Como para que quede en claro que hay un nuevo actor en el tema del patrimonio porteño, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad sigue con una fuerte actividad emitiendo pedidos y resoluciones. Desde que la defensora Alicia Pierini tuvo este año la buena idea de ampliar sus acciones a temas urbanos, de calidad de vida y defensa del patrimonio, su oficina está tocando asuntos con inteligencia. Esta semana, Gerardo Gómez Coronado –el defensor adjunto encargado del tema– hizo tres resoluciones sobre la Casa de Liniers, sobre la administración concreta del patrimonio urbano y sobre la maltratada Confitería del Molino.

Gómez Coronado estuvo presente en la Noche de Corsarios en defensa de la casa de los Sarratea, en Venezuela 469, más conocida por su pariente político Santiago de Liniers, el conde de Buenos Aires. Como se recuerda, la casa es de las últimas coloniales que nos quedan y la única en buen estado, entera y sin remodelaciones. La Defensoría del Pueblo recomendó esta semana al ministro de Cultura, Hernán Lombardi, que “arbitre los medios necesarios” para cumplir con el decreto del año pasado que manda comprar la casa. La operación, dice la resolución, debe incluir las otras dos propiedades sobre Bolívar que se incluyen en el paquete, la Editorial Estrada y un lote baldío que se usa de garaje.

Los Estrada son descendientes de los Sarratea, con lo que la casa tiene en la familia más de dos siglos. Los tres lugares se conectan por los fondos y el edificio de la editorial es patrimonial por derecho propio. Una de las iniciativas que se estudian es que el Instituto Histórico porteño se mude ahí, vendiendo otros terrenos que tiene y ganando sede, lugar para construir y museo colonial de una sola movida.

Más compleja y de mayor rango es la actuación 2143 que inició este año Gómez Coronado sobre la crisis que ya se está notando en la administración del patrimonio edificado. Como recuerda el defensor adjunto, desde fines de 2007, cuando se sancionó la ley 2548 que creaba el Régimen de Promoción Especial de Protección Patrimonial, hasta este año, cuando se sancionó la 3056 que amplió el régimen a toda la ciudad, el mecanismo concreto para pedir permisos de demolición y construcción se complejizó. Como se sabe, quien quiera demoler un edificio anterior a 1941 tiene que esperar que el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales se expida por sí o por no, con lo que el trámite puede volver aprobado o girarse a la Legislatura para la catalogación. Pero la trampita que puso el oficialismo, siempre tan atento a los intereses de las constructoras, fue que el trámite no puede durar más de 45 días, o se cae a favor de la piqueta.

Gómez Coronado se la vio venir de inmediato y ya en mayo pidió cuentas de cuántos edificios se habían tramitado. Recién en agosto le contestaron desde el Ministerio de Desarrollo Urbano, que capitanea ese arquitecto tan peculiar llamado Daniel Chain. En la respuesta le decían que habían trabajado duro en el polígono (1928 edificios evaluados) y en la lista de edificios representativos (1147 estudiados), y que se habían recibido 80 expedientes privados, de los cuales se bloquearon preventivamente 66. Y se afirmaba que esto hacía un total de 210 desde que se sancionó la ley.

Y ahí se agregaba la frase maldita: “Resulta imposible realizar una proyección de los posibles casos a evaluar (...) porque no se cuenta con la infraestructura y personal necesarios para poder abordar la tarea encomendada en forma óptima”. Así, en negro sobre blanco, quedaba en claro la trampita: aceptar la ley porque no hay más remedio, pero no mover un dedo para poder cumplirla. Esto no sólo permite vaciar una movida de sentido sino que, además, sienta las bases para un bello peaje futuro.

La resolución que firma Pierini esta semana recomienda a Chain que le dé al área de Supervisión de Patrimonio Urbano de la DGIU “y demás reparticiones que considere pertinentes” los medios y personal necesarios para hacer cumplir la ley. Chain tiene treinta días para contestar, y que no se queje: fue su propio partido el que le impuso la obligación de apurarse tanto con estos trámites.

Finalmente, y como si no alcanzara, la Defensoría entra en el duro berenjenal de la Confitería del Molino. Como ya se sabe, el bello edificio de la esquina de Rivadavia y Callao es monumento histórico y también está catalogado por la Ciudad, pero sigue cerrada luego de 12 años. En 2005 hubo que intervenir de urgencia ante el estado ya de riesgo de sus hierros y de su aguja, con lo que la confitería tomó su actual aspecto de niño envuelto. Pero lo que nunca se logró fue que los dueños, a los que debe sobrarles mucho la plata, hicieran algo con un sitio de enorme fama y potencial comercial: se sabe que rechazan ofertas con una facilidad notable. En su escrito, Gómez Coronado recuerda que la ley 257 obliga a cuidar los edificios de más de 72 años de antigüedad, que también ordena inspecciones técnicas cada dos años y que, lejos de hacer algo, los únicos que se ocuparon de que El Molino no se empiece a derrumbar fueron los funcionarios de la Ciudad.

Con esta historia en la mano, el defensor adjunto se acuerda de que –como tanto le disgusta a Chain– el órgano de aplicación de la ley de Patrimonio, la 1227, es el Ministerio de Cultura. Y le recomienda al ministro Lombardi que intime a los propietarios de la confitería a cumplir con sus obligaciones legales de mantener el edificio; y que si no lo hacen ellos, lo haga él, inspeccionando, restaurando y manteniendo el edificio aunque se nieguen los dueños, como le permite la ley.

Con lo que el gobierno porteño estaría dando el primer paso para tomar un edificio tan simbólico de sus propietarios, gente tan zen que nada parece importarles.