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Hace algunas semanas comentábamos en esta misma columna la íntima relación que existe entre el patrimonio arquitectónico y el medio ambiente –la Constitución de la Ciudad ubica al primero como un elemento indisoluble del segundo– y más específicamente que su protección es otra forma de luchar contra el cambio climático.

Decíamos allí que la destrucción del patrimonio construido supone el desaprovechamiento de los recursos que fueron utilizados originalmente para su construcción: humanos, financieros y materiales, incluyendo los recursos naturales renovables y no renovables, y que por lo tanto indirectamente, pero de manera no menor –incluyendo también los recursos utilizados para la demolición y construcción de un nuevo edificio–, contribuye a la generación de los gases responsables de la catástrofe climática.

Pero, éste no es el único perjuicio sobre el medio ambiente. El edificio antiguo será reemplazado en casi todos los casos por otro de mayor volumen y altura, incrementando la superficie vertical construida en la Ciudad.

En el documento titulado “Plan de acción para enfrentar las posibles consecuencia negativas del calentamiento global - Buenos Aires 2030”, elaborado por la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad (http://www.buenosaires.gov.ar/areas/med_ambiente/proteccion_ambiental/planeamiento/cambio_climatico.php) y que presentó recientemente el jefe de Gobierno en la Cumbre de Copenhague, se dedica todo un capítulo a explicar el significado e implicancias de la denominada “isla de calor”.

La define como “el reemplazo de los espacios abiertos y la vegetación por edificios, calles e infraestructura urbana, [que] implican la sustitución de superficies permeables y húmedas por asfalto y cemento. Este proceso conduce a la formación de lo que se conoce como isla de calor urbana. Este fenómeno hace referencia a que, principalmente durante noches sin viento y escasa nubosidad, las ciudades suelen ser más cálidas que el medio rural que las rodea. En general, la temperatura en la ciudad se distribuye de forma tal que los valores más altos se registran en el área céntrica, donde las construcciones forman un conjunto denso y compacto”.

La diferencia de temperatura producida por las edificaciones oscila –en el caso de Buenos Aires– entre 1,5 y 3,5 grados, y las consecuencias negativas de este fenómeno –reconoce el informe– es el aumento del consumo de energía en el período estival, el aumento de la contaminación atmosférica y de las emisiones de gases de efecto invernadero. Casi nada...

Entre los principales factores que la provocan está lo que los autores denominan “materialidad urbana”, esto es, el cúmulo de materiales –hormigón, cemento, asfalto– que existe en una ciudad, y la reflectancia que éstos provocan. Es decir, el porcentaje de energía solar que las mismas reflejan, y a su vez el grado de emisión de calor de las superficies cuando son expuestas al sol. La mala noticia es que la mayoría de los materiales que se utilizan en la construcción, a excepción del metal, tiene valores altos de emisión térmica.

La isla de calor se potencia por la “geometría urbana”, ya que las zonas edificadas ofrecen una mayor superficie de absorción de calor que irradian lentamente durante la noche. La distribución de los edificios en una ciudad –mayor o menor concentración– y su altura potencian el efecto, ya que producen un reflejo horizontal de la radiación y permiten que el calor permanezca más cerca del suelo.

La consecuencia energética ya citada no es el único factor negativo que produce sobre nuestra vida y sobre el medio ambiente. También afecta la calidad del aire y agrava la contaminación, y tiene consecuencias directas sobre la salud, que pueden llegar –según el informe– a “dificultades respiratorias, agotamiento, calambres y hasta paros cardíacos”.

La Ley de Protección Ambiental de la Ciudad considera la construcción de edificios como casos de Mediano Impacto Ambiental, pero lo más curioso es que la evaluación se realiza mediante un “manifiesto” presentado por el propio interesado. Tal vez haya llegado la hora de que la Legislatura porteña modifique el texto de esta ley de 1999 y la adapte a la situación actual y a las

conclusiones del informe. Y sobre todo, y antes que nada, que se cumpla, porque ningún funcionario parece haberse enterado de que entre los objetivos que la evaluación del impacto ambiental debe considerar está el de “preservar el patrimonio natural, cultural, urbanístico, arquitectónico y de calidad visual y sonora” de la Ciudad.

Frente a esto, el Ministerio de Desarrollo Urbano sigue aprobando proyectos de torres y edificios en altura, sin planificación y de una manera desordenada y caótica. ¿Habrán escuchado el discurso de Mauricio Macri en la capital danesa y leído el contundente estudio elaborado por sus pares de Medio Ambiente? Parece que no...

✱ Licenciado en Relaciones Internacionales. Magister en Gestión
Cultural por la Universidad de Alcalá de Henares.