Desde Pekín, el jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri mandó vetar parcialmente dos artículos de la ley 2722, que permitió en mayo de este año limitar las alturas de lo que se edifique en Caballito. Lo que cuestionaba Macri y refrendaban su jefe de Gabinete y su ministro de Desarrollo Urbano es una parte del artículo 5 y otra del artículo 11. Respectivamente, uno limitaba las alturas en el entorno del hospital Durand y el otro bajaba a 10,50 metros la máxima a construir. El Ejecutivo objetaba que se zonificara alrededor del hospital como residencial y afirmaba que el artículo once no permitía limitar aún más las alturas finales si las calles eran estrechas.

Lo que entendieron los vecinos del barrio y los impulsores de la ley es que reaparecía la notable resistencia de algunos sectores a limitar los desmanes de la industria de la construcción en nuestra ciudad.

El macrismo votó la ley impulsada por Teresa de Anchorena (CC) junto al resto de los bloques el 22 de mayo. De hecho, la ley fue pasada por unanimidad por los 41 diputados porteños presentes. Diego Santilli presidía la sesión, lo que resulta curioso porque él se había negado a firmar el dictamen a favor de la ley en comisiones. Ese es un paso previo al debate en el recinto que permite adelantar el voto, y Santilli votó en contra.

Pero la 2722 es producto de dos años de movilización barrial a través de grupos que comenzaron contra las torres y fueron creciendo en entendimiento y en agenda para abarcar otros temas urbanos. Con lo que nadie tenía resto para objetar con seriedad esta ley.

Claro que siempre hay un refugio para objetar estas cosas sin seriedad, y ese espacio es el inefable Copua, el invento chino del Plan Urbano Ambiental que se mete a opinar sin mandato ni ley pero reflejando al lobby de las constructoras. El 12 de julio del año pasado, el Consejo emitió su acta 347 con la firma de Eduardo Oajide, Carlos Cassano, Ana Fernández Cotonat, Martín González, Oscar González, María Katz, Héctor Lostri –hoy subsecretario de Planeamiento–, Guillermo Martijena, María Pesich, Manuel Vila, Adrián Sabaellán y nuestros viejos conocidos David Kullock y Bárbara Rossen, que hoy dirige la Comisión de Planeamiento de la Legislatura, haciendo cosas como frenar catalogaciones de casas para que se expida el Copua. El acta 347 “no considera conveniente” atender a los vecinos y considera que la Ciudad ya cumplió con el decreto con que Jorge Telerman congeló el tema por tres meses.

Los diputados comenzaron de inmediato a contar cabezas para ver si podían revertir el veto del Ejecutivo. La cuenta cerraba justamente en 41, dos tercios del total de legisladores, que fue el número que votó la ley originalmente. Claro que una cosa es votarla fresquita y muy otra ir en contra del jefe político del propio bloque. El jueves a la noche se conoció el resultado, con los legisladores insistiendo en el artículo 5, que abarca el entorno del hospital Durand, y concediendo el 11, que agrega el factoreo del ancho de la calle a la altura final que se permita construir.

La votación fue nuevamente por unanimidad, 56 a favor sobre 56 presentes, lo que inmediatamente lleva a preguntarse por qué fue vetada en primer lugar. Evidentemente, el veto no fue discutido con el bloque PRO, que no sólo no ofreció resistencia a reafirmar la ley, sino que hasta se permitió críticas al Ejecutivo. Por ejemplo, la de Alvaro González al “funcionario” que asesoró a Macri para emitir el veto. González no dio nombres, pero el decreto de veto cita como autoridad a la Subsecretaría de Planeamiento y a su Dirección General de Interpretación Urbanística. Esto es, un palo para Héctor Lostri, el mismo que vestía el año pasado el chaleco de miembro del Copua.

Los vecinos de Caballito se retiraron contentos de la Legislatura, con su barrio a salvo.