Fue enorme, agotador, sólido, con momentos de tensión, profundamente práctico y simplemente un corte con lo habitual. El primer encuentro de gestión de patrimonio arquitectónico y urbano “Salvemos Buenos Aires” que organizaron la Fundación Ciudad y Basta de Demoler no tuvo nada que ver con la rutina de este tipo de seminarios/reuniones/coloquios. Fueron dos días de ponencias y clases eminentemente prácticas, centradas en la gestión, en las leyes, en la claridad política, en las que se habló de fondos, reglamentos, inspecciones y hasta de mandar presos a los que demuelen el patrimonio. Hubo momentos muy impresionantes y penosos para los porteños, como cuando habló la representante de Rosario, que parecía venida de otro planeta mejor, y el fiscal de Minas Gerais, que se dedica a combatir el crimen cultural aprehendiendo contrabandistas de arte y multando ferozmente a los que demuelen. Hubo mucha solidez técnica y las deprimentes pausas creadas por ciertos políticos, que fueron de la inanidad a la vergüenza ajena. En fin, un evento original que marcó un giro muy elogiable de la Fundación Ciudad hacia la acción y un cambio de nivel de Basta de Demoler.

Resulta difícil resumir todo lo que ocurrió esta semana, desde la apertura del encuentro del lunes hasta la última sesión del miércoles, terminada a las nueve de la noche. Hubo una docena de paneles sólo a la tarde, en las sesiones públicas en la Alianza Francesa, más los talleres más técnicos de las mañanas en la Embajada de Brasil. Estuvieron varias ONG, desde la anfitriona a Proteger Barracas, pasando por SOS Caballito, la Sociedad de Fomento de Belgrano R y el World Monuments Fund. Estuvo el defensor del pueblo adjunto Gerardo Gómez Coronado, el arquitecto José María Peña –homenajeado por su vida entera dedicada al tema–, varios especialistas en el aspecto legal, el presidente de la poderosa Fondation du Patrimoine francesa, el profesor Norberto Chaves –que hizo una muy cómica reivindicación de la cordura y el buen gusto–, la presidente de una original asociación de propietarios de casas históricas en Chile y el inesperado fiscal brasileño Marcos Paulo de Souza Miranda.

Los paneles comenzaron, el martes por la tarde, con un “estado de las cosas” en nuestra ciudad. El defensor adjunto Gómez Coronado contó los casos más notables en los que intervino e interviene, como el Quartier San Telmo y la Colonia Sola, y explicó lo que puede y no puede hacer un ombudsman. Tuvo una frase recordable: la inquietud por el patrimonio es una manera de construir ciudadanía, una apropiación de la ciudad y el entorno para los vecinos.

Hugo Cortínez y María Carmen Usandivaras, ambos abogados y ambos miembros de Basta de Demoler, explicaron ciertas nociones de derecho que ya deberían estar en las mentes oficiales: que el patrimonio no es un problema sino un derecho de rango constitucional tan claro, que desprotegerlo es incumplir los deberes de funcionario público. Ambos hicieron la historia legal de su ONG, contando que encontraron que los amparos eran una vía rápida de lograr frenar la piqueta en casos puntuales, gracias a que la Justicia reaccionó. Pero sigue en veremos el problema de fondo, el de un marco legal estable.

Rodolfo Diringuer, de SOS Caballito, siguió en la misma vena agregando que un grave problema es que el gobierno porteño admite que se violen las leyes “flagrantemente”. En el fondo, dijo Diringuer, el tema es que están de acuerdo con que la ciudad sea “materia prima para hacer negocios”. Silvia Amuchástegui contó la historia de su ONG, que tiene el muy clásico nombre de Sociedad de Fomento. Esta, la de Belgrano R, fue fundada en 1981 por la demolición de una casa en la avenida Melián para hacer un edificio muy alto, una de tantas “excepciones”. Los vecinos lograron con los años detener estas barbaries y ahora tienen dos APH en la zona.

Norma Barbacci, representante del World Monuments Fund y su directora para proyectos en Latinoamérica, España y Portugal, contó que el Fund también es una ONG, soñada nada menos que por un ex militar que quería salvar a Venecia. El Fund creció y ya realizó casi 400 proyectos en 80 países, aportando fondos y ayuda técnica, entre los que se cuentan en Argentina los de San Ignacio Miní, la Cárcel de Ushuaia, las Misiones guaraníticas y la sinagoga Brener. Barbacci explicó qué formidable palanca de denuncia y atención es la Lista que cada dos años recoge lugares en riesgo, y que éstos son elegidos por su viabilidad para ser rescatados a tiempo.

El arquitecto Marcelo Magadán, uno de los mayores especialistas en restauración del país que, por ejemplo, dirigió las obras en San Ignacio Miní, siguió en el tema con la feroz agudeza que lo caracteriza. El marco de situación, explicó, es que en Buenos Aires sólo se atiende la lógica económica, con una explosión indiscriminada de permisos de obra, lobbies notables y un CAAP que ni siquiera piensa si alguna tipología está en extinción, como las casas chorizo, ni respeta ya los conjuntos. Magadán señaló que el CAAP no tiene ni vecinos, ni especialistas en restauración, ni historiadores, que le falta transparencia y casi ni siquiera tiene arquitectos con experiencia en el tema.

Lo peor fue la cuenta que hizo Magadán: el CAAP autoriza diez demoliciones por cada caso que acepta enviar a la Legislatura, no piensa en zonas de amortiguación alrededor de las APH y acepta como un dogma que las avenidas son para construir torres. De hecho, le dedica entre 3 y 5 minutos a cada caso porque aceptó el truco del ministro Daniel Chain y su adlátere Héctor Lostri de examinar toda la cuadra en lugar del edificio pedido.

En un contraste inmenso, luego habló Marcos Paulo de Souza Miranda, coordinador de la fiscalía de defensa del patrimonio del estado de Minas Gerais, un hombre simpático y apacible que resultó implacable. De Souza explicó que su tarea es coordinar los casos culturales y patrimoniales en las 296 fiscalías de su estado, que invirtió fuerte en el tema porque posee la mayor concentración de bienes culturales de Brasil y 35.000 edificios catalogados. Como aquí, la constitución también protege el patrimonio, pero los brasileños se lo toman en serio –y los mineiros, que son muy serios, todavía más–, con lo que las sanciones son muy fuertes. El fiscal dejó secos de envidia a los argentinos al contar que una demolición clandestina se puede penar con multas de hasta medio millón de cruzados, o 250.000 dólares, más de uno a tres años de prisión y la sanción civil de reconstruir el inmueble y pagar “el daño moral colectivo” causado a la sociedad. En un silencio mortal, De Souza mostró fotos de una casa de 1896 que fue quemada por sus dueños para ver si zafaban y podían demoler. La causa terminó con la casa expropiada a precio justo, menos lo que costó restaurarla, que fue tres cuartas partes del precio convenido. Los dueños no dijeron ni pío, porque las alternativas eran todavía peores...

En esta Argentina Año Verde que resultó ser Minas Gerais hay transferencia de FOT, sanciones por daño moral de hasta veinte millones de pesos, un taller de restauraciones gratuitas para los vecinos que no pueden pagar un arquitecto y definiciones sabias como que “el patrimonio tiene valor en sí y la ley sólo reconoce este valor, no lo crea”. De Souza fue ovacionado.

La chilena Cecilia García Huidobro participó por teleconferencia, explicando su peculiar Asociación de Propietarios de Casas Históricas y Parques de Chile, un modelo que se está exportando a otras naciones y pronto tendrá su primer congreso mundial. García Huidobro tiene un magister y es miembro del Consejo Nacional de Cultura y Artes de su país, y buena parte de su exposición se concentró en contar las desgracias causadas por el terremoto reciente, más los problemas inventados por expertos. Por ejemplo, hace 25 años se prohibió construir en adobe, material muy usado por los chilenos, con lo que hoy son muy escasos los que saben manejarlo. Y el terremoto de este año arrasó justamente las zonas patrimoniales de edificios de adobe...

El peruano José Correa Obregoso, de la comisión de patrimonio del Colegio de Arquitectos de su país, habló de Lima, una ciudad apabullante, de calibre europeo en materia de patrimonio. Mostrando la evolución de la Ciudad de los Reyes, con sus murallas, explicó cómo se hizo un plan maestro para tratar Lima, que terminó admitiendo que la ciudad creció en anillos y le puso límites a las barbaridades del “progreso”, como el curtain wall entre palacios hispánicos. El problema limeño es, como el mexicano, el de la fuga del Centro viejo, que se tuguriza y tiene apenas 200.000 habitantes.

Teresa de Anchorena hizo la historia de su comisión de patrimonio y destacó la reluctancia completa del gobierno de hacer cumplir la ley. La falta de castigos, definió, es una complicidad activa con los “empresarios” y la tarea necesaria es “avivar” a los candidatos del potencial de la cultura y el patrimonio. Su utopía es que finalmente tengamos un jefe de gobierno sensible al tema, que se asesore bien e imite modelos como el mineiro y el rosarino.

La mesa de abogados y gestores privados –Diego Hickethier, Anahí Ré, Susana Bencich de Cabezas, Inés Méndez Ezcurra y Enrique Sylvester– fue una deprimente lista de trabas burocráticas, ninguneos, trampas, planos que desaparecen y funcionarios que reúnen a los vecinos con los empresarios para tratar que los vecinos no molesten más. El arquitecto Peña, que es un hombre de un insalvable optimismo, levantó el ánimo recordando sus luchas tempranas bajo la dictadura militar, mientras que María Fernández, hablando por la Secretaría de Planeamiento de Rosario, refrescó las cabezas mostrando cómo es una simple cuestión de gestión lograr mejorar las cosas. Frederic Néraud explicó la muy curiosa institución que preside, una Fundación del Patrimonio que no es privada pero funciona independientemente del poder político, administrando fondos e iniciativas para obras que ayuden a sostener los tesoros de Francia.

El bajón fueron los políticos. Para hablar del Colón estaban invitados Aníbal Ibarra, Jorge Telerman y Mauricio Macri, los tres jefes de Gobierno que llevaron adelante las obras recién terminadas. Telerman se “confundió” y fue temprano, habló cortito y se fue. Macri mandó una carta de circunstancias, de las que terminan saludando “con mi más distinguida consideración”. Ibarra fue simplemente indignante, hablando como si nunca hubiera sido jefe de Gobierno, intentando pasar como propias iniciativas anteriores –como los Bares Notables–, destacando proyectos que ni siquiera puso en marcha y señalando como muestra de su compromiso con el patrimonio haber nombrado ¡a Silvia Fajre! Teresa de Anchorena se indignó y le contestó, con lo que terminó gritada por Alvaro Arrese, funcionario de carrera que seguramente lamentaba no poder hacerle un tribunal de honor.

El cierre de la última jornada estuvo a cargo de Norberto Chaves, que enseña en Buenos Aires y asesora en Barcelona, con un sentido del humor que se agradece. Chaves mostró fotos de intervenciones patrimoniales simplemente ridículas que sólo se explican por entender la arquitectura “como un entretenimiento, algo para la foto de tapa, gestos grandilocuentes y decadentes en una cultura en la que ya no valen ni códigos ni leyes”.

Pese a la maratón, todos se retiraron como llenos de ideas y energía. El encuentro de la Fundación Ciudad y Basta de Demoler terminó de demostrar la centralidad de la política y la ley en la cuestión, con lo que fue las antípodas del habitual seminario inocuo, de esos en que los funcionarios leen un papelito y luego editan el libro. Este tuvo dientes.