La Comisión de Cultura de la Legislatura porteña ya tiene mayoría para aprobar el proyecto que recibió de la Comisión de Patrimonio, una ley que podría proteger en serio una parte sustancial de los edificios históricos de nuestra ciudad. El despacho de Patrimonio fue firmado por legisladores del PRO, del Frente para la Victoria, Recrear y la Coalición Cívica, una combinación inusual que puede repetirse. Cuando Cultura firme el despacho, el tema pasará a Planeamiento y después será votado por la Legislatura en pleno. La ley declara una emergencia patrimonial de 180 días para los casi tres mil edificios que el gobierno porteño declaró especiales y representativos y también para el área de la costa que Jorge Telerman presentó a la Unesco como “paisaje cultural de la Humanidad”, idea pernóstica que al fin parecer servir para algo.

Mientras los legisladores debaten y se preparan a legislar, el Ejecutivo siguió dando señales contradictorias. La arquitecta María de las Nieves Arias Incollá, subsecretaria de Patrimonio, encargada directa de la lista de edificios representativos y víctima de un reciente ataque de perro del hortelanismo, parece haberse agravado y sufrir uno de ponciopilatismo. No será el menor de sus problemas en los días que vienen: el jueves le presentaron un recurso de amparo para que salga de su abulia y forme de una vez la Unidad Técnica dedicada al patrimonio que hubiera evitado estos problemas y que ella tenía que formar, por ley, hace años.

Foto: Rafael Yohai

No es conmigo

Los que estén siguiendo esta súbita politización del tema patrimonial saben que todo comenzó con los vecinos tomando las calles para frenar demoliciones y torres abominables. En su actual encarnación, el tema surgió por la demanda de los agrupados en Basta de Demoler para salvar el hermoso edificio de Montevideo 1244/1250 (ver nota aparte). Los vecinos obtuvieron un amparo y ganaron la apelación con un fallo de la Cámara porteña ejemplar y clarísimo. Los jueces fallaron que “la existencia de un proyecto de ley sobre catalogación debe aparejar la modificación preventiva del catálogo respectivo mientras dure el trámite, y ello comporta la improcedencia de otorgar permisos de obra o demolición hasta tanto se resuelva”. Esto es, si se debate la catalogación, los edificios no se tocan hasta que se resuelve el tema por sí o por no.

Las demoliciones son tema del Ejecutivo, fuente de incoherencias que suelen terminar en demoliciones ilimitadas. Como ya se sabe con qué bueyes se anda arando, una legisladora decidió dejar por escrito las consecuencias de ignorar el fallo de la Cámara porteña. El 4 de octubre, Teresa de Anchorena, presidenta de la Comisión de Patrimonio de la Legislatura, les envió la misma nota a los tres entes directamente abarcados por la medida, la Subsecretaría de Patrimonio Cultural, la Dirección General de Fiscalización de Obras y la Subsecretaría de Planeamiento. Respectivamente, estas entidades pertenecientes a tres ministerios –Cultura, Gobierno y Planeamiento– se encargan del patrimonio edificado, de autorizar demoliciones y de inhibir dominios.

La nota de Anchorena es breve y simple, comunicando que hay un proyecto unificado en tratamiento, de autoría del diputado Jorge Enríquez, que afecta una gran cantidad de edificios. Continúa solicitando “que usted disponga lo necesario a fin de resolver la protección cautelar de dichos inmuebles, hasta tanto culmine el tratamiento del proyecto según lo dispone la ley 1227, sus normas reglamentarias y complementarias, garantizando de esa forma que este Cuerpo (la Legislatura) tenga la posibilidad de ejercer las facultades que le son propias”. La nota termina destacando el fallo de la Cámara porteña con el párrafo destacado arriba.

La Dgfoc recibió la nota sin comentarios. El inefable Mario Sabugo, de Planeamiento, también. La sorpresa fue la subsecretaria de Patrimonio, Arias Incollá, que en lugar de alegrarse por las buenas nuevas, como profesional del tema y miembro de cuanto ente preservacionaista internacional valga la pena figurar, tuvo un preocupante ataque de ponciopilatismo.

Patrimonio contestó el mismo día diciendo que el sistema de la Ciudad que registra electrónicamente toda comunicación no reconocía a la comisión que preside Anchorena. “La sigla CEPAP no se puede cargar al sistema”, decía la nota de Arias Incollá enviada a la Legislatura. Esto es tan insólito que Anchorena se comunicó por escrito con el mismo jefe de Gobierno Jorge Telerman, contándole el caso y expresando su asombro porque “esta comisión ha remitido más de setenta notas en lo que va del año a distintas reparticiones del gobierno, y ninguna de ellas fue devuelta”. De hecho, explica la legisladora, Arias Incollá recibió varios de esos escritos, sin que en esos momentos tuviera problemas informáticos. Anchorena le resumía a Telerman la situación y le expresaba la urgencia de que su subsecretaria se diera por enterada del tema y actuara, ya que edificio demolido es edificio perdido.

Evidentemente, Telerman le dio la razón, porque dos días después, el 11 de octubre, salía la respuesta de Arias Incollá bajo la forma de la nota 7286. Como ya no podía alegar que no le andaba la red, la arquitecta tiene que tomar posición y dice que “en atención a lo requerido se procedió a remitir el trámite a la Subsecretaría de Planeamiento, dado que esta Subsecretaría de Patrimonio Cultural carece de competencia para el dictado de inhibiciones parcelarias”.

Sucede que esto no es verdad. La ley 1227 le permite a Patrimonio proponer catalogaciones e inhibir preventivamente parcelas. Arias Incollá debería saberlo porque su propia jefa y antecesora en el cargo, la actual ministra de Cultura de la ciudad Silvia Fajre, se lo explicaba a quien quisiera oírlo como un verdadero logro. Luego, como la vida es misteriosa, hubo que presentarle un amparo a Fajre para que esa ley se reglamentara: dormía plácidamente en un cajón, no sea que alguien se enoje porque le limiten la piqueta.

Otro amparo

Arias Incollá seguirá a su jefa también en estos problemas legales. Ahora que se le exige que cuide el patrimonio, tenga un poco de coraje político y salga del lamento, decide entregar los puntos a los colegas de Planeamiento. Le será más difícil lavarse las manos de otro “olvido” más viejo aún, la obligación de la misma ley 1227 de crear la Unidad Técnica de Coordinación Integral, Catálogos, Registros e Inventarios. Este jueves, el abogado Diego Hickethier presentó un amparo ante la Justicia porteña en nombre de la diputada Anchorena, para que Arias Incollá cree esa Unidad de nombre misterioso, que hubiera servido para evitar no sólo muchas demoliciones sino el caso puntual de Montevideo 1244/50.

El escrito de Hickethier explica las obligaciones constitucionales del gobierno porteño de cuidar el patrimonio y describe que el órgano de aplicación es el Ministerio de Cultura, a través de su subsecretaría especializada. Después de historiar los diversos decretos y reglamentos, el abogado relata que se le hizo un pedido de informes a Arias Incollá, luego de pasados tres años de la sanción de la ley 1227 y uno de su reglamentación. El 8 de agosto, la funcionaria contestó con “un cúmulo de vaguedades” afirmando que la Unidad ya existe y se dedica a reunir información sobre el patrimonio. El escrito pidiendo el amparo explica que Arias Incollá sufre de una confusión: la Unidad no fue creada para “reunir información” sino para “proteger” el patrimonio.

Arias Incollá ya opinó por escrito que los edificios que su propio organismo compiló como representativos del patrimonio no merecen protección, actitud incomprensible en una especialista en patrimonio y en la funcionaria responsable de la misma lista. Su total inercia hizo que la Unidad Técnica no cumpliera su trabajo, con lo que “se asiste a la demolición de cientos de inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural” mientras “el órgano de aplicación asiste impávido y de brazos cruzados”. Esta dura frase es de total justicia: Arias Incollá y su jefa la ministra Fajre opinan que custodiar el patrimonio es una utopía. “No se puede, no se puede”, solían decir abiertamente, sin explicar por qué.

El papelón es tal que ya define su legado como funcionarias. Su jefe, Jorge Telerman, al menos parece haber reaccionado y estar dispuesto a cuidar el suyo. Según fuentes ilusionadas, mandó a arreglar el berenjenal legal de decretos y contradecretos que sostiene mal que mal las APH porteñas, para dejar todo firmado y cerrado antes de entregar el poder.