Sábado, 2 de mayo de 2009 | Hoy
Un viaje a Ciudad de México permitió ver la eficiencia e inteligencia con que se administra el Casco Histórico en particular y el patrimonio edificado en general. Leyes claras, entidades específicas y sensibilidad al tema.
Por Teresa de Anchorena *
En noviembre visité Ciudad de México para conocer de cerca la experiencia que desde hace más de 20 años se desarrolla para revitalizar el Centro Histórico. La importancia del proyecto que desarrollan el sector público y el privado nos impulsó a invitar al director general del Centro Histórico y al director ejecutivo de la Fundación del Centro Histórico para compartir la experiencia. Dictarán una conferencia que se llevará a cabo el mes próximo en la Legislatura porteña.
Visitamos el Centro Histórico de México junto a Facundo de Almeida, mi jefe de asesores, guiados por las máximas autoridades del área: Alejandra Moreno Toscano, titular de la Autoridad de Centro Histórico, e Inti Muñoz, director general del Fideicomiso del Centro Histórico. Mientras caminábamos, una vecina, propietaria de un pequeño local gastronómico, salió para agradecer a los funcionarios el trabajo que han realizado y relatarnos cómo este cambio en el barrio había impulsado su comercio.
Era la dueña de La Sirenita, un modesto restaurant al paso. Estaba muy elegante, ya que había participado de un programa de formación destinado a mejorar la calidad de la atención y de los servicios en el Centro Histórico. Las autoridades habían retirado la marquesina del frente de su negocio, porque no cumplía con las normas vigentes, pero ella no estaba molesta. Al contrario, hizo notar que ya habían pasado los arquitectos a tomar medidas para hacer una nueva, adecuada a las características del Centro Histórico.
Las marquesinas, carteles y anuncios están prohibidos en el área y sólo pueden colocarse pequeñas letras aplicadas sobre la fachada, de color y tamaño uniforme y sin salientes, que hasta las grandes empresas respetan, dejando de lado sus logotipos y colores institucionales.
La Autoridad del Casco Histórico es un organismo que depende directamente del jefe de Gobierno y tiene a su cargo el área más antigua de la Ciudad: 700 manzanas distribuidas en 3 kilómetros cuadrados, donde se concentra la mayor parte del patrimonio arquitectónico. Cualquier intervención que se realice en el área, sea en materia de desarrollo urbano, espacio público, infraestructura, obra pública, tránsito, transporte, seguridad, usos y servicios debe contar con la aprobación de ese organismo.
En este contexto, se desarrolla un plan sistemático de puesta en valor y revitalización del Centro Histórico, que comenzó por un impulso inicial y contundente del sector privado, tiempo después del terremoto de 1985. Se destacó la inversión del empresario Carlos Slim, que compró 78 propiedades, las restauró y les dio nuevos usos, y que en la actualidad sigue operando a través de la Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México, cuyo director ejecutivo es Adrián Pandal.
Luego fue el Estado el que asumió el liderazgo en la acción y en la inversión, con un aporte anual, sólo desde el ámbito local, que asciende a 100 millones de dólares.
El Fideicomiso es un ente autárquico que puede comprar, vender o alquilar inmuebles, realizar compras y contrataciones, y se ocupa de la ejecución de los proyectos. Una vez resuelto qué área se va a intervenir, comienzan a realizar obras de infraestructura, por cierto deteriorada y obsoleta como ocurre en cualquier zona histórica. Luego mejoran el espacio público: reparan aceras y calzadas, reponen luminarias y mobiliario urbano, todo ello conservando el estilo. Finalmente, intervienen restaurando fachadas e incluso interiores, todo esto de acuerdo con los propietarios y en muchos casos con costos compartidos.
Los funcionarios mexicanos fueron claros en sus definiciones: un centro histórico para que siga teniendo valor e interés debe ser “original y diferente”, y para ello debe conservar sus elementos de valor. Por ello, miraban incrédulos cuando les relatamos que en Buenos Aires había una controversia sobre si se debía o no levantar los adoquines en el barrio de San Telmo.
No se trata sólo de preservar lo antiguo, sino además de hacer que sea sustentable, y para ello es necesario optar por algún camino posible.
La decisión de los mexicanos fue generar un área residencial, más aún cuando en México –como en Buenos Aires– el problema habitacional es grave. Los programas de la Autoridad y del Fideicomiso apuntan a recuperar edificios y transformarlos, prioritariamente, en primeras viviendas para jóvenes, mediante su puesta en valor, para luego alquilarlos o venderlos con créditos blandos a largo plazo. De esta forma no sólo se preserva el patrimonio edificado, sino que también se contribuye a solucionar un problema social acuciante, como es el de la vivienda, en las grandes ciudades.
El procedimiento de protección de los edificios patrimoniales es sencillo y contundente. Todos los inmuebles construidos antes del primer día del siglo XX son considerados Patrimonio Histórico sin más trámite y no se pueden demoler ni modificar sin la autorización del prestigioso y exigente Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Los posteriores, previa declaratoria como Patrimonio Artístico, quedan protegidos, pero en este caso bajo la órbita del también reconocido y riguroso Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).
Este procedimiento, conceptualmente, es similar al que acabamos de aprobar en la Legislatura porteña, que protege en forma preventiva los edificios construidos antes de 1941. En México, la fecha prevista para la protección automática es anterior, pero muy superior la cantidad de inmuebles construidos antes de iniciado el siglo XX.
Sólo en el Centro Histórico hay 1500 edificios protegidos en forma automática por su antigüedad, más unos 1200 que son posteriores a esa fecha y ya han sido preservados por vía de una declaración expresa. Esta cifra prácticamente duplica la cantidad de edificios catalogados al día de hoy en toda la Ciudad de Buenos Aires.
La ciudad y en especial su Centro Histórico estaban hasta hace unos años saturados por 26.000 vendedores que ocupaban el espacio público. El gobierno de la ciudad, a través de la Autoridad de Centro Histórico y el Fideicomiso, decidió, no sin conflictos, ordenarlos, garantizando las fuentes de trabajo. Para ello expropiaron 43 inmuebles en los que poco a poco y luego de recuperarlos ubicaron a los vendedores ambulantes. Los artesanos cuentan con predios cerrados, donde tienen sus puestos de venta, como así también la posibilidad de comercializar sus trabajos a través de las tiendas del Fonart (Fondo Nacional de Artesanías), si es que cuentan con la calidad suficiente para ser certificadas.
Solamente en un pasaje peatonal se permite la venta de libros usados, y los viernes, sábados y domingos en una plazoleta contigua al Zócalo –la plaza principal de la ciudad– pueden vender sus artesanías y realizar bailes y ceremonias los grupos pertenecientes a los pueblos originarios, que representan un alto porcentaje de la población mexicana.
La conclusión es categórica: tenemos muchos problemas en común y muchos ejemplos para enriquecer la tarea de preservar y revitalizar el patrimonio arquitectónico y paisajístico de la Ciudad de Buenos Aires.
* Diputada porteña (CC), Presidente de la Comisión de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico de la Legislatura porteña.
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