La demolición alevosa e ilegal de la casa Benoit en la esquina de Bolívar e Independencia sigue trayendo cola. Por un lado, la historia es de todavía más mala fe de lo que se pensaba. Por el otro, en La Plata están furiosos con que se cargaron la casa de su diseñador. Y para terminar, el arquitecto sancionado por Planeamiento tuvo un ataque de inocencia que ya despierta temores, tratándose de un profesional exitoso, maduro y experimentado. Debe ser que el orsay deja a la gente nerviosa. Por partes:

La resolución 27 de la Subsecretaría de Planeamiento porteña es una lectura centelleante, porque respira indignación. Es que la demolición de la casa Benoit fue un intento de meterle el dedo en la boca al gobierno de los que, uno sospecha, antes pasaban sin mayores sobresaltos. Los considerandos de la resolución son largos y detallados, arrancando con que el 18 de enero un tal Francisco Martignone se presentó como apoderado de la empresa Agro Bolívar SA para pedir la demolición urgente de la casa Benoit en Bolívar 775/787 ya que estaba en “peligro grave e inminente”. Martignone traía un informe técnico del arquitecto Luis Witko, un profesional de larga trayectoria que ahora sufre un preocupante ataque de angelismo. El informe de Witko es una larga lista de peligros inminentes, problemas insolubles y deterioros diversos.

Lo que Witko no mencionaba es que la casa Benoit está en pleno corazón de San Telmo, el Area de Protección Histórica número uno, que hasta los chicos saben que no se puede tocar. Pero Martignone sí lo sabía y su escrito se refiere a “las loables razones que llevaron a incorporar a la fachada del bien citado al Patrimonio Histórico de la Ciudad”. Aun así, el apoderado dice que su cliente considera que “la protección recaída sobre el bien resulta una interpretación excesiva e irrazonable de la excepción a la libre disponibilidad de su patrimonio”. La resolución de Planeamiento no se priva de observar con merecida sorna que Agro Bolívar pide demoler por una cuestión de seguridad pública, pero en realidad le interesa más disponer de su bien como se le antoje.

Lo más divertido en esta etapa es que Martignone le impone a la Ciudad un plazo perentorio de tres días para que le den permiso de demolición, lo cual es un disparate notable que Planeamiento ignoró como es debido. El 28 de enero, el apoderado volvió a la carga con otro escrito en el que declaraba vencido el plazo –que espléndido mármol facial, ese hombre– y repite su pedido. Planeamiento le contestó con el dictamen 71 de la DGIUR y le avisó taxativamente que “no podrán darse curso a solicitudes de demolición de edificios incluídos como propuesta o en forma definitiva en el catálogo con nivel de protección cautelar” porque lo prohíbe el Código.

Pero el 31 de enero, la Supervisión de Patrimonio Urbano pidió con urgencia que la Guardia de Auxilio y Emergencias verificara si el inmueble era tan peligroso para el prójimo como decían Agro Bolívar y el arquitecto Witko. La arquitecta Gómez Diz, de la Guardia, visitó el lugar e informó por escrito que el edificio tenía patologías y que había intimado a los propietarios a demoler un sector del segundo piso y “a reparar o demoler” elementos de la fachada que sí podían caerse. Como bien señala la resolución de sanciones, no hay manera honesta de interpretar que Gómez Diz autoriza, sugiere y mucho menos intima a que el edificio desaparezca. De hecho, Planeamiento recuerda que para demoler un edificio hay que tramitar en dos Direcciones Generales porteñas. Nada de esto se altera porque el dueño del edificio tenga apuro o sienta que hay una urgencia. Pero el 19 de abril, relata la resolución, Agro Bolívar ya estaba demoliendo el edificio, como surge de una inspección in situ. Para el primero de mayo, no quedaban ni los escombros.

La resolución explica que demoler de araca es un peligro que hasta puede enmarcarse en lo que el Código Penal –el penal, no el urbano– llama “incendio y otros estragos”. Y agrega que el arquitecto Witko exageró los peligros del edificio en su escrito y que el ingeniero Angel Esteban Palacios aparece como responsable técnico de una obra manifiestamente ilegal. Y que la empresa de demoliciones de Marcelo Fabián Heredia ni siquiera se molestó en pedir las autorizaciones, planos y trámites que tiene obligación de exigir antes de comenzar una demolición.

Es por eso que Witko y Palacios no podrán firmar ni el cambio de azulejos en el baño de sus señoras tías durante quince años, y Heredia puede ir despidiéndose de trabajar en la Capital. Agro Bolívar SA sólo podrá construir el 70 por ciento de lo que demolió clandestinamente y tendrá que pagar una multa.

Los descargos

La empresa de demoliciones de Heredia se empezó a justificar cuando los camiones todavía retiraban los escombros, y lo hizo con un recurso muy argentino: la obediencia debida. El joven cordobés que estaba a cargo decía cosas como “yo qué sé, es problema del cliente”, “yo no tengo nada que ver”, “a mí me llaman para un trabajo y yo lo hago”. Lo hacía con una mezcla de esa irresistible necesidad argentina de no tener nunca la culpa de nada y de la experiencia de que efectivamente nunca nadie tiene la culpa de nada en estas demoliciones.

El arquitecto Witko dijo más o menos lo mismo, pero con otra cultura. El profesional explicó que él no había hecho ningún trámite sino un estudio privado para un cliente privado, y que no era cosa de él qué hacían con su escrito. Es rarísimo, porque Witko se recibió de arquitecto hace exactamente treinta años y presenta en su currículum bancos, hospitales, comercios, hoteles y vivienda colectivas. Con semejante carrera y habiendo dejado la inocencia de la infancia atrás, se puede asumir que el arquitecto alguna vez oyó hablar de San Telmo y tiene alguna noción de que existen las leyes de protección urbana.

De hecho, hay pruebas de que sí sabe que existen, porque Witko fue uno de los profesionales de SEPRA, el estudio de Sánchez Elía, Peralta Ramos y Agostini, que remodeló la mansión Duhau en la avenida Alvear para hacer un hotel. Esta obra fue centro de un memorable combate con los vecinos, que no le dejaron pasar ninguna a SEPRA y le dieron un verdadero seminario de legislación cautelar y patrimonial.

Entonces: ¿no se daba cuenta el arquitecto Witko de que su escrito era una justificación para demoler lo prohibido? Planeamiento piensa que sí y que además exageró los problemas de la casa Benoit para lograrlo, y por eso le impuso una sanción inédita, durísima.

En La Plata

Pedro Benoit fue el diseñador de la famosa planta de la ciudad de La Plata, esa llena de diagonales. La Plata es una de las tres ciudades planificadas de las Américas: Washington la precede por un siglo, Brasilia la sigue por otro. Benoit era hijo de un inmigrante francés que se mudó a Buenos Aires en 1818 y del que se rumoreaba era noble y hasta de sangre real. Pedro nació porteño en 1836 y debe ser el mayor urbanista argentino, porque no sólo trazó la planta de la capital bonaerense sino también las de Quilmes, San Pedro, Mercedes y Magdalena, además de pueblos más pequeños como Uribelarrea. También diseñó la catedral platense, el hoy museo Etnográfico –que fue la primera facultad de Derecho– y el canal rectificado del Riachuelo, entre 1800 obras que realizó.

Gracias a nuestro editor panóptico Jorge Cohen, no extraña que el intendente de La Plata Pablo Bruera organizara un acto de repudio a la demolición en la esquina de San Telmo donde vivió el arquitecto y exigiera que se la reconstruyera. En su ciudad, proliferaron los editoriales y los vecinos empezaron a pedir que se conservara el patrimonio propio. Por ejemplo, la otra casa de Benoit, una casilla en el parque Saavedra que ahora parece un galponcito medio quemado, vandalizado y cubierto de grafitis.

Esa casilla era una suerte de obrador durante los primeros trabajos de construcción de la ciudad y funcionaba como oficina de Benoit. Según las crónicas, buena parte de los elementos que caracterizan a la ciudad fueron diseñados allí mismo. La casilla estaba en comodato con la Sociedad Argentina de Escritores, que mantenía hasta una biblioteca. Pero la casa fue repetidamente robada y vandalizada, con lo que la SADE la abandonó.

En fin, la demolición de Bolívar e Independencia parece estar disparando una reacción en cadena que incluye un severo régimen de sanciones para futuros casos que están consensuando los ministerios porteños de Planeamiento y Cultura con una bronca que se entiende. Tal vez algún día hasta le agradezcamos a Agro Bolívar SA su avivada ilegal y al ingeniero Palacios y al arquitecto Witko su mansedumbre ante lo evidente. Hasta Heredia, demoledor con obediencia debida, puede ganarse un lugar en la historia, como catalizador de un proceso que haga respetar tanto el patrimonio como la misma ley.