Este jueves fue un gran día: la Legislatura porteña votó la más abarcativa ley de patrimonio en la historia de nuestra Ciudad. No es un régimen total, no abarca todo Buenos Aires, no tiene el rigor que mostró Rosario, pero es un formidable paso adelante en la preservación de nuestros mejores edificios, la seguridad jurídica para toda una industria y un límite al caos constructivo. La ley crea un mecanismo que abarca a los casi 3000 edificios de la lista de Representativos, el puñado de premios municipales que no fueron demolidos y un número muy grande de edificios patrimoniales en el gran polígono que inventó Jorge Telerman en su absurda propuesta de Paisaje Cultural de la Humanidad ante la Unesco. La ley es también la graduación de la temática patrimonial del campo de la cultura –o de los sueños– al de la política concreta. Y es un pequeño milagro.

Al fin una alegría.

La ley

Lo que se votó en la tardía sesión del jueves a la noche fue un texto negociado paso a paso en tres comisiones. La iniciativa surgió en la comisión de Patrimonio que preside Teresa de Anchorena y forman María Eugenia Estenssoro, ambas de la Coalición Cívica, Juan Manuel Olmos y Chango Farías Gómez, del Frente para la Victoria, Marta Agostini de Varela, de Recrear, y Alvaro González, del PRO. El despacho que aprobaron estos legisladores reunía varias ideas y creaba una zona de exclusión en el Paisaje Cultural de la costa porteña, de La Boca a Núñez, donde se protegían todos los edificios anteriores al 31 de diciembre de 1941. A este amplio universo se le agregaba la lista de Edificios Representativos que el gobierno porteño reunió, tal vez para otro libro, pero que nunca movió un dedo para proteger. Y también menos de un centenar de sobrevivientes de la tan demolida lista de premios municipales de arquitectura.

Todo esto se hacía bajo el paraguas de la Emergencia Patrimonial y por un plazo de 180 días, en el que se congelaban todas las demoliciones y reformas drásticas. En un plazo de 120 días, el gobierno porteño tenía que presentar una propuesta de qué catalogar y qué liberar. Nada de esto alteraba los regímenes que protegen, mal que mal, al patrimonio en las Areas de Protección Histórica o lo que ya está catalogado.

El despacho pasó sin mayores sobresaltos por la comisión de Cultura pero comenzó a trabarse en la de Planeamiento, pese a que su presidente, Alvaro González, del PRO, ya la había votado en Planeamiento. Esto era de esperar, ya que el tema patrimonio este año se había politizado en el sano sentido de pasar a ser algo más en la vida política de la Ciudad, y por tanto en varios radares. Hubo que negociar, con participación e input del inminente Ejecutivo que asume el 10 de diciembre.

Lo que terminó ocurriendo fue que se aprobó un despacho de minoría que, con acuerdo de partes, terminó siendo votado este jueves por 38 a favor, nadie en contra y una abstención.

El acuerdo fue que se eliminara la Emergencia Patrimonial, que suena grave y además puede crear intríngulis legales de difícil manejo. El plazo de la ley se extiende a un año, el doble del original y crea un mecanismo más simple y a la vez más difuso. Todo edificio de las dos listas –premios y representativos– está automáticamente inhibido y no puede ser demolido. En el polígono, quedan en igual situación todos los construidos antes del 31 de diciembre de 1941. Quien quiera demolerlos o reformarlos tiene que seguir un trámite especial, que consiste en pedirle permiso a un ente paraestatal poco conocido, el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales. Este CAAP tiene treinta días para pronunciarse de un modo simple, por sí o por no, sin necesidad de grandes estudios o gordas carpetas, sobre una cuestión muy simple: ¿el edificio que se quiere demoler es patrimonial? Si la respuesta es no, se gira el trámite a la Dgfoc del Ministerio de Planeamiento para que se autorice la demolición. Si la respuesta es no, la Dgfoc tiene que inhibir el terreno y presentar el pedido de catalogación permanente a la Legislatura.

Irónicamente, las constructoras pueden generar una lluvia de catalogaciones al pedir permisos para destruir el patrimonio.

El Consejo

El CAAP reúne actores diversos en el tema patrimonial, fue creado por Ordenanza Municipal en 1998 y confirmado por ley de la Legislatura en agosto de 2006. Lo forman un representante de la Comisión de Planeamiento de la Legislatura, otro de la Comisión de Patrimonio, otro del Ministerio de Cultura porteño y otro de la Comisión de Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad. Están invitadas a participar la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, la FADU-UBA, la Sociedad Central de Arquitectos, el Comité Argentino del Icomos, el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio Cicop, el Instituto Argentino de investigación de Historia de la Arquitectura y Urbanismo, y el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo.

Sus miembros actuales son Néstor Sakim, Eduardo Fernández Aguirre, Manuel Villa, Carlos Susini Burmester, Alicia Magdij, Oscar González, Juan Felipe Manavella, Martín Gómez, Norberto D’Andrea, Liliana Barela, Jorge Mallo, Laura Weber, Beatriz Patti, Elsa Pental, Alicia Santaló, Emilio Rivoira y Nora Galli.

La política

Esta ley y este mecanismo son producto de haber llegado al fin a la etapa en que el patrimonio es un ítem en la agenda política de la Ciudad. Así como la seguridad, la salud, el tránsito y la educación son temas de plataforma con los que se ganan y pierden votos, ahora hay que hablar de temas antes “técnicos” como zonificaciones, FOTs, alturas máximas, densidad poblacional y preservación. Esta situación se fue formando por el abuso sistemático del espacio común que es la ciudad que no encontró canal en los representantes. Los ciudadanos comenzaron abrazando al Botánico para que no lo privaticen y llenen de carteles, y terminaron autoconvocados en varios barrios para detener torres.

Por alguna razón de timing y estilo, este año la gran diferencia la hizo un grupo llamado drásticamente Basta de Demoler, que comenzó a protestar airadamente por la demolición sistemática y cada vez más acelerada de algunos de los mejores edificios porteños, los petit hoteles de la zona norte y Recoleta. Barrios de lujo fundados hace un siglo, cuando el lujo argentino era francés y realmente lujoso, Recoleta y en general la zona norte tuvieron verdaderos tesoros arquitectónicos. Buena parte desapareció y fue reemplazada por tonteras de hormigón que hicieron ricos a algunos y degradaron la ciudad.

Basta de Demoler tocó una fibra de los porteños, esa que dice “al fin alguien hace algo”. Lograron un hito con el fallo de la Justicia porteña que amparó la residencia Bemberg en Montevideo 1250, frente a la plaza Vicente López, y resultó tajante en dos sentidos: en culpar claramente al gobierno porteño por su conducta “errática” en cuanto al patrimonio, y en afirmar, en doble instancia, que todo edificio que esté remotamente en trámite de protección por su valor histórico no puede ser demolido. La cobardía del gobierno porteño permitía que mientras la Legislatura trataba una catalogación, el ministerio de Planeamiento, hogar de la piqueta, permitiera demoler sin pausas. Para cuando los diputados veían el tema, el edificio ya no existía.

El fallo dejó al descubierto que la industria de la construcción no puede vivir de la picardía y de las hesitaciones interesadas del gobierno porteño. La empresa que compró el palacio Bemberg lo pagó a un precio de demolición y ahora tendrá que mostrar un ingenio escaso por estas costas para recuperar su inversión. El mecanismo creado este jueves evitará avivadas y también quiebras, y tiene el potencial de ser menos corruptible que la confusión actual.

En fin, un logro que puede ser el principio de un sistema racional que abarque a toda la ciudad y fue el resultado del esfuerzo de vecinos y políticos con principios, de equipos técnicos capaces y de jueces que dieron el ejemplo. Hay esperanza.