En junio de 2011 deben realizarse las elecciones para elegir a las autoridades de las comunas en la Ciudad de Buenos Aires, que asumirán sus cargos el 10 de diciembre del año próximo. La vertiginosa e insondable vida política porteña puede depararnos cualquier cosa —¡hasta el jefe de Gobierno pretende impulsar su propio juicio político!—, pero en principio confiemos en que se cumplirá con la Constitución y que la descentralización se pondrá en marcha.

Seguramente, la creación de las comunas no será el remedio inmediato y definitivo a todos los males que aquejan a la ciudad, pero es una oportunidad para que algunas cuestiones se encaren de otra forma, sustancialmente, con mayor participación ciudadana a la hora de tomar las decisiones que afectan al conjunto de la comunidad.

Uno de los temas que sin duda generaron mayor interés y participación vecinal en los últimos años es la preservación del patrimonio arquitectónico. Casi medio centenar de grupos y asociaciones se crearon en el último lustro, dedicados exclusivamente a este tema, y se impulsaron numerosas iniciativas virtuales a través de las redes sociales, algunas con éxitos resonantes como la restitución del nombre al Teatro Opera.

En todos los casos en los que hubo participación –siempre como consecuencia de reclamos, movilizaciones e incluso acciones judiciales—, los ciudadanos se expresaron en contra de las iniciativas oficiales. Basta recordar la indiferencia del Ministerio de Cultura ante el posible cierre del Bar Británico y el Gato Negro, el intento de retirar los adoquines históricos en la calle Defensa o la insólita pretensión de peatonalizar el tranquilo barrio Segurola, por citar algunos ejemplos.

Es decir que si, a fuerza de reclamar, los vecinos no hubieran hecho escuchar su voz, se habría actuado desde el Estado contrariando las leyes y los intereses y deseos de los habitantes de Buenos Aires.

La Ley de Comunas establece que las nuevas entidades tienen como finalidad “facilitar la participación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones y en el control de los asuntos públicos”, como específicamente “Preservar, recuperar, proteger y difundir el patrimonio cultural de los distintos barrios”. Las comunas tendrán entre sus funciones exclusivas la intervención sobre los espacios verdes y, en forma concurrente con el poder central, las referidas a la implementación de programas de desarrollo urbano.

Las futuras comunas deben prever mecanismos de participación que permitan a los ciudadanos intervenir en la valoración del patrimonio arquitectónico, y en general en lo que se refiera a la planificación urbana y la intervención en el espacio público. Dicho de otro modo, los ciudadanos tienen el derecho a elegir en qué barrio y ciudad quieren vivir. Esto, mal que les pese a muchos, no es competencia de un puñado de funcionarios y menos aún exclusividad de los arquitectos.

En una reseña publicada recientemente en el diario El País de Madrid, Antonio Muñoz Molina comenta el libro Arquitectura milagrosa, de Llatzer Moix, que analiza obras de Calatrava, Hadid, Herzog, de Meuron, Foster y Eisenman, entre otros. Y allí expresa: “Los arquitectos piensan que el hecho de que casi todos nosotros nos veamos afectados muy directamente por los trabajos que hacen, no nos da derecho a opinar sobre ellos. Si decimos algo negativo, o inconveniente, nos mirarán de inmediato como a penosos retrasados mentales. Igual que padres benévolos, pero firmes, ellos saben mucho mejor que nosotros mismos lo que más nos conviene. Sonríen con fatigada paciencia cada vez que nos quejamos de sus plazas sin árboles pavimentadas de cemento o granito”.

La elección de las características y condiciones de la ciudad en la que vivimos tiene que ser, tal vez, la más democrática y participativa de todas las decisiones públicas. No hay nada más común y compartido que la decisión sobre cómo será el medio ambiente urbano en el que conviviremos.

Pero el Gobierno debe, además, predicar con el ejemplo, y otro aporte significativo y directo de la creación de las comunas a la cuestión del patrimonio y la planificación urbana puede ser una decisión adecuada en la instalación sus sedes. No hay dudas de que un organismo de gobierno, que en definitiva será la expresión más cercana y directa de la voluntad popular, debe ejercerse en un espacio físico digno, adecuado y acorde a su trascendencia, donde las ciudadanas y los ciudadanos tengan allí un lugar de encuentro y diálogo para la solución de los problemas comunes de la vida cotidiana.

Para ello, en primer lugar las sedes comunales deben ser lugares reconocibles y representativos de la arquitectura de la comuna, y ser un ámbito donde los vecinos se sientan cómodos, felices y valorizados.

Si ocurre lo mismo que con los Centros de Gestión y Participación Comunal, algunos de ellos en pésimas condiciones, incluso instalados en locales bajo una autopista, sin dudas la mentada voluntad política de otorgarles mayor poder y espacios de participación a los ciudadanos serán palabras vacías.

La instalación de las nuevas sedes comunales es una gran oportunidad para invertir dinero público en la puesta en valor de inmuebles con valor patrimonial en los casos en que existan edificios adecuados para este uso, y también para realizar concursos de arquitectura contemporánea transparentes que permitan construir edificios nuevos de calidad, tal como lo propuso Teresa de Anchorena cuando era diputada. Esta decisión debe estar enmarcada en un proceso participativo, en el que los ciudadanos tengan voz a la hora de definir la ubicación y características de la sede de su gobierno.

Este modelo es el que utilizó Rosario, cuya Municipalidad restauró para sus Centros Municipales de Distrito la Estación Central y Villa Hortensia; y en la Zona Sur, donde no había edificios patrimoniales de envergadura, mandó a construir un edificio contemporáneo de altísima calidad, la primera obra en América del Sur del prestigioso arquitecto portugués Alvaro Siza.

No hay dudas de que la preservación del patrimonio arquitectónico, la planificación del desarrollo urbano y el diseño del espacio público tienen que definirse en un contexto de participación ciudadana. El proceso electoral para elegir a las autoridades de las comunas seguramente será la oportunidad en que la creciente relevancia de estos temas en la agenda política porteña se ponga en evidencia. Y el que no lo entienda, lo verá reflejado en las urnas.

Licenciado en Relaciones Internacionales. Magister en Gestión Cultural por la Universidad de Alcalá de Henares.

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