El pobre de Sherlock Holmes no tiene ni para empezar frente a este suplemento investigativo, que acaba de resolver el misterio del Cine El Plata, esa joyita de la avenida Alberdi al 5700 que fue demolida a medias. El cine había sido comprado en 2005 por el entonces jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, que muy poco después cayó cromañonizado. Los vecinos habían pedido que fuera preservado y transformado en un centro cultural para el barrio, que tiene muy poca oferta en ese sentido. El Plata pertenece a la Corporación Buenos Aires Sur, una Sociedad del Estado que tiene autonomía para levantar el lado más pobre de la ciudad. Pues resulta que fue la Corporación la que semidemolió el pobre cine y la que está por abrir los sobres de una licitación palmariamente ilegal. Parece que esta Sociedad del Estado está emperrada en construir un CGP en el cine y no le importa quebrar la ley demoliendo abiertamente un bien que la Legislatura declaró patrimonio en grado estructural, el más alto posible.

Jesús María Fernández inauguró el cine en 1945, como parte de esa Argentina tan próspera que hoy parece de novela. El Plata imitaba deliberadamente el modelo de los cines art decó del centro, con el mensaje doble de que Mataderos tenía lo suyo y que ya no hacía falta bajar hasta Corrientes. La fórmula pervivió hasta 1987, cuando el cine no aguantó más y pasó a ser un depósito de electrodomésticos, después de que la cariñosa familia que lo tiene rechazara las previsibles ofertas de hacerlo un bingo-bailable-iglesia carismática. El cine fue así usado con la sola pérdida de sus butacas.

Los vecinos pidieron que se lo transformara en cosa pública y centro cultural, para lo que juntaron cinco mil firmas. La Legislatura porteña votó el 4 de noviembre de 2004 que se aceptara el pedido e Ibarra pagó 1.700.000 pesos por el edificio. En notas anteriores, se explicó que no quedaba claro o nadie se acordaba cuándo se había transferido el edificio a la Corporación, y su mismo titular, Humberto Schiavoni, dijo a m2 que no sabía pero que “empleados de planta permanente” pensaban que había sido el año pasado.

Es curioso que este político que fue jefe de Gabinete nacional durante la brevísima presidencia de su caudillo, el misionero Ramón Puerta, y director del Ente Binacional Yacyretá durante la más larga de Eduardo Duhalde, esté tan mal asesorado. Es que el Cine El Plata fue comprado directamente para la Corporación, como consta en la escritura 380 firmada y sellada por Carlos Víctor Gaitán, escribano general de la ciudad, el 26 de mayo de 2005. La escritura incluye la curiosidad de su punto Cuarto/2, que “la parte compradora” declara explícitamente “que el inmueble adquirido será destinado a la edificación de un Centro Cultural”.

Con el primer misterio resuelto –el edificio fue comprado directamente para la Corporación– queda claro el segundo: la demolición parcial que le sacó el techo a la sala y la dejó al aire libre, bajo la lluvia y el sol, fue realizada por la Corporación, por encargo de la Corporación o con permiso de la Corporación.

Schiavoni podría hasta probar que no fue durante su gestión, que comenzó en diciembre pasado con el cambio de gobierno. Difícil que lo haga, porque parece estar de acuerdo con la idea de cambiar totalmente el cine, no hacer un centro cultural y construir un CGP que deje apenas parte del espacio para las actividades que quieren los vecinos. Es que Schiavoni llamó a licitación para hacer su obra, pese a que es manifiestamente ilegal y ya le dijeron que no puede hacerla en un edificio con protección estructural.

Es que la Legislatura volvió a hablar del Cine El Plata el 3 de abril de este año, cuando votó el pedido del mismo Ejecutivo de darle al cine el máximo grado posible de protección patrimonial. Fue así que El Plata se transformó en un bien con protección estructural, que impide hasta pintarlo sin permiso, ni hablar de demolerlo. Menos de un mes después, el diputado PRO Cristian Ritondo presentó un proyecto de ley para bajar el grado de protección a cautelar, lo que sí permitiría hacer una obra. Algún día se logrará resolver el misterio de por qué el gobierno del PRO pidió la protección estructural si su director de la Corporación quería hacer una obra... pero eso supera hasta al pobre Holmes.

Como el proyecto de Ritondo todavía no tiene despacho, la Corporación le pidió permiso a la Dirección General de Areas de Protección Histórica del Ejecutivo, que les explicó que de ninguna manera se podía hacer. De hecho, les dijo que fueran al Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, el grupo extra gobierno que asesora obligatoriamente en estos casos. La Corporación mostró un power point con imágenes y ahí se supo que faltaba el techo, secreto bien guardado hasta el momento. El CAAP rechazó la obra y le aconsejó a la Corporación que esperara el proyecto de Ritondo para hacerla legalmente.

Schiavoni es abogado y constructor, actividades que ejerció antes y durante su carrera política. Con semejantes antecedentes debería saber que no se puede demoler un bien catalogado con grado estructural. Recientemente, Mauricio Macri sancionó duramente a un grupo de privados que demolió la casa Benoit en la esquina de Bolívar e Independencia, porque la casa estaba catalogada y estaba en el APH 1 de San Telmo. Que Schiavoni haga lo mismo no sólo deja en falsa escuadra a su jefe de Gobierno sino que lo coloca claramente en el amplio territorio del incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es más, con el antecedente de la casa Benoit, debería sancionarse a la runfla que demolió a medias el cine y a los profesionales que hagan la obra del CGP.

Y como ya están en plena licitación, también se abre el potencial para un regio juicio contra la Ciudad de quien resulte adjudicado. Y eso porque una obra así va a despertar amparos y protestas, demoras y paralizaciones. Schiavoni le está armando un bonito problema al gobierno porteño por no respetar la ley y por no tener la paciencia de esperar que se apruebe el proyecto de Ritondo.