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Este miércoles se realizó otro encuentro sobre patrimonio en la Sociedad Central de Arquitectos. Esta vez, “Buenos Aires, mi patrimonio querido” estuvo dedicado a la ley 3056, “virtudes y defectos”, y la Subcomisión de Patrimonio de la SCA invitó a un cuarteto variado de exponentes. Estuvo el diputado porteño Eduardo Epszteyn, el arquitecto Carlos Susini Burmester, que representa a la SCA en el CAAP, el arquitecto Juan Martín Urgell, del estudio Urgell-Penedo-Urgell, y el director general de Interpretación Urbana porteño, el también arquitecto Antonio Ledesma. Entre el público estuvieron Basta de Demoler, la Fundación Ciudad, vecinos y miembros de la SCA. Y el debate fue un desfile de ideas a veces deprimente que mostró que todavía circulan mitos zonzos sobre el patrimonio y que francamente ya es hora de entender que la cuestión es política.

El director general Ledesma se merece, si no un Oscar, ciertamente un Martín Fierro. Mientras que pertenece al ministerio de Daniel Chaín y Héctor Lostri, orgánicos de los intereses especulativos, ante este público se mostró casi como un Bin Laden de la conservación. Hasta dijo cosas agudas, como que el que se guarde un edificio patrimonial en buen estado hará un excelente negocio, porque ese tipo de propiedades subirá fatalmente de precio en la medida en que se hagan más raras y sea imposible destruirlas. Luego mostró la hilacha, devaneando sobre el “peligro de museificar”, sobre cómo se “lesiona” al propietario y sobre cómo se sobrerregula el patrimonio. Como no existe ni un solo caso de esto, tuvo que dar un ejemplo importado, contando una anécdota de un amigo residente en Europa al que se le terminó derrumbando un “galponcito” del siglo XIII que no le permitieron reparar ni le repararon... Francamente, que un funcionario de rango y tanta importancia en el manejo de la ciudad hable así resulta preocupante.

Susini Burmeister defendió al CAAP de las críticas recientes a sus sistemas. Como es un hombre honesto –y cuidadoso de los edificios viejos en los que le toca intervenir como profesional– repitió varias veces que en el Consejo no quiebran la ley y defendió el sistema de tomar manzanas enteras. Y también apuntó directo a la Legislatura, señalando que hay más de 2000 proyectos de catalogación sin tratar y proyectos de conjuntos, como el de los Premios Municipales, que hasta perdieron estado parlamentario por las demoras. Susini cometió un error grave, tal vez repitiendo argumentos ajenos, al decir que el CAAP tiene que tratar 140.000 parcelas urbanas, lo cual le resulta imposible. En rigor, ese número es el total de toda la ciudad y las anteriores a 1941 –que caen en la alzada del CAAP– son menos de un tercio de ese total.

Si alguien ya sentía que el tema era plenamente la cobertura de este suplemento de lo que está pasando en el Consejo, el diputado Epsztein lo confirmó. Lo primero que hizo fue citar una nota de m2 y la renuncia del CPAU a pertenecer al CAAP, primer paso para elaborar una suerte de teoría del extremismo que pone “a los lobbies de la construcción” que “quieren demoler todo” de un lado, y “a Kiernan que no quiere que se demuela nada” del otro. Los lobbies saben defenderse por las suyas, pero baste decir que el segundo demonio de la teoría no tiene ni tuvo nunca esa posición.

El diputado siguió mejor, explicando con paciencia que las leyes y sobre todo los sistemas complejos de leyes como un futuro sistema que proteja el patrimonio nacen del diálogo político. Epsztein contó que en Villa Pueyrredón los vecinos le mostraron la destrucción de un barrio residencial a manos de “empresarios de cuarta” que lo llenaron de edificios muy vulgares pero altos y rentables. También contó qué difícil es proteger algo en la Legislatura, donde “no tienen ganas de catalogar”, y cómo le gustaría que arquitectos y constructores generaran algún input en el debate que no fuera simples lobbies. También pidió que se escuchara a las ONG y contó su proyecto para que tengan asientos en lugares como el CAAP.

Por desgracia, el diputado también repitió que catalogar un edificio “lesiona” económicamente a los dueños, mito que parece ya instalado. La lesión, en todo caso, es a los sueños especulativos de algunos, que quieren hacer mucho dinero rápidamente vendiendo a un vándalo y mudándose, cosa que parece ser elogiable para el arquitecto Urgell, que sembró la alarma hablando en los términos más primitivos sobre el patrimonio. Para este profesional, lo que importa es que las cosas sean legales, como el Quartier San Telmo, y “reparar” el “castigo” que es una catalogación, que hace que “el propietario se quede sin su plata”. Urgell planteó la notable teoría de que un problema del patrimonio es que “sólo sirve para hacer instituciones”, lo que seguramente asombrará a sus colegas que convirtieron grandes residencias, galpones, fábricas y usinas en muy rentables departamentos, oficinas y comercios.

Urgell afirmó que tiene “autoridad para hablar” porque su estudio intervino en “100.000 metros cuadrados” de patrimonio edificado. Usó su “autoridad” para repetir algo que hace rato no se escuchaba en público, porque ya hasta da vergüenza decirlo: que no hay que “congelar” la ciudad. Como para redondear, en el momento de preguntas y respuestas hizo una metáfora espectacular: resulta que Urgell colecciona arte y le pasó lo que a muchos coleccionadores, empezó comprando cantidad y con los años se fue asentando en quedarse con la calidad. Este proceso tan común lo comparó con el patrimonio, nuevamente repitiendo esa idea tan querida de la piqueta de que sólo hay que preservar un número pequeño de edificios notables y demoler todo lo demás.

Lo que no contó Urgell es qué hizo con las tantas obras que ya no le interesaban: ¿las demolió?, ¿las tiró al relleno del río?, ¿acabaron en un volquete, sucias y rotas? Da ganas de pensar que no trató sus cuadros como se trata a los edificios, destruidos como basura que ocupa lotes donde se pueden construir otros, inferiores y desangelados, pero más grandes y rentables.