En una columna publicada el 6 de enero pasado nos referíamos al aporte económico que el patrimonio arquitectónico ofrece a una ciudad. La base era un estudio realizado por el Convenio Andrés Bello y la Corporación del Centro Histórico de Cartagena de Indias sobre el impacto económico del patrimonio edificado. Ese análisis realizado en Colombia permitió identificar las diversas formas en que este recurso se transforma en un instrumento generador de valor.

Una de las dimensiones económicas que mencionábamos era el valor de existencia, esto es la posibilidad de capturar los beneficios que genera un inmueble o área patrimonial por el solo hecho de existir, más allá del aporte que representa su utilización en forma directa o indirecta.

Mencionábamos como ejemplo las empresas multinacionales que analizan la calidad de vida en la ciudad donde instalarán su sede y toman en cuenta la belleza y calidad arquitectónica del destino.

La inclusión de esta variable en las decisiones de localización de las grandes empresas quedó confirmada en una encuesta realizada recientemente por la publicación América Economía Intelligence.

Se trata de un estudio que ordena a las ciudades de mayor a menor capacidad-potencial de negocios, mediante el análisis de ocho dimensiones, cada una de las cuales concentra una cierta cantidad de variables que, combinadas, permiten sintetizar áreas específicas: marco social y político, marco y dinamismo económico, servicios a empresas, poder de marca de las grandes ciudades, servicios a ejecutivos, infraestructura y conectividad física, capital humano y un medio ambiente sustentable.

La medición del poder de marca que se construyó a partir de la encuesta que en 2010 se denominó Encuesta sobre Negocios y Calidad de Vida en las Ciudades de América latina e incluyó entrevistas a 2000 lectores de la publicación, todos ellos vinculados con el mundo de los negocios.

Entre las preguntas a los entrevistados se les pidió que calificaran la gestión de las autoridades en el cuidado, mejoramiento y embellecimiento del patrimonio arquitectónico y las edificaciones. La ciudad mejor ponderada, en una escala de 1 a 5, fue Medellín con 4,38 puntos, seguida por Miami –que también fue analizada—, La Paz, Guayaquil y Guadalajara.

Entre las diez primeras no fue incluida Buenos Aires, a pesar del esfuerzo de comunicación del Ejecutivo porteño, que cada dos cuadras nos quiere convencer –con vistosos carteles amarillos– de que está “Haciendo Buenos Aires”, algo así como una pretendida tercera fundación de la Ciudad.

Es hora de que el gobierno, no sólo por el bien de la cultura y de los ciudadanos de Buenos Aires, sino también como forma de promover las inversiones y los negocios, dedique recursos presupuestarios y humanos a preservar y restaurar el patrimonio arquitectónico porteño.

La preservación del patrimonio edificado debe estar acompañada por su restauración y revitalización, y es imposible que esta tarea quede exclusivamente en manos de los propietarios de los inmuebles.

No alcanza con embellecer las fachadas de algunos inmuebles en la calle Defensa, tampoco con la necesaria pero discutida restauración del Teatro Colón, es imprescindible definir áreas prioritarias donde se lleve adelante un plan integral que intervenga el espacio público respetando las características patrimoniales de la zona, contemple los aspectos sociales evitando la expulsión de población y económicos del proyecto, e incentive mediante créditos, subsidios y beneficios fiscales la inversión privada sobre los bienes patrimoniales.

La normativa para llevar a cabo esta tarea existe y está vigente hace muchos años. Los ejemplos internacionales en los cuales inspirarse y aprender de aciertos y errores están a un click de distancia. Sólo falta la decisión política para que la revitalización del patrimonio arquitectónico sea una línea estratégica y relevante en la política pública porteña.

Licenciado en relaciones internacionales. Magister en gestión cultural por la Universidad de Alcalá de Henares. http://facundodealmeida.wordpress.com