que “es un barrio tan castigado por (las demoliciones), siendo que otrora ostentaba orgulloso una gran cantidad de petit hoteles, que daban marco a una fisonomía arquitectónica y urbanística única en una ciudad latinoamericana y que de no ser preservada es irrecuperable”.

Esta semana aparecieron dos pintadas pidiendo que no demuelan la casa de Montevideo y que no construyan la torre de oficinas y cocheras, para peor de cristales, que planea la empresa IQ.Fotos: Rafael Yohai

La historia que resumen los jueces continúa con la presentación de los diputados porteños Teresa de Anchorena y Jorge Enríquez, que demuestran que la autorización de demolición fue emitida después de que le comunicaran a las dependencias del Ejecutivo porteño que corresponden que estaba en trámite un proyecto de ley para catalogar el edificio. El Ejecutivo se hizo el oso y autorizó nomás, lo que resulta o sospechoso o estúpido, y en todo caso es incorrecto.

En contra se presentó la dueña del edificio, IQ Plaza Vicente López, cuyo representante explicó que iban a demoler nomás con la venia del gobierno porteño, y que estaban lesados en sus intereses económicos, además de haber cesanteado o suspendido a sus obreros y haber tenido que suspender el remate de las piezas de la demolición. También se presentó el procurador general porteño, apelando antes que los empresarios lesados, presentando argumentos que bordean la ciencia ficción. Primeramente, dijo que no hay verosimilitud en el reclamo del amparo, porque todos los papeles de la autorización de demolición están en orden. Como quedó claro arriba, esa autorización se dio después de que se comunicara por nota que se estaba proyectando legislativamente catalogar el edificio. De esto, el procurador general no se da por enterado. Su segundo argumento es que no existe “peligro en la demora”, lo cual es abiertamente psicodélico: una demolición toma literalmente horas o días, con lo que la premura de frenarla es evidente. Tercero, el procurador protesta porque no hay contracaución, esto es, porque no se fija un castigo económico por haber frenado la demolición. ¿Alguien necesita una chicana más clara para decirles a los vecinos que se callen y no se metan en los negocios inmobiliarios?

El fallo

Los jueces explican que consideraron los deberes que fija la Constitución de nuestra ciudad-estado al gobierno, entre los que están fijarse políticas medioambientales y culturales, garantizando explícitamente la preservación y restauración del patrimonio urbanístico y arquitectónico. Lo mismo ocurre con el Código de Planeamiento Urbano, que ordena catalogar y remitir a la Legislatura en un plazo perentorio de diez días (que ni Ibarra ni Telerman cumplieron jamás de los jamases). Luego le recuerdan al procurador porteño varios casos en los que hubo verosimilitud, apuro y contracaución y vuelven a repetir que Anchorena y Enríquez le comunicaron al Ejecutivo que se trataba de una catalogación en la Legislatura. Y ahí escriben, con claridad de romanos: “La existencia de un proyecto de ley sobre catalogación debe aparejar la modificación preventiva del catálogo respectivo mientras dure el trámite, y ello comporta la improcedencia de otorgar permisos de obra o demolición hasta tanto se resuelva”.

¿Se entiende? Los doctos jueces no dicen que “debería” inhibirse la demolición sino que “debe”. Hay que hacerlo. Punto.

Por tanto, la Cámara encuentra “razonable” y “ajustado” el amparo, y lo confirma: “Resuelve no hacer lugar a la apelación y, en consecuencia, confirmar la decisión recurrida”.

Este estupendo fallo unánime es una piedra basal para la acción: todo edificio o APH en proyecto, tratamiento o en ese limbo al que los condena el cajoneo de Telerman debe ser respetado. Como dicen los jueces, no debe autorizarse demoliciones u obras, como está sucediendo con el entorno de Parque Lezama, para dar un ejemplo entre tantos.

La de Sabugo

No es lo que piensa el arquitecto Mario Sabugo, subsecretario de Planeamiento del Ministerio de Planeamiento y Obras Públicas del gobierno porteño. Sabugo tuvo pendiente a más de uno con su famoso expediente sobre la casa de Montevideo 1244/50, que tardaba más que el legendario general Alais en llegar a la Legislatura pero al fin lo hizo esta semana. Sabugo es el funcionario que debía dictar la inhibición del edificio a proteger, impidiendo que se lo demuela, pero no lo hizo y se escudaba en su demora con razonamientos y razones burocráticas. En la edición del sábado pasado de m2 se reveló su enojo con una nota en la que no explicaba nada de fondo, excepto que no era él el que autoriza demoliciones.

El muy completo expediente llegó por fin a la Legislatura, con la ficha de estudio que puso a Montevideo 1250 en la lista de edificios notables de la ciudad y con un largo intercambio de notas y más notas, lo que indica por qué toma tanto tiempo catalogar o proteger algo. Al final de todo, está la carta de Sabugo, que explica que el expediente incluye “el informe 6271-DGIUR-07 de fecha 18 de septiembre de 2007 de la Dirección General de Interpretación Urbanística”. El segundo párrafo –la carta es sintética– dice que “cabe señalar que con fecha 1º de agosto la Dirección de Fiscalización de Obras y Catastro ha registrado los planos de demolición del inmueble (...) tal como surge de fs 29”.

Y ahí viene el final: “Por lo expuesto, el dictado del acto administrativo por el que se incorpora con carácter de preventivo al Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la parcela en la que se asienta el inmueble (...) ha devenido inoficioso toda vez que la que la (sic) catalogación tiene por objeto preservar el bien con niveles de intervención los que en ningún caso admiten demolición”.

Como esto es mal castellano y peor lógica, Sabugo tuvo que explicarse oralmente. Lo que explicó fue que, sencillamente, como sus colegas de Obras y Catastro ya habían autorizado la demolición, él no iba a pararla. En ningún momento pareció importarle que el edificio no haya sido demolido todavía, gracias a la Justicia, sino que sus colegas del otro escritorio ya habían firmado el permiso. Esto es confundir la burocracia con la realidad –el edificio todavía existe– y es una solidaridad rarísima, que confunde disciplina con incoherencia.

O sencillamente lo “inoficioso” es meterse con el negocio inmobiliario, tener un poco de coraje cívico para hacer lo que claramente marca la ley.

Menos mal que tenemos jueces y vecinos activos.