No fue una sorpresa, porque en todo momento se percibió que la jueza Sara Nasif no entendía en absoluto del tema. Su Tribunal del Trabajo Nº 3 de San Isidro rechazó esta semana el amparo presentado por los jóvenes integrantes de No a la Demolición para frenar la destrucción de la Casa Cobo en Tigre. Según abogados que se leyeron el fallo, la doctora Nasif no parece muy acostumbrada a manejar amparos: sus considerandos son anticuados y no tienen en cuenta doctrinas que ya llevan años instaladas. Su sensibilidad hacia el tema patrimonial parece más baja aun que la del gobierno municipal de Tigre, que sólo puede ver el “lado infracción” de la destrucción de la casa y se pierde su dimensión política. Los vecinos ya apelaron el fallo, llamaron a asamblea y comienzan a movilizarse para defender sus tesoros edificados en la única arena en la que es posible hacerlo.

La Casa Cobo era una casona italianizante, magnífica y aplomada que se alzaba hasta este mes en la esquina de San Martín y el río, justo cruzando el puente desde la estación de trenes del Tigre y en el arranque de la linda avenida de palmeras que se va adentrando. La casona supo ocupar sus buenas hectáreas, fue protegida como patrimonio y fue desprotegida por ese amigo del “desarrollo” que fue el interminable intendente Ricardo Ubieto. Lo primero que pasó fue que perdió casi toda su tierra para crear dos manzanas de dúplex y casas a las que Ubieto les regaló calles y una rotonda verde. La casa siguió malviviendo en la esquina, todavía dueña de un tentador lote, deteriorada y por costumbre todavía conocida como el Tigre Club.

Foto: Sandra Cartasso

Luego, como suele suceder, alguien tuvo una idea. En este caso, la de hacer un hotel en esa región del norte porteño que explotó junto a la ola turística. Pero no iba a ser una idea elegante y boutique, como la bella y muy bien restaurada Villa Julia, ahora exitoso hotel, sino crasa, grandota y con una bobería que parece una burla. La idea era demoler la Casa Cobo y construir en su lugar una copia del Tigre Hotel que se quemó hace añares. Esto es, destruir una pieza patrimonial real para reemplazarla por una falsificada.

Para entender semejante pastiche hay que tomarlo en su contexto político. El actual gobierno de Tigre, con Sergio Massa al frente y con el sello del Frente para la Victoria, asumió a fin de año, hace unos sesenta días. El año largo antes de eso gobernó el partido Hiram Gualdoni, que era presidente del Concejo Deliberante y reemplazó a Ubieto primero por enfermedad y luego por su fallecimiento. Antes, por supuesto, gobernaba Ubieto.

Entre estos dos intendentes se armó el negocio en un espacio urbano que se comenzaba a puntuar de torres feotas y enormes, con demoliciones indiscriminadas. Para pensar siquiera en hacer un Howard Johnson en la esquina de la Casa Cobo había que tener buenos contactos políticos porque el proyecto no cierra legalmente por ningún lado. Para empezar, el terreno está en una zona donde se prohíben los hoteles. Para continuar, ocupa una proporción del terreno imposible de aprobar. Construir ese proyecto de hotel en ese lugar implicaba de movida lograr que el Concejo Deliberante aprobara dos excepciones al código.

Como los dueños del terreno son empresarios con viejos laureles de la renovación radical y el gerente de Howard Johnson es el ex concejal porteño Alberto Albamonte, se puede asumir que todas las partes sabían bien cómo se logran las excepciones. Massa, cumpliendo una promesa de campaña, decretó este verano un fuerte límite a las alturas constructivas, con lo que los socios tendrían que lograr ahora tres excepciones a las reglas.

Como se sabe, todo es posible en esta vida si hay gente bien dispuesta. El ex intendente interino Hiram Gualdoni es arquitecto y tiene un estudio con otros dos funcionarios. Uno es Guillermo Zwanck, también arquitecto, que fue subsecretario de Obras Públicas y de Desarrollo Urbano y Política Ambiental en las dos últimas gestiones (la de Ubieto y la de su socio). El tercer socio en el estudio sigue siendo funcionario: es Pablo Ricca, director general de Aplicación de Códigos de Zonificación, que ya va por su tercer intendente y viene a ser la persona que debe hacer cumplir el código a los del Howard Johnson. Esta sociedad comercial con sede en la avenida Libertador al 900, en San Fernando, ya funcionaba en tiempos en que los tres eran funcionarios.

Es este nivel de la política lo único que explica que gente grande se juegue millones en un proyecto tan esdrújulo en lo legal. Y también explica el gran misterio de que se largaran a demoler la Casa Cobo en plena luz del día, sin permiso municipal y sin siquiera pedirlo. O hay que llamar a un psiquiatra, o los socios saben algo que nosotros no sabemos.

Todo esto hubiera pasado sin pena, sin gloria y sin que nadie se enterara si no fuera porque el patrimonio se transformó en un tema de la agenda política. Esto ocurrió súbitamente el año pasado y en pleno centro de la Capital, y está tomando por sorpresa a los políticos, que no muestran reflejos. En Tigre arrancó a fin de año, con un grupo de muy jóvenes estudiantes que se movilizaron, juntaron firmas, encontraron eco en los vecinos y terminaron con el nombre de No a la Demolición, apoyados por legisladores bonaerenses y porteños, y por grupos como Basta de Demoler, que les contaron cómo se logró frenar un poco la piqueta en esta ciudad.

Fueron estos veinteañeros los que evitaron la demolición poniendo el cuerpo, literalmente. Cuando la jueza Nasif intentó hacerse famosa diciendo que no corría prisa para sancionar el amparo pedido porque no veía el menor apuro –un verdadero cerebro legal–, la empresa inmediatamente llevó una inmensa máquina de demoliciones, de esas que parecen una grúa con una gran bola colgando de una cadena, y empezó a pegarle a la Casa Cobo. La municipalidad ni se enteró, la jueza llegó pasado el mediodía frente a los insistentes llamados de los medios y de la diputada bonaerense Liliana Piani y de la porteña Teresa de Anchorena, y la casona fue demolida a medias porque algunos de los vecinos se interpusieron físicamente entre sus muros y la maquinota. La jueza Nasif –que según su secretario nunca trabaja pasadas las 13.30– clausuró la obra con el simple expediente de pedir el permiso de demolición, que no tenían porque nunca había sido pedido.

Foto: Bernardino Avila

La casa quedó toda rota, los vecinos enojados, el gobierno municipal en falsa escuadra. En diálogo con Página/12, el secretario de Inversión Pública, Urbanismo y Gestión Ambiental de Tigre Antonio Grandoni explicó simplemente que nadie se esperaba que los inversores quebraran la ley con semejante osadía. Grandoni, que no sabía que su director general Ricca es socio comercial de Gualdoni y Zwanck, se refugió en la multa de 150.000 pesos que les impusieron a los demoledores y prometió que nunca se harán las excepciones al Código para poder construir ese proyecto de Howard Johnson. Aunque, con tino, aclaró que el FPV no tiene mayoría propia en el Concejo Deliberante, que sigue controlado por el viejo partido vecinalista de Ubieto.

Mientras tanto, la jueza Nasif le pedía un peritaje de la maltratada Casa Cobo a la municipalidad de Tigre, que con espectacular falta de modales se lo encargaba nada menos que al arquitecto Ricca. La jueza se negó a nombrar un perito independiente que determinara si la casa tenía salvación y la trató como una ruina en peligro, como si mágicamente hubiera sido encontrada en ese estado y fuera riesgosa para los vecinos. Ricca, nada sorprendentemente, recomendó tirarla abajo, afirmando que había que apuntalarla y cercarla para que no fuera peligrosa, pero había que terminar de destruirla más temprano que tarde. Esto, en castellano, es sancionar el hecho consumado.

Los dueños del predio levantaron una empalizada más alta y la coronaron con un media sombra, cosa de ocultar el cuerpo del delito, lo que despertó rumores de inminente destrucción de la casa en todo el barrio. La jueza coronó su actuación en el caso con su fallo de esta semana rechazando finalmente el amparo que llama la atención por su pobreza de argumentos. Primero, dice que no hay una norma específica que proteja la casa, ya que las que había –ordenanzas 117 de 1979 y 30 de 1980– fueron derogadas por la 1894 de 1996. Con esto, descarta los fallos porteños que le acercaron y que explican la nueva jurisprudencia, donde un bien en proceso de catalogación no puede ser alterado o demolido hasta que el Legislativo decida por sí o por no. La Casa Cobo es sujeto de un proyecto de catalogación en la legislatura bonaerense que ya tiene estado legislativo.

Conservadora, Nasif afirma que no se pueden hacer amparos porque sí, por cualquier causa, y hasta muestra fastidio porque los amparistas no siguieron los plazos judiciales, presentándolo por lo menos treinta días antes del hecho en sí. Además de que no hay manera de saber cuándo se va a cometer una demolición, hace años ya que los amparos son por cualquier causa, no tienen plazo y no necesitan ser el único recurso disponible para el que lo pide.

La impresión es que la letrada quería sacarse el tema de encima: no abre prueba y le arroja toda la responsabilidad a la municipalidad de Tigre, diciendo que no había faja de clausura de la obra, que faltó a su deber de contralor y vigilancia, y que la demolición fue hecha a metros del Palacio Municipal y justo enfrente de una dependencia del mismo ministerio que debe velar por estas cosas. Todo muy cierto –en la dependencia en cuestión, que se encarga de espacios verdes, evidentemente son ciegos y sordos, y no tienen teléfono para avisar–, pero no exime a la jueza de lo que termina siendo un pase para sacarse el caso de encima.

Los vecinos ya apelaron ante la cámara en lo contencioso, que tal vez tenga más cintura para tratar un tema novedoso. En la apelación se reiteran los argumentos históricos, el estado legislativo de la protección de la casa y la negativa incomprensible de la jueza Nasif a nombrar un perito independiente. Más prácticamente, los vecinos ya llamaron a asamblea y preparan una mateada de apoyo a la Casa Cobo para hoy. El gobierno de Massa no tomó ninguna medida todavía y la comisión creada para estudiar la protección de 45 edificios todavía ni siquiera se reunió.

Lo curioso es que Massa levantó en las elecciones el tema de limitar la especulación inmobiliaria y cumplió con su promesa de limitar las alturas de inmediato, por decreto, sin esperar siquiera que se reúna el concejo local. Pero en este tema patrimonial su gobierno sufre de una curiosa parálisis y falta de energía. Este negocio politizado no fue armado durante su novísima gestión y el tema patrimonial es una nueva bandera que espera liderazgo, o por lo menos un oído amigo. Mauricio Macri demostró con el tema del colegio de La Salle que ya lo entendió.