Sábado, 12 de junio de 2010 | Hoy
Por Facundo de Almeida *
La ciudad de Salta supo ser una de las más lindas de nuestro país, conformada por el mayor y mejor conjunto de arquitectura colonial y neocolonial. Su destrucción y desaparición en las últimas décadas derivó en una pérdida de carácter y transformó poco a poco ese paisaje urbano singular en una ciudad sin gracia.
La consecuencia directa fue que los turistas que antes elegían visitarla como un destino atractivo en sí mismo cada vez más la utilizan como ciudad de paso para viajar a otros lugares de la provincia y especialmente a la Quebrada de Humahuaca, en Jujuy. Los depredadores patrimoniales locales, tolerados y alentados por los sucesivos gobiernos, hirieron de muerte a la gallina de los huevos de oro.
Esta destrucción sistemática provocó, como ocurre en muchos otros puntos del país, una reacción ciudadana que el año pasado motivó la firma de un decreto provincial declarando a un polígono de la ciudad como Bien Arquitectónico Protegido. El resultado ha sido magro y se demolieron inmuebles de alto valor patrimonial. El caso más escandaloso fue la destrucción que perpetró el arquitecto Juan José Torelli, con autorización municipal, a pesar de que la casa histórica figuraba en el listado de protección preventiva del Código de Planeamiento Urbano Ambiental y estaba enclavada en el polígono protegido.
La propia municipalidad autoriza demoliciones por vía de excepciones administrativas y hasta hizo un trueque con las dos casas históricas que ocupaba la sede de la intendencia –cuyo destino sería su desfiguración para ser ocupadas por locales comerciales– por un galpón destinado a construir las oficinas gubernamentales. La acción ciudadana no se hizo esperar y la Comisión Permanente en Defensa de Salta, integrada por 19 asociaciones y entidades civiles no gubernamentales, denunció el atropello.
Todos estos desaguisados tal vez puedan explicarse si atendemos a la definición del proyecto urbano oficial, expresados en las insólitas declaraciones del intendente Miguel Isa a los diarios locales: “Vivimos en una ciudad de 34 kilómetros de largo por 15 kilómetros de ancho y no podemos seguir creciendo de manera horizontal, tenemos que irnos (edificar) para arriba”, y remató: “Ya no son épocas de pensar en construir un chalecito en el centro para sacar la silla a la vereda a la hora de la oración”.
Está claro que para el jefe comunal ya no son épocas de pensar. Y si de honestidad brutal se trata, en la misma entrevista afirmó que al principio apoyaba al gobernador Juan Manuel Urtubey por conveniencia, pero ahora lo hace por convicción. Lo que no aclaró el intendente Miguel Isa es si sus definiciones urbanísticas son por conveniencia, convicción o connivencia.
Tal vez la explicación podamos encontrarla en la sorprendente actitud de un grupo de concejales del oficialismo que en momentos en que se debatía el Código de Planeamiento Urbano se reunían, con despliegue de planos incluido, con el presidente de la cámara inmobiliaria local en una confitería del centro de la ciudad. No vaya a ser que se les pase algún detalle y que los depredadores inmobiliarios se puedan ofender.
Las demoliciones del patrimonio arquitectónico salteño no se limitaron a los “chalecitos”, tal como lo denuncia, en cuanta oportunidad se le presenta, la arquitecta María del Rosario Sola. En 2005 se destruyeron dos de los patios de la ex Escuela Zorrilla que fuera el Convento Mercedario del siglo XVIII, y que con el agregado de galerías florentinas en 1864 fuera el Colegio Nacional. La extravagancia no terminó allí, porque inmediatamente después de la demolición el sector del edificio que quedaba en pie fue propuesto para ser declarado Monumento Histórico Nacional.
Un año después el propio gobierno demolió otro patio del Convento Mercedario, en el mismo momento en que se desarrollaba en la ciudad un congreso de patrimonio y, tiempo después, aprobó la destrucción de la Casa de Güemes.
La crisis del patrimonio arquitectónico salteño quedó en evidencia esta semana con la renuncia de la directora general de Patrimonio de la Provincia –también presidía la Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia de Salta (CoPAUPS)– que dejó el cargo 12 días después de asumir, luego de otra resonante dimisión del director anterior. La Comisión fue recientemente transferida a la órbita del Ministerio de Finanzas y Obras Públicas, que es como meter al zorro en el gallinero.
Las dificultades para el patrimonio salteño no terminan allí. El conflicto desatado entre el gobierno provincial y la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos sobre la restauración de la Casa Legizamón, mantiene el riesgo de este Monumento Histórico Nacional que se encuentra desde hace años apuntalado y con peligro de caerse, lo que ha generado la alarma y la denuncia de organizaciones de ciudadanos como la Comisión de Vecinos del Area Centro, Basta de Demoler-Salta y Red Sol Salta.
El tema ha llegado al tope de la agenda política y el concejal opositor Roque Rueda presentó un proyecto de ordenanza por el que se busca poner un límite efectivo a las demoliciones clandestinas de inmuebles de valor arquitectónico e histórico. El edil propone incluir en el Código de Planeamiento Urbano que ante una demolición de un inmueble protegido, a las sanciones ya previstas se agregue la prohibición de construir en el terreno durante cinco años cualquier edificio de dimensiones mayores a las del demolido.
Pero como conoce bien las trampitas de los depredadores, propone que tampoco pueda habilitarse el predio como playa de estacionamiento y que cualquier proyecto a ejecutarse en el mismo deba cumplir la más estricta adecuación al entorno, recuperando la fachada del inmueble perdido. Las razones él mismo las explica en los fundamentos: “Se percibe que los interesados en demoler este tipo de bienes incluyen como un costo más de su proyecto las eventuales multas por demolición sin permiso, con lo que el fin preventivo de dichas sanciones no se cumple en los hechos”.
¿Habrá tiempo para salvar lo que queda de Salta la linda? Esperemos que sí.
Licenciado en Relaciones internacionales. Magister en Gestión cultural por la Universidad de Alcalá de Henares. http://facundodealmeida.wordpress.com
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