En cosa de días se vencía la ley 2548, aquella que protegía el patrimonio edificado en el gran polígono inventado por Ibarra-Telerman para ver si la Unesco lo compraba como Paisaje Cultural. Esta ley de la diputada Teresa de Anchorena, CC, presidenta de la Comisión de Patrimonio, logró que no se pudiera demoler ningún edificio construido en esa zona antes de 1941 sin permiso especial del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, CAAP. En concreto, este sistema de emergencia invertía el actual sistema de protección, creado para que no se proteja nada, que deja todo el trabajo a cargo del que quiere preservar y exige una doble votación. Los edificios abarcados por la 2548 pueden ser demolidos, pero el trámite lo tiene que hacer el que quiere destruirlos.

Este cambio tan sencillo tuvo resultados brillantes. Se protegió una mayoría de los edificios a los que se les pidió la guillotina y se avanzó mucho en compilar un catálogo completo de todo lo valioso de la amplia zona. El problema es que todo esto tenía validez de apenas un año y se limitaba a una zona urbana, básicamente la costa porteña.

Anchorena venía trabajando estas semanas con gran preocupación para prorrogar la ley por un año. Su gran argumento era la evidente y abierta movilización de los vecinos, y la politización del patrimonio, que ya permite perder y ganar votos. Será por eso que mientras Daniel Chaín, ministro de Desarrollo Urbano, buscaba maneras de tumbar la ley y evitar futuras protecciones, alguien en el Ejecutivo se acordó de que en esta vida hay que hacer política y no lobbies profesionales.

Por eso fue una bomba que este miércoles el Ministerio de Desarrollo Urbano, el mismo de Chaín, emitiera un comunicado que parecía redactado por Basta de Demoler: “El Ejecutivo porteño busca ampliar la Ley de Preservación Patrimonial. El Ministerio de Desarrollo Urbano informa que se ha decidido elevar a la Legislatura porteña el proyecto de ampliación de la aplicación de la Ley de Promoción Especial de Preservación Patrimonial (2548) a toda la Ciudad de Buenos Aires hasta diciembre de 2010. El motivo de la resolución se basa en la consideración de que en dos años, a través de la Dirección General de Interpretación Urbanística perteneciente a la Subsecretaría de Planeamiento y del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales se podrá tener un relevamiento de inmuebles para poder llegar a conformar el padrón único de edificios catalogados”.

Esto es exactamente lo que casi se vota el jueves a la noche. El diputado Patricio Distefano, PRO, se encargó de anunciar al plenario que el Ejecutivo había mandado una modificación a la prórroga. Hubo cierto chacoteo porque Distefano, un diputado sensible a la agenda patrimonial, elogió al Ejecutivo por su iniciativa. Sus colegas le recordaron que se estaba prorrogando un proyecto de Anchorena, que no pertenece al oficialismo. Pero esto fue menor y la cuestión fue incluida en la agenda.

Pero cuando tocó la hora de debatirla y votarla, surgió la sorpresa. La diputada Inés Urdapilleta, FpV, se opuso cerradamente al tratamiento y al voto, explicando que a ella nadie la había consultado. La sesión pasó a un breve cuarto intermedio, pero no hubo caso en convencer a la diputada para que se bajara de su ataque de vedetismo. Lo más notable es que esta muestra de oscurantismo cultural fue dada por alguien que preside la Comisión de Cultura de la Legislatura. Su bloque amenazó con no votar otras leyes que se trataban más tarde y Urdapilleta se salió con la suya.

Gracias a esta diputada, el patrimonio porteño sigue desprotegido y los que quieren demoler pueden seguir haciendo negocio. Lo único que la presidenta de “Cultura” aceptó fue que se votara el proyecto original, que renueva la 2548 por un año. Distefano estaba indignado, consciente de la fragilidad de los consensos para votar leyes como ésta.

Berdichevsky, lobista

El ministro Chaín, a todo esto, se quedó en una posición de lo más extraña. El hombre tiene un genio político notable en la invención de opositores al gobierno al que pertenece. Esto lo hace arrancando obras que siempre resultan en lo mismo, barrios enteros que se organizan para detenerlas y preservar sus empedrados, y amparos para frenar ilegalidades como asfaltar San Telmo. Pero Chaín sí sabe hacer bien ciertas cosas. Una es lobby: el mes pasado enganchó al CPAU para que se oponga a la iniciativa de los 50 años de Anchorena. Fue casi cómico: apenas el CPAU entró por el aro, lo dejó colgado del pincel tomando la posición exactamente contraria a la que les vendió. Un troesma.

En noviembre, Chaín tuvo una reunión muy amiga con el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, que representa la matrícula obligatoria de la profesión. El ministro y sus funcionarios Guillermo García Fahler, Héctor Lostri y Antonio Ledesma fueron recibidos por los arquitectos Carlos Berdichevsky y Emilio Rivoira, presidente y secretario del Consejo, para hablar de las “dificultades” que enfrentan los arquitectos en este valle de lágrimas. Todos los presentes tenían bien arriba en el temario el asunto que les preocupa en particular, el de la protección del patrimonio. Chaín pidió al Consejo que “envíe notas a los diputados expresando su oposición a dicho proyecto y que dé difusión a su postura entre la comunidad”. En particular, el ministro quería que el CPAU se opusiera a la ley de protección de edificios con más de 50 años que impulsa la diputada Teresa de Anchorena, presidenta de la Comisión de Patrimonio.

¿Qué hizo el bueno de Berdichevsky?

Increíble: hizo lo que el ministro le pedía...

Este martes llegó a la oficina de Anchorena una nota con membrete del CPAU y firmada por Berdichevsky y Rivoira afirmando que “este Consejo observa alarmado el crecimiento de organizaciones ciudadanas que enunciando una buena intención de proteger la identidad urbana de nuestra ciudad proponen el impulso de propuestas legislativas que implican un concepto de preservación inédito en el mundo”. Además de demostrar lo mal que escriben Berdichevsky y Rivoira, este párrafo muestra que viajan poco: el proyecto Anchorena es un porotito frente a cualquier legislación específica europea.

La carta continúa explicando que al CPAU no le molestan los parques temáticos, que para eso están las “valiosas” Areas de Protección Histórica. Luego, los autores se dedican a sangrar por la herida y dicen que “este Consejo advierte un reciente crecimiento de una corriente de opinión que ha identificado, particularmente en los medios, a la intervención de arquitectura contemporánea como un fenómeno, a priori, negativo y riesgoso vinculado a intereses espurios”. Sigue una defensa escolar, pero en lenguaje leido, de este tipo de intervenciones, y luego la Torre de Marfil: “Deberían comprender los ciudadanos que genuinamente se suman a proteger la identidad del pasado, que las obras que hacemos hoy serán el patrimonio del futuro y que nuestro acervo urbano cultural y ambiental debe ser dinámico”. Esto es, dejen la arquitectura a los arquitectos, que ustedes no saben nada.

En la Legislatura leían casi divertidos esta carta, que constituye un caso de lobby bastante torpe, preguntándose si los directivos del CPAU realmente se daban cuenta de en qué estaban metiendo a su institución. El asombro aumentó exponencialmente el miércoles, cuando llegó un segundo texto, el comunicado de Chaín anunciando que el gobierno impulsaba renovar la ley de protección, la ampliaba a toda la ciudad y le daba dos años.

¿Y Berdichevsky? El arquitecto acaba de hacer un gran aporte a la lógica matemática con un teorema que dice que si se toma la carta del CPAU, se le suma el comunicado de Chaín y se divide todo por la votación del jueves, el resultado es que Berdichevsky queda pagando como una cierta criatura a cuadros. Quod erat demonstratum.