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Este martes 13 de esta extraña semana de frío en pleno noviembre se reunió la Comisión de Planeamiento de la Legislatura porteña, en su último encuentro del año. Fue en el muy bello salón de la planta baja que lleva el nombre de Perón, entre columnas y arcos, bajo gloriosas arañas de bronce y cristal, en un ambiente de los que supimos construir (y ya no sabemos). Fue un encuentro simbólico, con algo así como un centenar de vecinos que llegaron organizados, con carteles y fotos, oradores designados y un nivel de articulación que reíte de los sindicatos. El martes quedó absolutamente claro que el tema patrimonial y el de las torres se politizó para valer. Ya no podrá derivar como el barquito de papel, lejos de la mirada pública, contando con la indiferencia general y en particular de los medios. Todo lo que es político es noticia y estos temas ya lo son.

Lo cual explica lo que se anduvo viendo esta semana en cuanto a patrimonio y zonificaciones varias.

Ley de Patrimonio

La ley ómnibus que navegó las comisiones de Patrimonio y Cultura de la Legislatura mutó esta semana. Entre otras cosas, porque el PRO –dentro del bloque y también en el futuro Ejecutivo– está dando claras señales de asumir la politización del tema y empezar a tratarlo con responsabilidad. Como se recordará, las comisiones unificaron varios proyectos que atienden el creciente reclamo de los vecinos de la ciudad para que se frene la demolición indiscriminada de recursos no renovables, el patrimonio edificado. Así, se declaraba la emergencia patrimonial por seis meses y se daba un plazo perentorio de cuatro para que se catalogara o no un universo de edificios abarcado por la lista de Representativos, la lista de Premios Municipales y el polígono creado por Jorge Telerman para su proyecto de Paisaje Cultural de la Humanidad. Estos edificios –muchos edificios– no se podían tocar, según el proyecto, sin autorización del CAAP, que tenía el poder de preservarlos o liberarlos mientras se discutía la catalogación del conjunto en pleno.

En el PRO parecen haber entendido varias cosas respecto de este tema. Una es la clara inseguridad jurídica que crea en la industria de la construcción la situación actual, más regida por protestas, amparos, fallos judiciales y organismos públicos haciéndose los suecos que por reglas claras. Tanto, que se inventó un nuevo tipo de boleto, el que sujeta la operación a que se aprueben las demoliciones. Y un nuevo tipo de vivo, el que vende un predio histórico disimulando que lo es, para que el emprendedor se desayune solito cuando es demasiado tarde. El segundo tema que parecen haber percibido es que los vecinos ya no aceptan las demoliciones resignadamente, que el asunto aparece cada vez más en la prensa y que ocurren cosas alarmantes como que los periodistas llaman para que les expliquen por qué votaron lo que votaron. Demoler un edificio patrimonial pronto será como cerrar una escuela: un muy serio problema político. Y hay muchos más edificios patrimoniales que escuelas.

Entonces, esta semana se consensuó un proyecto diferente y positivo, que se votará el 22 de noviembre en el plenario de la Legislatura. El proyecto crea por un año exacto un procedimiento de promoción especial de protección patrimonial que abarca los edificios públicos o privados en la lista de Representativos y en la de Premios municipales, y todos aquellos en el polígono del Paisaje Cultural construidos hasta el 31 de diciembre de 1941. Toda solicitud de demolición o intervención en fachadas o espacios de uso común que llegue a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastros debe seguir un procedimiento claro: tiene que ser girada de inmediato a la Dirección General de Interpretación Urbanística, para que ésta se la lleve al CAAP (Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales). El CAAP tiene que revisarla y pronunciarse en 30 días sobre si el edificio tiene o no valor patrimonial. Si no lo tiene, se lo comunica a la DGIU, para que liberen la demolición o reforma. Si lo tiene, Planeamiento debe comenzar el proceso de catalogación. En todo caso, el trámite termina en la Dgfoc.

El único rulo que tiene este proyecto es que si el CAAP no contesta en treinta días, el edificio queda liberado. Ya sabemos dónde tendrá que ponerse el reflector para ver si se cumple con la ley y se protege el patrimonio.

Como se ve, esta ley puede crear por fin un mecanismo claro y relativamente veloz para ordenar toda la ribera porteña, de La Boca a Núñez, más los casi tres mil edificios que toman las dos listas. El nivel de seguridad jurídica que esto crearía es fácil de percibir, por la claridad en las reglas, y los vecinos tendrían la tranquilidad de que su barrio no va a desaparecer y ser reemplazado por otro, más paulista, de pura prepotencia. Por supuesto, los mecanismos de catalogación normales siguen en su lugar, igual que las APH. Y todo lo que está en trámite de catalogación está inhibido de demolición mientras la Legislatura no trate el caso.

El 22 de noviembre el PRO tiene el escenario abierto para mostrar que finalmente entendió políticamente la temática patrimonial y quiere representar a los ciudadanos de su ciudad en esto también.

Las alturas

El otro gran tema de la sesión del martes pasó por las alturas constructivas. Ese día, Planeamiento votó sin demasiadas complicaciones la catalogación de Montevideo 1250 –también se vota este mes– sostenida por un fuerte fallo judicial, la de la avenida Alvear y zona aledaña, y la del palacio Maglione en la calle Entre Ríos 1948, pedido por sus propios dueños, gente patriota y de amor a sus tradiciones. Se demoró la del club Huracán por una cuestión muy cuerda: la catalogación con grado de estructural impediría reparaciones o reformas necesarias para, por ejemplo, cuestiones de seguridad del público. Se está discutiendo con el club la redacción de la ley para que la cancha no termine clausurada por preservarla.

El grueso de la discusión pasó, entonces, por las alturas constructivas en Caballito y por la U23 de Belgrano, centrada en su zona 1 –la única exclusivamente residencial de la ciudad– y en la manzana que la difunta URSS compró hace añares para construir su embajada, que ahora se busca cambiar a un uso mixto con viviendas. Al frente de la comisión, Alvaro González tuvo un día difícil, en el que debió poner orden ante un auditorio volátil, que exigió mucho y también se pasó de rosca con un abandono notable.

Ese día hablaron los Vecinos Autoconvocados de Belgrano, que levantaron cuarenta carteles mientras hablaban sus representantes, que hicieron discursos con detalles técnicos sorprendentes, llenos de cotas, FOTs y alturas máximas. Luego hablaron los vecinos de la Rural, que apuntaron a ilegalidades diversas, donaciones raras, leyes que se descartan y otras herencias del menemismo. Después fue el turno de los vecinos de Basta de Demoler, representados por el arquitecto Marcelo Magadán, que sacó el tema de ser un poco más creativos en el uso de nuestros recursos y aprender a hacer dinero con el patrimonio sin necesidad de demolerlo. Cerró Gustavo Desplatz, de la Protocomuna de Caballito, que anunció que este martes a las 19 hacen un “ruidazo” en Acoyte y Rivadavia, en solidaridad con el patrimonio.

González tuvo que poner orden varias veces y explicar que el debate de la comisión no era con el público sino entre diputados. Ya había habido varios momentos de ovación a los oradores y uno bastante tontón, cuando se dijo que los legisladores estaban al servicio de los ciudadanos de Buenos Aires y no de Moscú, un toque de nacionalismo municipal con algunos que hasta coreaban ¡Argentina! Francamente...

Al finalizar la larga reunión se había aprobado todo lo respectivo a Caballito y quedaban en negociación los detalles finales de Belgrano, básicamente por lo complicado de cotas y alturas que implica una manzana completa dividida en cuartos.