El gobierno porteño tuvo que clausurar otra demolición ilegal, esta vez en el Bajo, donde sin pedir permiso ni dar aviso se cargaron casi completamente el edificio conocido por sus muchos años como el restaurante El Navegante. Viejo de 110 años, el edificio está protegido porque se encuentra dentro del polígono del Paisaje Cultural que Jorge Telerman –ahora dedicado al yoga respiratorio– quería venderle a la Unesco. El polígono sirvió de mapa para congelar por un año la piqueta, algo que no parece frenar a los vivos de siempre.

Pero eso no es un pobre con una franela cobrando un espacio público para sobrevivir; es una empresa de porte y con un presupuesto millonario haciendo una inversión importante. Es difícil de entender que una empresa desarrolladora y constructora con abogados, arquitectos, ingenieros, calculistas y demás profesionales ignore que no se puede demoler El Navegante. El mismo hecho de que no pidieran permiso y demolieron y listo indica que sí sabían y decidieron cometer un ilícito.

¿Por qué harían esto? Primero por costumbre, por años y años de que el Ministerio de Planeamiento diera permisos para tirar abajo las cosas más hermosas de nuestra ciudad. Segundo, también por costumbre, porque Planeamiento y los sucesivos gobiernos porteños nunca se enojaban por ninguna demolición, permitida o no. Tercero, por costos, porque las multas son una risa para los presupuestos que manejan las empresas que van a hacer edificios en el Centro.

Si esto se va a solucionar, hay que subir las multas, aplicarlas con rigor, inspeccionar y clausurar las obras. El Navegante no puede ser reemplazado por un edificio nuevo y la obra debe permanecer clausurada hasta que la Legislatura decida si se cataloga el lugar o no. La opción es que el gobierno Macri convalide la anarquía que los avivados parecen adorar.