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Una semana con movimientos en varios frentes. En la Legislatura, parece que el patrimonio se quedó sin vapor, a la deriva: los nuevos referentes no parecen saber o querer hacerle frente a la piqueta. La Defensoría porteña se anda preguntando qué hacen con el Palacio de Correos y descubrió que las obras del subte E ¡no tienen permiso! Una comisión casi desconocida se está haciendo conocer, y bien, mientras resurge el tema del Molino. Y Su Giménez y Mirtha Legrand sorprenden haciendo algo bien.

La contraofensiva

Teresa de Anchorena, ex diputada porteña por la Coalición Cívica y fundadora de la Comisión de Patrimonio de la Legislatura, está francamente preocupada. Anchorena es ducha en cosas del Estado –fue directora del Centro Cultural Recoleta, estuvo en la Secretaría de Cultura porteña y en la nacional, en Cancillería y el Mercosur– y teme que se repita una tendencia muy argentina en la política: que las nuevas gestiones borren sin piedad lo que hicieron las anteriores.

Anchorena dejó la Legislatura en diciembre, después de cuatro años en los que la causa del patrimonio edificado creció como nunca. En esos 48 meses, se aprobaron más de ochenta leyes sobre el tema, se catalogaron más –muchos más– edificios que en toda la década anterior y sobre todo se crearon por primera vez en la historia de esta sufrida ciudad leyes más generales sobre el patrimonio. Como ella define, “buscamos cuidar el patrimonio de una vez por todas”.

Este apuro viene de un cálculo muy simple, que “si no se preserva ahora a Buenos Aires, la vamos a perder. Es ahora... a fin de año se vencen las leyes que protegen los edificios hasta 1941. Cuando las votamos, buscamos crear un período en que decidiera qué preservar y cómo, para terminar con esta interminable pelea. No se hizo ese trabajo, no se está haciendo”.

De hecho, Anchorena ve que, “en patrimonio, ahora no está pasando nada, nada. Es más, parece que quieren anular lo hecho desde la comisión”. La ex diputada sigue de cerca las peripecias de, por ejemplo, los proyectos que genera la diputada Silvina Pedreira para frenar los mecanismos de protección –como se estuvo revelando en m2– con picardías tales como obligar a la Comisión de Patrimonio a enviar cartas documento a los dueños de los edificios a catalogar.

“Me sorprende este cambio en Pedreira”, dice Anchorena. “Con ella trabajamos muy bien en los últimos dos años, hicimos proyectos juntas. Pero de pronto aparece con esta resolución de la comunicación fehaciente que sólo obstaculiza la comisión. Realmente, esa medida es de cumplimiento imposible, porque en muchos casos es muy difícil averiguar de quién es un edificio, ni hablar de hacerle firmar el recibo de la carta, y menos para una comisión de la Legislatura. Además, parece que Pedreira ignorara que el Ejecutivo ya se hace cargo de la comunicación a la hora de inhibir las parcelas... Y eso de agrupar los proyectos de catalogación por comunas no tiene sentido, sólo sirve para que, si un proyecto individual se traba, se trabe todo el conjunto”.

Lo que Anchorena tampoco logra entender es cómo los legisladores votaron la trampita de Pedreira sin chistar. “¿Cómo puede ser? Ni siquiera llamaron para preguntar, excepto por Sergio Abrevaya y Eduardo Epszteyn. Los miembros de la comisión votaron sin protesta, hasta los de la Coalición, que sabían que Elisa Carrió apoya la actividad sobre el patrimonio. Y los de la Comisión de Cultura...” Y hablando de patrimonio en la Legislatura, el nuevo presidente de la comisión, Patricio Di Stefano (PRO), también despierta sus preguntas. “¿Qué está haciendo? Di Stefano tiene un compromiso personal con el tema, pero parece que no lo tiene con la continuidad del trabajo de una comisión de la que fue miembro por dos años y ahora está a su cargo”.

Para Anchorena, las ONG de vecinos –que fueron quienes realmente lograron la masa crítica política para que las leyes fueran votadas– son quienes tienen que movilizarse. “Esto no es por un edificio en particular”, explica la ex diputada, “sino por un ordenamiento posible, la estructura legal que permita crear un sistema donde dejemos de correr atrás de las demoliciones”.

Y tiene razón.

El Correo Central

Quien pase por el Bajo verá que el palacio del Correo Central ya está siendo destruido con un nivel de frivolidad que da escalofríos. Por entre los andamios, se puede ver que la linda mansarda fue desmontada, teja negra por teja negra, para transformarla en una caja de cristal. El descalabro es tal, que el defensor adjunto porteño, Gerardo Gómez Coronado, acaba de enviarle al subsecretario de Obras Públicas de la Nación, Abel Fatala, una carta con preguntas relevantes.

Gómez Coronado recuerda en su texto que el proyecto fue concursado por el Ministerio de Planificación Federal y la Secretaría de Cultura de la Nación, y la propuesta ganadora incluía la caja de cristal. Pero resulta que el viejo Palacio de Correos fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1997, está protegido también por la Ciudad y se asienta en un entorno declarado en 2000 APH por la Legislatura.

En función de esto, prosigue el defensor adjunto, “solicitamos a Ud. tenga a bien disponer lo necesario para la remisión a esta Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de un informe manifestando si las obras de referencia fueron puestas a consideración de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos, de acuerdo con lo establecido en el Art. 13 del Decreto Reglamentario Nº 84.005/41, y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento a lo establecido por el inciso 7 Tramitaciones del Artículo 5.4.12 Distritos APH del Código de Planeamiento Urbano”.

Mientras espera respuesta a estas buenas preguntas, Gómez Coronado también se preocupó por las arboledas de la avenida Alem, justo enfrente del palacio, taladas sin piedad por las obras del subte E. Esta vez, la carta se dirige al secretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, a quien el defensor adjunto también le recuerda que estamos en un APH, que no sólo protege el patrimonio sino también el medio ambiente local. Remover, como dice cortésmente Gómez Coronado, las “cascaronia astragalina griseb”, que los civiles menos eruditos conocemos como tipas, suena francamente irregular, con lo que el funcionario le pregunta algo muy concreto al secretario.

Resulta que para hacer obras en un APH hay que pedir un permiso, como para todo en esta vida. El defensor adjunto envió una nota al Ministerio de Desarrollo Urbano preguntando si el trámite se había cumplido y como, pensando en ver si se había planteado el tema ambiental. La sorpresa fue que desde el despacho porteño le contestaron que “esta Supervisión no ha recibido ningún tipo de trámite administrativo y/o consulta.”

Gómez Coronado solicita que le envíen “un informe manifestando las razones por las cuales se determinó el retiro de los árboles” –las tipas– y “su reemplazo por ejemplares de la especie jacarandá mimosifolia, y las razones por las cuales no se realizó la consulta pertinente para la ejecución de las obras de extensión de la línea E de subterráneos ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido en el Código de Planeamiento Urbano (Ley Nº 449) para los Distritos Area de Protección Histórica, Artículo 5.4.12, inciso 7.3. y en particular en lo referente a la protección ambiental del Distrito”.

Mesa y charla

El sábado pasado, primero de mayo, hubo Feria del Libro y mesa redonda sobre patrimonio. La mesa fue interesante –habló un ebanista de la Legislatura, muy inteligente y sensible; habló Ricardo Watson, ciudadano activo, y habló Marcelo Weisel, responsable entre otras cosas de rescatar la nave del siglo XVIII que desenterraron en Puerto Madero–, pero lo más notable fue quién la organizó.

Allá por 1986 se creó en la Ciudad algo llamado la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural, con director y secretarios nombrados por la Legislatura, miembros y sede del Ministerio de Cultura porteño. Esta comisión es merecidamente desconocida, dedicada al modelo “Fajre-Arias” de gestión patrimonial: libritos, postales de edificios ya demolidos, videos, guías, contratos para amigos, viajes. Nunca un gesto para salvar un edificio o frenar la piqueta, no sea que se enoje alguien.

Pero hace unos pocos meses, la Legislatura votó una nueva titular de esta comisión, con lo que empezaron a pasar algunas cosas nuevas. Por ejemplo, que la comisión elaboró un informe de antecedentes sobre el cambio de nombre del Teatro Opera por el Citibank. O que NO mandó un arquitecto a su silla en el CAAP. En rigor, ese lugar lo ocupa la titular.

Esta persona se llama Mónica Capano, tiene formación en Letras y en tiempos de José Nun fue directora de Cooperación Internacional de la Secretaría de Cultura nacional. Capano “descubrió” que su comisión no depende orgánicamente del Ministerio de Cultura, con lo que no tiene que recibir instrucciones de Hernán Lombardi, y confiesa su desconcierto con lo que anda haciendo el CAAP, creado para frenar las demoliciones indiscriminadas pero con el sí fácil.

Parece que en alguna parte se acaba la filosofía Chicas Superpoderosas.

Blues del Molino

La muy bella Confitería del Molino, Callao y Rivadavia, sigue purgando en el limbo desagradable de lo cerrado, envuelto, mustio. No se puede demoler ni alterar por sus múltiples protecciones, pero nadie parece poder encontrar la manera de reabrirla y encontrarle nuevas funciones al muy bonito edificio, una perla del Art Noveau criollo (esto es, medio que italiano, con algo español y un toque de Mitteleuropa, como sólo se animaban por aquí).

Este martes, a las once, Basta de Demoler organiza un té en la puerta de la confitería donde tantos tomaron sus tés, para pedir que por favor salven al edificio, que posee lo que debe ser la escalera más hermosa del país. Hace tanto que el lugar está cerrado, que ya es un síntoma de madurez, por así decirlo, acordarse de su interior... en fin.

El diputado nacional Horacio Piemonte acaba de preparar un proyecto para ver si se sale de esta anomia. Piemonte toma la inteligente idea que propuso Teresa de Anchorena desde la Legislatura porteña, la de expropiar el edificio y dar en concesión la confitería, para que se reabra. Y le añade una inquietud del secretario de Cultura, Jorge Coscia, al agregar que el famoso salón del primer piso, que tiene acceso independiente, tenga un destino cultural.

Protecciones

Para terminar con buena onda, el jueves la Legislatura votó tres catalogaciones y un agregado al catálogo de patrimonio cultural realmente insólito. Los edificios ahora protegidos están en Salta 1007/27 (un expediente que dejó en marcha la ahora ex diputada Anchorena), Córdoba 3120 (el Centro de Salud Mental), Suipacha 1100 (diputado Smith), Mendoza 3108 (también de Anchorena). El insólito agregado al catálogo es nada menos que el Obelisco que, descubrimos gracias a un proyecto de la diputada Sánchez Andía, no tenía ninguna protección cautelar.

El Opera

El Citibank realmente está en problemas graves por su decisión de cambiarle el nombre al Opera. Con diez mil firmas reunidas, el blog de Ricardo Watson se transformó en foro de la protesta, tanto que el Citi tuvo que cerrar el suyo porque sólo recibía críticas. Pero este desastre de imagen institucional se transformó esta semana en una hecatombe: Susana Giménez y Mirtha Legrand se sumaron a las críticas en sus programas. Para bien o para mal, esto quiere decir que el blooper ya es cosa del sentido común. Y eso que la Legrand fue invitada a ser madrina del teatro...