[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Este martes se realizó la última sesión de la Legislatura porteña, completamente dedicada al espinoso presupuesto de la ciudad. Debido al escándalo de los diputados que votaban por sus colegas ausentes, no se van a realizar sesiones extraordinarias para debatir leyes que, según rancia tradición legislativa argentina, suelen apilarse para fin de año.

Lo que significa que no se van a aprobar dos temas que hacen al patrimonio: el proyecto de bajarle la protección al cine El Plata, que impulsa el “legislador del año”, Cristian Ritondo; y la extensión de la 2548 a toda la ciudad, que fue la sorpresa del Ejecutivo porteño y terminó bloqueada por la excéntrica diputada Inés Urdapilleta.

Que Ritondo no pueda tratar su proyecto es algo positivo en sí y le crea a la Corporación del Sur una curiosa situación. Como se recordará, el cine El Plata fue comprado durante la gestión Ibarra con el explícito objetivo de hacer un centro cultural para Mataderos, barrio carenciado en la materia. El problema fue que Humberto Schiavoni, esclarecido presidente de la Corporación Buenos Aires Sur, decidió que en realidad los vecinos de Mataderos no necesitan tanto centro cultural y por eso empezó a demoler el cine para hacer mitad CGP, mitad salitas de cultura.

Los vecinos se enfurecieron, porque se habían animado a soñar con una sala que pusiera a Mataderos en el circuito porteño, siendo sede del Bafici o del Mundial de Tango. Para peor, la Legislatura porteña catalogó a El Plata con el máximo grado posible, con lo que la obra de Schiavoni pasó de ser impopular a ser explícitamente ilegal. Nada de esto impresionó en lo más mínimo al ex jefe de Gabinete de Ramón Puerta, tal vez porque fue director de Yacyretá durante el gobierno de Eduardo Duhalde y estas pequeñeces le parecen poca cosa.

El PRO fue al rescate políticamente con Ritondo, ex peronista, al frente. El diputado del año creó un proyecto simple en el que se modifica el grado de catalogación, bajándolo para hacer legal la obra. Como el procedimiento indica que estas cosas deben debatirse en público, Ritondo llevó sus punteros a las reuniones de comisión. Esto es curioso, por innecesario: el PRO tiene número como para pasar el proyecto por comisiones, con lo que francamente no debería preocuparle qué decían los vecinos.

Pero Ritondo es un hombre al que le cuesta controlarse, de los que confunden violencia con virilidad. En la audiencia abierta de la Comisión de Patrimonio, la situación casi llega a las manos. En la de Planeamiento, hubo piñas nomás. Ritondo acusa a los opositores del proyecto de ser punteros de izquierdas diversas, lo cual es posible pero no probable. Pero lo que este suplemento pudo comprobar personalmente es que los “vecinos” que hablaban a favor de Ritondo eran empleados del CGP y el Registro Civil. ¿Como se comprobó tal cosa? Preguntando: todos los implicados lo admitían libremente. De hecho, una señorita que se dedicaba a patotear a los opositores —”callate o te espero en la puerta” fue una frase que se le escuchó, dirigida a un asombrado señor canoso– admitió que trabaja como asesora para Ritondo, el legislador del año.

Como Ritondo es de los que aprietan el botón de votación de sus colegas ausentes, en este fin de año no tiene demasiada situación como para andar empujando su proyecto. Lo que deja la intriga de si Schiavoni seguirá o no con su obra, manifiestamente ilegal y frenada por la Justicia porteña, una orden que ignoró olímpicamente. ¿Y el procurador de la ciudad? Debe estar de vacaciones adelantadas, por lo que nadie le avisa de las picardías de los funcionarios.

Sí a la piqueta

Lo que no es nada bueno es que la 2548 no se haya podido ampliar. La ley fue un parche admirable con el que se solucionó, hace exactamente un año, la creciente crisis del patrimonio edificado. La Justicia porteña acababa de fallar que el Ejecutivo no podía autorizar demoliciones si estaba en trámite siquiera la catalogación del predio. Con el fallo firme en Cámara y asentado sobre un argumento constitucional, nada menos, se logró proteger una amplia zona porteña de la piqueta acelerada. La 2548 lograba un milagrito: invertía el procedimiento de protección. Con el sistema actual, el que quiere proteger un edificio tiene que tener una paciencia orientalísima y enfrentar un bizantino sistema en el que tiene que probar que el edificio es valioso, crear un expediente, enfrentar audiencias mil y lograr que el proyecto se vote dos veces. Obviamente, este trámite fue creado para proteger poco y nada.

Hace un año se proclamó que en el polígono del fraudulento Paisaje Cultural porteño –casi toda la ribera de la ciudad– no se podía tocar nada de 50 años o más de antigüedad sin un permiso especial. Este permiso se tramitaba ante el CAAP, el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, que aprobaba la demolición o la prohibía, girando el asunto a la Legislatura para que se catalogue el bien. A un año del sistema, que abarca Palermo, Recoleta, Retiro, el Centro, San Telmo, Barracas, Constitución y La Boca, resulta que ninguna empresa quebró, no hubo desempleo masivo en la construcción ni crisis en la economía de la ciudad. Hace dos semanas, la Legislatura prorrogó la 2548 sin mayores aspavientos.

Pero resulta que esto fue el Plan B, una tristeza. Alguien en el gobierno porteño había entendido al fin que había que encarar el tema del patrimonio de una vez o seguir inventando opositores. El ministro de Desarrollo Urbano Daniel Chain dio una voltereta asombrosa: a mediados de noviembre le hacía lobby al Colegio Profesional de Arquitectos y Urbanistas para que bloqueara una ley general de patrimonio, y a comienzos de diciembre le comunicaba a la Legislatura que proponía que la 2548 se prorrogara por dos años y que fuera válida en toda la ciudad. Este claro triunfo de las ONG porteñas y de las crecientes asambleas barriales que resisten la levantada de adoquines y otros desmanes, fue frustrado por una diputada, Inés Urdapilleta.

La diputada es, curiosamente, presidenta de la Comisión de Cultura de la Legislatura, lo que no la detuvo a la hora de protestar airadamente porque nadie la había consultado. En lugar de leer la situación como era –una concesión duramente arrancada al oficialismo—, bloqueó la votación. El kirchnerismo no tuvo más remedio que apoyarla y la nueva ley no se pudo votar. Se votó la renovación de la 2548 como estaba y se perdió la rara chance de empezar el año con una ley de patrimonio para toda la ciudad, de crear un sistema permanente.

Cada demolición que se cometa este verano en nuestra ciudad, cada pieza que se pierda del patrimonio porteño, será culpa de Urdapilleta, que tiene un proyecto que declara patrimonio la milanesa a la napolitana, la fugazza rellena y el postre vigilante...