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La historia de lo que podría ser el Howard Johnson de la ciudad de Tigre y la destrucción de la magnífica quinta Cobo empezó de tragedia y está empezando a tornarse una farsa. Resulta que el guión incluye a un ex político que se disfrazaba de pollo, a ex jóvenes radicales devenidos empresarios, a una serie de funcionarios distraídos hasta la afasia y a una olvidada ordenanza de la dictadura. En fin: la quinta, según un exabrupto sancionado en 1979, no puede demolerse y el que se atreva a hacerlo o a autorizarlo deberá marchar preso. El Tigre se olvidó de derogar esa ordenanza y termina resultando el único lugar de este raro país donde te pueden detener por demoler un edificio histórico.

La quinta Cobo es esa magnificencia que está justo enfrente de la nueva estación de trenes, al lado del río y justo donde se dobla para entrar al circuito histórico. Es un caserón italianizante de dos pisos, todavía pintado de “seudocolonial” en amarillo mostaza y blanco, volcado a la primera ochava de la primera cuadra de la avenida San Martín, la de las muchas palmeras. Para los vecinos viejos es el Club Tigre, ya que por casi cincuenta años albergó a ese grupo. El edificio es una delicia pese a estar machucado y hasta mostrar sus viejos ladrillos en algunos muros que perdieron el revoque. Hasta conserva decenas de metros de su reja original.

En 1983, el Concejo Deliberante local protegió el edificio como una de las joyas del Casco Histórico de Tigre, que es de peculiar valor a nivel nacional. En 1989, sin embargo, un decreto del intendente anulaba la protección sin considerandos, ni explicaciones. El misterio se aclaró de inmediato: el caserón del club había sido rematado y los nuevos dueños querían lotear su inmenso terreno, una supercuadra de algo así como 150 por 150 metros. Así fue que la quinta terminó ocupando su lote de esquina, amplio, pero ahora rodeado de otras casas, unos feísimos dúplex de los de ladrillito a la vista, una cancha de fútbol y una suerte de chalet psicótico que aloja vestuarios, bar y otras yerbas. La municipalidad hasta abrió calles internas para la nueva urbanización.

La cosa siguió así por estos casi veinte años, con los vecinos cada vez más preocupados porque el boom inmobiliario llegó a su rincón del mundo. En Tigre, todos hablan de las compras de tierras en el Delta y de las demoliciones sistemáticas de viejas casonas, reemplazadas ahora por torres altísimas. En junio se supo que Howard Johnson iba a abrir una sucursal en la ciudad. Esto requiere una aclaración: esa cadena norteamericana utiliza un sistema básicamente similar al de los McDonald’s, una suerte de franchising seguido de cerca donde se asocian con inversores locales para abrir hoteles.

En este caso, los inversores son los dueños de la quinta, su jardín y la canchita de fútbol vecina, empresarios que alguna vez fueron jóvenes idealistas lanzados a renovar el radicalismo, luego prosperaron como agentes de turismo y ahora se dedican a los negocios urbi et orbi. Por parte de Howard Johnson reaparece en escena otro nombre de esos mismos tiempos alfonsinistas, el de Alberto Albamonte, famoso en los ‘80 por desfilar por las calles disfrazado de pollo para protestar por los negocios con alimentos congelados de Mazzorín.

Ambas partes quieren demoler la quinta Cobo y construir un hotel que, prometen, será una copia en hormigones del viejo Tigre Hotel, incendiado hace añares. El proyecto es tan masivo que necesita una excepción al código para ocupar tanto del terreno y para irse tan para arriba. La idea es tan horrible que duele el intelecto al contemplarla.

Lo que extraña es que todos estos ex políticos, y los actuales que autorizaron sin más la demolición, no se hayan dado cuenta de que el tema patrimonial está ahora completamente politizado, en el sentido de que ya forma parte de la agenda política de una ciudad. Lo que terminó ocurriendo es que un grupo de jóvenes decidió a fin de año protestar la idea. En diciembre habían tapiado el lote con una barda blanca colocada por atrás de la reja que sigue ahí. La primera idea era hacer pintadas de protesta, lo que terminó evolucionando en un acto y abrazo simbólico. Los muchachos, muy jóvenes, organizaron todo en tres días con un boca a boca y una cadena de mails como herramienta. Para su sorpresa, el 22 de diciembre aparecieron doscientas personas indignadas y otras seiscientas pararon sus coches o caminaron hasta el lugar para firmar un petitorio.

Damián Zarattini, Aldana García Morales, Demián Cameli y Francisco Rinaldi –todos estudiantes– son cuatro de los organizadores originales que confiesan un deleitado asombro con que en medio de las fiestas y al arrancar el verano tuvieran semejante convocatoria. Con franqueza, explican que no aspiraban más que a dejar un testimonio y ya habían sentido la total quietud de la municipalidad local con respecto al tema.

En enero, las cosas fueron cambiando. Los jóvenes vecinos recibieron apoyo de grupos como Basta de Demoler y de varios vecinos porteños movilizados contra las torres, fueron asesorados por la diputada porteña Teresa de Anchorena, presidenta de la Comisión de Patrimonio de nuestra Legislatura –ver aparte– y por Facundo de Almeida, su asesor principal. También terminaron hablando con dos diputados bonaerenses que tomaron el tema con ganas, Liliana Piani y Horacio Piemonti. De la nada, el tema estaba en la agenda local y los diarios nacionales, había un proyecto en La Plata para proteger el edificio y toda una lista del patrimonio del Tigre ante la Comisión Nacional de Monumentos y Sitios Históricos.

Lo más curioso es que esta semana surgió de los archivos de la Secretaría de Gobierno del Tigre la ordenanza 227 de 1979, una orden draconiana del entonces intendente Pérez Ibarra que nunca fue derogada y condena a la ilegalidad no sólo la iniciativa de demoler la quinta Cobo sino a todas las demoliciones realizadas en los últimos tiempos. La ordenanza avisa que “tiene por objeto impedir que se destruya el patrimonio histórico del partido para dar lugar a construcciones no acordes con el valor arquitectónico de la zona comprendida entre los ríos Reconquista, Luján y Tigre, así como en el entorno de la estación del ferrocarril Mitre”. El primer artículo delimita una zona de preservación histórica y explica que se prohíbe toda “modificación edilicia” en ella sin previa autorización del Departamento Urbanismo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, “que la otorgará únicamente cuando se respeten las condiciones arquitectónicas tradicionales”. ¿Y saben qué les pasa a los que infringen esta ordenanza? Serán “penados con multas y arresto”.

En todo el país no existe una ley, ordenanza o reglamento que contemple siquiera la posibilidad remota de que una demolición o reforma termine en prisión para sus responsables. Albamonte, sus socios inversores y Howard Johnson deberían pensársela un poco. Para peor, nadie parece encontrar en los archivos la ordenanza de 1989 que deroga la protección patrimonial de la quinta Cobo.