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Santiago de Estrada, legislador porteño y operador inmobiliario del arzobispo Jorge Bergoglio, logró ayer que se vote nuevamente la demolición de la casa histórica de la calle Membrillar, en Flores. La casona, legada a la parroquia de Flores, fue demolida ilegalmente, un sábado a la noche y por empresa desconocida, sin licencia. Al levantarse el domingo, los vecinos frenaron la demolición. De la casona quedó el frente, algunos muros internos, los pavimentos y alguno que otro sector de los viejos techos. El asunto pasó a juicio y la parroquia se encontró con un problema: la ley es clarísima y castiga las demoliciones de edificios protegidos reduciendo lo que se puede construir en su lugar. Te cargás una casona, podés construir un chalecito.

Como el negocio estaba en vender el terreno despejado y para hacer un edificio de varios pisos, la curia movilizó a De Estrada, funcionario de la dictadura que todavía vacila entre su vocación de monaguillo y su realidad de político. Los argumentos de la parroquia de Flores eran débiles (que nadie les había comunicado la catalogación, que no era firme) y en todo caso para contárselos al juez, al que todavía había que explicarle la malísima fe de demoler a escondidas y sin permiso, tarea que ni un jesuita. De Estrada entendió que la solución era pasar una ley descatalogando la casona.

Si el legislador pensara como un legislador y no como un militante católico, hubiera vacilado. Pasar semejante ley significa no sólo premiar un ilícito por portación de amigo influyente sino además desfondar todo el tenue sistema de protección de edificios patrimoniales e históricos. Si la Iglesia puede hacerlo con su influyente propio, ¿por qué no otros? Pero De Estrada presentó un pastiche legal que co-firmó el kirchnerista Pancho Talento, sorpresa explicada cuando se conoció que su señora madre es fiel de la parroquia de Flores y tiene, más que amigo influyente, hijo influyente. Hubo dos audiencias públicas memorables por la tensión y la agresividad, donde los estradistas definieron a los preservacionistas como enemigos de la Iglesia. Finalmente pasó al recinto y se votó.

La ley era tan peligrosa, que el jefe de Gobierno Jorge Telerman la vetó de un plumazo. Fue un buen momento de su gestión, nada rica en defensas del patrimonio, y un momento de coraje.

Pero De Estrada tiene un cliente exigente en su arzobispo, por lo que volvió a las andadas. Volvió a meter el bodrio en el temario legislativo y, si bien le costó hacerlo votar porque necesita 31 votos para revertir un veto del jefe de Gobierno, lo logró este jueves a última hora. Tuvo el voto de sus PRO y del Frente para la Victoria, y de varios diputados sueltos supuestamente progresistas. ¿Qué pasó?

Lo que pasó fue que, como dijo un diputado que levantó la mano por De Estrada, “no me voy a inmolar por eso”. La frase es estridente porque muestra dos cosas: el poco peso político que todavía tiene el patrimonio, que se puede sacrificar sin pagar demasiados costos, y el nivel de presión. Es que Jorge Bergoglio en persona estuvo llamando a legisladores para garantizar su voto. No fue sólo De Estrada, que operó, disciplinó y negoció como si estuviera reformando una constitución. Fue el arzobispo porteño en persona. Y eso que le gusta mostrarse como alguien que no opera en política menuda.

Le quedó a la Coalición Cívica y a diputados sueltos como Bidonde y Hourest mantener el honor en esa noche de estradismo paladar negro. Un momento notable fue el silencio y las miradas de bronca con que fue recibido el discurso de la presidenta de la Comisión de Patrimonio de la Legislatura, Teresa de Anchorena. La diputada dijo cosas como que “algunos descalifican el despacho de minoría (opuesto a la demolición) diciendo que pretendemos catalogar una pared. Pero nos queda una pared porque atrás había un edificio que fue demolido ilegalmente”. A esta ilegalidad manifiesta no se le prestó atención y Anchorena recordó que la misma Iglesia le había enseñado que era un valor reconocer las faltas con humildad, y un deber repararlas. “Le pido a la Iglesia que practique lo que nos ha enseñado”, dijo Anchorena.

Quedó en minoría, lo que indica que De Estrada debe andar comulgando por otros altares, donde enseñan otros catecismos. Curiosamente, nadie le señaló un aspecto de su ley: al premiar al demoledor clandestino y al argumentar que está bien porque la catalogación no se había votado en la Legislatura, se le impide a esa misma Legislatura legislar, que viene a ser la razón de su existencia. El edificio va a desaparecer y el tema de su catalogación pasaría a ser nulo, sin que la Legislatura pueda resolverlo.

¿Será mucho pedir que Telerman repita su veto? De Estrada no tendría tiempo de volver a montar su operación inmobiliaria, ni siquiera con mails, cartas y apretones de manos de Bergoglio a sus colegas: se va en diciembre.

Mientras tanto

La semana que viene está programado que empiece a tratarse el paquete de leyes que puede, al fin, proteger el patrimonio edificado de la ciudad, en reunión de asesores de la Comisión de Planeamiento. Como se recordará, el paquete unifica varias propuestas que culminan declarando una emergencia patrimonial que congela demoliciones y refacciones por seis meses, le da cuatro meses al Ejecutivo para que catalogue o libere los edificios comprendidos, y abarca un universo interesante de piezas: las casi 7000 compiladas en la lista de edificios notables, los pocos sobrevivientes de los premios municipales y las muchas –aun no contadas– comprendidas en la zona de la costa que Telerman presentó como Paisaje de la Humanidad ante la Unesco. Si el trámite es normal y no surgen problemas de último momento, antes de fin de mes tendremos el paquete saliendo de Planeamiento, listo a ser votado por la Legislatura en pleno, lo que hasta podría ocurrir antes del cambio de gobierno. Ahí habrá que ver qué hacen figuras de peso como De Estrada –esperemos que no caiga ninguna propiedad que la Iglesia quiera demoler en la volada– y el futuro ministro de Planeamiento Daniel Chain, nada amigo de la preservación. No será fácil, pero ahora los vecinos están movilizados detrás de este proyecto.

Mientras, la inefable Nani Arias Incollá, subsecretaria de Patrimonio Cultural del gobierno saliente, sigue sorprendida porque después de años de calma en la que pudo hacer como que la destrucción del patrimonio no era con ella, se encuentra flanqueada por la Legislatura. Esta semana, el fiscal hizo lugar al amparo presentado hace días por la legisladora Anchorena para que se mueva un poco y cree la Unidad Técnica que, justamente, tendrá que catalogar o liberar los edificios comprendidos por el paquete legal. La ministra Silvia Fajre y su subsecretaria habían dejado ese tema en el cómodo veremos en el que pasaron toda su gestión, afirmando que la UT existe porque “reúne información”. Sólo que la ley 1227 –la de Patrimonio, que estuvo cajoneada tantos años que enfrentaron otro amparo– manda que la Unidad sea ejecutiva y no documental. Ahora tienen diez días para justificar su pereza tan conveniente ante un juez.