La Comisión de Obras Públicas de la Legislatura porteña está exhibiendo una curiosa lentitud en el tratamiento de un proyecto de ley que se cae de su peso. Se trata de la idea de prohibir el cableado aéreo de televisión en las Areas de Protección Histórica porteñas y en la Areas de Arquitectura Especial, o sea los lugares donde oficialmente existen cosas lindas y ámbitos valiosos. El proyecto es simplemente un agregado a la ley de cableado que ya rige y ya obliga a enterrar cables, con lo que no se entiende tanto discurrir. Para más detalles, la misma comisión ya había aprobado la iniciativa el año pasado, pero el “parecer” –nombre técnico de la votación interna– quedó invalidado al cambiar la conformación de la Legislatura después de las elecciones.

La ley 1877 fue aprobada el primer día de diciembre de 2005 para regular esa roncha urbana que es el cableado de televisión urbano. En los lejanos ochenta y más en los noventa, se habló vagamente de que en el futuro se enterrarían los cables, cosa que nunca ocurrió. La ciudad tomó el tema y pasó una ley que dividía a Buenos Aires en dos zonas. Una toma básicamente el Centro, la Costa y Palermo, la segunda se define como “resto de la ciudad”.

La ley da un plazo de un año para levantar los cables en la zona uno y enterrarlos en trinchera, de modo que la distribución sea invisible y las veredas no se pueblen de caños metálicos verdecitos, como hoy. Este plazo, vencido a principios de 2007, mal que mal se cumplió. Para el resto de la ciudad, se prohíbe el uso de postes de madera y columnas de alumbrado público, y se impone una ecuación anual que gradualmente irá enterrando los cables.

La iniciativa en tratamiento es muy simple y acelera el proceso de desmonte de caños y cables en las APH y AEP, además de prohibir que se pongan nuevos. Los considerandos son muy simples, ya que explican que son lugares urbanos donde la selva de cables y caños afecta la arquitectura de un modo bastante evidente. En rigor, había dos proyectos, uno de la diputada Marta Varela y otro de la diputada Teresa de Anchorena. El de Varela difería en un aspecto fundamental, ya que se refería a las empresas nuevas que operaran en un sector pero dejaba las instalaciones de las ya existentes. Pero los tribunales porteños sancionaron que no se puede hacer esa diferencia porque las leyes deben ser parejas para todos. Con lo que los proyectos quedaron unificados de hecho, porque esa era la única diferencia de peso entre ellos.

Con lo que quedó en pie el proyecto de Anchorena, aceptado por el CAAP, el ente asesor de patrimonio, y en nada contradictorio a lo aceptado en la conformación anterior de la comisión de Obras Públicas. La actual comisión, con mayoría macrista, se demora más y más en tratarla.

Las empresas de cable están en contra de la ley porque las obliga a gastar en enterrar cables y crear accesos de distribución a los pulmones de manzana. Aunque las APH y AEP son pequeñas relativamente, uno entiende que se resistan a invertir en reemplazar estructuras ya existentes. No es tan entendible por qué una comisión gira y gira ante un proyecto tan evidente.