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Las cuentas finalmente cerraron y la Comisión de Cultura de la Legislatura porteña aprobó nomás el despacho unificado de emergencia patrimonial. Como saben los que están siguiendo el tema, la politización del tema patrimonio edificado fue fulminante en esta primavera porteña: primero salieron los vecinos a la calle, luego Basta de Demoler logró un amparo para salvar el petit hotel de Montevideo 1250, trascartón la Cámara porteña rechazó las apelaciones con un fallo tan claro que hay que ser ciego, sordo, mudo y sueco para no entenderlo. Tanto, que la Procuradoría General de la ciudad desistió de apelar e hizo algo francamente raro, se “allanó” al fallo.

La Legislatura reaccionó con rapidez, creando un consenso de que algo había que hacer, ya que el fallo le creaba a la ciudad obligaciones evidentes: había que moverse para cumplir con cosas como que todo edificio cuya catalogación se debatiese fuera inmediatamente inhibido. Había llegado el momento, gracias a los vecinos de tantos barrios que tomaron la calle para protestar, de legislar con claridad.

El despacho unificado que acaba de aprobar Cultura, que ya aprobó Patrimonio y ahora se dirige a Planeamiento une cuatro iniciativas presentadas anteriormente y que toman conjuntos o áreas enteras, no un edificio aquí y allá o un APH. Lo más importante es que se declara la emergencia patrimonial por seis meses a partir de que se vote la ley –lo que tiene que hacer la Legislatura en su conjunto– y se suspenden las demoliciones de todos los edificios comprendidos en la lista de “Edificios representativos” que elaboró la Subsecretaría de Patrimonio porteño.

Los seis meses de emergencia permitirán que la Unidad Técnica de Coordinación de Catálogos, Registros e Inventarios del Ministerio porteño de Cultura le envíe, en cuatro meses, una propuesta de qué catalogar a la Legislatura. El único problema es que el Ejecutivo porteño se las arregló, en su conveniente obesidad política, para que la Unidad no exista: hace diez días le presentaron un amparo para que de una buena vez tome entidad y deje de ser un reunidor de información y haga lo que la ley indica que debe hacer.

El territorio a cubrir por la Unidad Técnica serán los 2693 edificios de la lista de edificios representativos, los 72 que sobreviven de la lista de “Premios Municipalidad de Buenos Aires” y todo lo que haya en el polígono propuesto por Jorge Telerman como Paisaje Cultural Mundial antes de perder estrepitosamente las elecciones. Mientras se deciden estos temas, todo el que quiera intervenir en una fachada o área común de estos edificios debe pedir un parecer favorable al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales y también a la Comisión de Preservación del Patrimonio Histórico de la Ciudad, entes ambos que reúne privados y públicos.

El despacho unificado busca crear una claridad hasta ahora inexistente en el tema patrimonio, que sigue a los tumbos entre los que consideran anatema cualquier límite a la piqueta y los que piensan que a lo sumo se puede preservar alguna que otra área histórica, siempre y cuando no se enoje alguna empresa o interés económico. Lo mejor es que una ley clara permitirá preservar edificios individuales y áreas, y dejar en paz a las constructoras que, con seguridad jurídica, podrán invertir en otras zonas. De paso, estaremos en democracia en el sentido de que se escuchará lo que dicen los vecinos y votantes de la ciudad, que exigen que un tema tan enorme no se deje en manos de expertos y funcionarios.

Al mismo tiempo, el plenario de la Legislatura les dio una alegría a los vecinos de Coghlan, el muy peculiar barrio porteño que había logrado mantener su identidad de casas bajas y de alto valor patrimonial. Los vecinos se habían entusiasmado con los proyectos de documentación y valorización de su historia de comienzos de la gestión Ibarra, cuando todavía parecía había un gobierno progresista en la ciudad. Pero luego notaron que comenzaban a florecer torres y más torres, y que los edificios que habían documentado y mostraban con orgullo en la web de la ciudad eran demolidos.

Cuando vieron que el Ejecutivo porteño no iba a hacer nada –no sea cosa que ofendieran a algún interés y los tomaran por progresistas–, los vecinos movilizaron a Coghlan y se dirigieron a la Legislatura. En 2005 lograron un proyecto limitando alturas de la diputada Beatriz Baltroc y, en 2006, otro de Norberto La Porta. Finalmente, lograron sumar al presidente de la Comisión de Planeamiento, Alvaro González, y a Laura Weber, directora de la Comisión de Patrimonio y asesora de la diputada Teresa Anchorena.

Hace unos días, la Legislatura aprobó la ley, que limita severamente las alturas a construir en esa área. El temor ahora es que el Ejecutivo porteño todavía tiene una carta para jugar: tienen que sancionar y reglamentar la ley, y después hacerla cumplir.

Para terminar, la rama legislativa acaba de honrar su propia sede, declarando el viejo Concejo Deliberante como monumento histórico y creando su primer museo. Sucede que el hermoso y tan británico palacio que diseñó Héctor Ayerza fue inaugurado hace 76 años, lo que se festeja con una muestra fotográfica abierta al público y con esta protección agregada.

Curiosamente, uno de los proyectos votados es del increíble Miguel “Pancho” Talento, que no tuvo problema en apoyar el todavía más increíble Santiago de Estrada a la hora de apoyar el proyecto para descatalogar la casa de la calle Membrillar, por pedido de la parroquia de Flores. Estrada, se sabe, atiende más a la Iglesia que a la política, mientras que Talento le hizo caso a su señora madre, parroquiana de la iglesia de Flores. En la sesión de esta semana, el diputado, que es director general de Cultura de la Legislatura, dijo: “Creo que era necesario preservarlo como monumento histórico de la ciudad, por la elevada significación de su arquitectura, de su fachada y el elegante diseño de los espacios interiores que se complementan con el patrimonio artístico del que es depositario”. Ojalá recuerde esas palabras cuando se vote la descatalogación de Membrillar, demolida a escondidas para quebrar la ley.