Es una especie de ley natural del urbanismo porteño: los enemigos del patrimonio son los amigos de las empresas constructoras, de los especuladores inmobiliarios y del coro de conveniencia de los Depredadores Inmobiliarios, como los bautizó con acidez nuestro columnista Facundo de Almeida. Como el negocio de romper todo para construir lo más barato posible, a costa del ecosistema cultural y social de nuestra ciudad, es muy grande, su influencia es también muy grande. Llega, por ejemplo, a la comisión de Planeamiento de la Legislatura porteña, cuya presidente Silvina Pedreira se mostró como una fiel soldado de la lucrativa causa. La diputada es autora de un proyectito que pasó desapercibido y se votó allá en marzo, que puede hacer casi imposible catalogar un edificio de ahora en más. ¿Qué más quiere la piqueta especuladora de su comisión?

Quien navegue por las raras aguas legislativas eventualmente nota que la comisión de Patrimonio, que tan buena tarea hizo bajo su fundadora Teresa de Anchorena, tiene el título de “especial”. Esto significa que no es permanente, parte estable de la organización legislativa. Como Anchorena dejó la casa en diciembre, los amigos de la especulación intentaron cerrar la comisión, con el ministro de Desarrollo Urbano –y de inventar oposiciones al gobierno porteño– Daniel Chaín a la cabeza. Como el Haussman de las bochitas de cemento depende apenas de la amistad que le tiene Mauricio Macri y no tiene mayor peso en el PRO, al que manifiestamente no responde, nadie le dio ni la hora. Primó la cordura política: es una comisión que existe y que iba a quedar a cargo de Patricio Di Stefano, propia tropa.

Claro que el joven Di Stefano ya mostró largamente que en serio le interesa el patrimonio, con lo que los lobbies se movieron para marcarle la cancha. ¿Quién habrá sido el que inventó el truquito? ¿Pedreira misma? Quien sea, conoce bien los mecanismos internos, ya que el palo en la rueda parece cuerdo y manso, hasta respetuoso del ciudadano. Todo consiste en que la comisión de patrimonio tiene, a partir de marzo y gracias a la diputada, que comunicar en forma fehaciente al dueño de cada edificio a catalogar que piensa tratar el tema.

Esto parece una tontera, pero es un lío burocrático hecho a medida para que las cosas no ocurran. “Fehaciente” quiere decir por escrito y con la firma del dueño en la copia, cosa que cualquiera percibe es una chicana de abogados para frenar los trámites. Las casas abandonadas, alquiladas, compradas por sociedades anónimas no tienen “dueño” presente. Y las que tienen dueño presente pueden tener dueño que diga “no soy yo” o simplemente se nieguen a firmar. Y con eso paran todo el trámite hasta más ver.

Pedreira y sus adláteres justifican píamente el trámite defendiendo el derecho a la propiedad privada. Hasta eso es falso, porque los propietarios ya tienen varias defensas y avisos encargados al Poder Ejecutivo, que sí tiene estructura para comunicar las cosas eficientemente. El mismo Código de Planeamiento Urbano establece, en su sección 10, que los propietarios tienen dos meses para opinar a partir de la inclusión preventiva en el catálogo. El Gobierno porteño ya se tomó largamente la costumbre de notificar a los dueños, ya que el ministro Chaín se opone personalmente a las catalogaciones y busca que se opongan con el mayor tiempo posible. La diputada Pedreira, en su entusiasmo por trabar también las catalogaciones, también se olvidó de que estas leyes tienen doble lectura. Una vez votadas, el cuerpo tiene que llamar a audiencia pública, con lo que cualquiera, propietario incluido, se puede oponer al proyecto.

Qué agradecidos deben estar los especuladores inmobiliarios con la diputada Pedreira. ¿Serán de los que saben mostrar su gratitud cuando corresponde, por ejemplo en temporada de campaña electoral?

La ética de los lobbistas

Los lectores de m2 ya tienen bien mapeado al Consejo Profesional de Arquitectos y Urbanistas, el CPAU, cuyo anterior presidente bombardeó a la Legislatura porteña con cartas oponiéndose a la ley que protege preventivamente los edificios anteriores a 1941. El lobby fue tan burdo y amateur, que resultó en un papelón que avergonzó a muchos miembros de la entidad –de afiliación obligatoria para el rubro– por el descaro con que la conducción defendía a los intereses de las grandes constructoras. Pues resulta que CPAU cambió de presidente pero no de mañas y acaba de demostrar nuevamente su espíritu corporativo haciéndole un absurdo tribunal de ética al arquitecto Fabio Grementieri, por sus críticas a las obras en el Teatro Colón.

Según el acta de la “Cuestión de Etica” 2163, Grementieri fue denunciado por un grupo de arquitectos e ingenieros, varios de ellos funcionarios, por “denostar las características técnicas” del Master Plan del Teatro Colón y “la calidad e idoneida profesional de los denunciantes”. Estos ingenieros y arquitectos acusan al colega de realizar “una campaña en cuanto medio masivo de comunicación tenga a su alcance” con el Master Plan y de “tacharlos permanente y públicamente de inexpertos, soberbios y necios”.

El acta indica varios pasos procesales y el pedido de Grementieri de que se rechace la causa, sosteniendo simplemente que no es asunto del CPAU lo que él opine en los medios. Pero el comité considera que Grementieri “incumplió deberes éticos”. ¿Saben por qué? Porque hizo “conocer su opinión contraria a los profesionales” en cuestión, “en forma muy dura con distintos términos difamatorios”. El escrito hasta se permite detallar que se dejaron de lado cuestiones “de libertad de expresión”, pero igual considera culpable al acusado.

Como todo esto viene a contradecir aquello de las libertades de una democracia, “la junta central de los consejos profesionales de agrimensura, arquitectura e ingeniería” declara a Grementieri un violador de los artículos que hacen a la ética, pero lo sanciona con una amonestación y censura pública. Lo firman siete ingenieros y un arquitecto, mezcla curiosa.

Por supuesto, todo esto no tiene sentido. Una cosa es andar hablando mal de los colegas y otra es criticar duramente a una de las obras públicas del gobierno porteño más criticadas y criticables que se hayan visto. Esto cae en el territorio de la política y es francamente vergonzoso que los funcionarios públicos se escuden en su calidad profesional para hostigar a sus críticos. Hasta en un gremio tan tímido como el de los arquitectos, donde todos se cuidan de criticar no sea que te cruces al criticado como jurado de un concurso, esta actitud está fuera de lugar.

El tribunal de ética nunca se movió ni un milímetro para frenar al presidente lobista del propio CPAU. Pero sí para amonestar y censurar a un conocido patrimonialista. Qué coherencia...

Mientras tanto...

Como para no hablar nada más que de lobistas y gentes interesadas, vale comentar que fue un éxito el encuentro del miércoles sobre espacios para la memoria que organizó la Defensoría del Pueblo porteña en la Manzana de las Luces. “Buenos Aires: sus espacios para la memoria histórica y cultural” tuvo mucho público, hizo lugar al debate y puso en circulación ideas interesantes.

La oficina que conduce Alicia Pierini también emitió esta semana una recomendación al ministro de Cultura Hernán Lombardi sobre ese papelón que fue el cambio de nombre del Teatro Opera al de Citi. El escrito de Pierini y su adjunto dedicado a estos temas Gerardo Gómez Coronado debe haber sorprendido al ministro, que posó muy simpático en la inauguración del bodrio, como si lloviera.

Mientras el papelón crece –la colección de rebotes ya incluye notas en España y Ecuador, por citar los más recientes– y el Citi manda a sus clientes brochures en colores con la foto del teatro, Gómez Coronado recuerda que rigen las leyes 1227, 2548 y 3056, que protegen el patrimonio tangible e intangible. Una perlita que descubrió el defensor adjunto es que el Opera está en el listado del Instituto para la Protección y el Fomento de la Actividad Teatral no oficial de la ciudad, lo que hasta le permitiría recibir subsidios y lo exime de algunos impuestos. Dado que el ahora “Citi” ofrece el nada independiente espectáculo de La Bella y la Bestia, extraña que no haya renunciado al privilegio, que no fue pensado para grandes corporaciones multinacionales.

La resolución 0910 recomienda a Lombardi que “realice las acciones necesarias” para garantizar “la salvaguarda del Teatro Opera” y “la restitución de su denominación en tanto manifestación intangible de la memoria colectiva y tangible en cuanto al logo e isotipo”.

¡Qué triunfo de relaciones públicas para el banco!

Desde Barracas

Este grupo de idealistas que forma Proteger Barracas hace rato que se destaca por la coherencia y matices de sus ideas urbanas. El grupo trabaja no sólo en preservar el magnífico patrimonio local y la identidad del barrio, sino que propone ideas como que el progreso y la evolución no pasan por la demolición, tan rentable, sino por “la recuperación, la puesta en valor, el reciclaje y el aporte de nueva arquitectura que se inserte en nuestra historia”. Estas ideas y las iniciativas que generan pueden verse en www.protegerbarracas.com.ar, y el grupo está buscando sumar a vecinos del barrio y de otros barrios. Los interesados pueden escribir a [email protected].