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Este suplemento realizó, por casualidad, un revolucionario descubrimiento científico: la primavera les hace muy mal a los políticos porteños. Este martes, 21 de septiembre, la Legislatura porteña sirvió de laboratorio para ver que la llegada del calor, del polen y los días más largos ocasiona una irresistible cantidad de tonterías. Como los lemmings, los políticos se tiran por el barranco. En este caso particular, los eventos tontéricos registrados pasaron por tres leyes sobre museos y una perorata en defensa de los lobbies de la construcción notablemente pomposa, a cargo de un viejo personaje.

Museos

Los diputados Avelino Tamargo, Adriana Montes y Raúl Puy hicieron un evento para presentar sus tres proyectos de ley sobre museos, que buscan “revalorizarlos”, crear “un sistema integral” y darles “autarquía financiera”. Estos objetivos loables, sin embargo, no aparecen en sus proyectos, que contienen serios errores formales, tratan sobre entidades sobre las cuales la ciudad no tiene poderes y no soluciona ningún problema de verdad.

Para empezar, la Legislatura no puede regular los museos porque la Constitución le da poder para regular los ministerios pero no áreas de menor rango, cosa que le compete al Ejecutivo. Por ejemplo, determinan su estructura interna y hasta patinan usando nomenclaturas que ni siquiera existen en el escalafón público, como la de vicedirector. Peor aun, le encomiendan al director de un museo “ejercer las relaciones públicas”, lo que asombrará a estos funcionarios, acostumbrados a “ejercer la representación legal e institucional” de sus museos.

En estos proyectos, los legisladores porteños se meten a regular objetos como los museos nacionales, provinciales y privados, sobre los cuales no tienen poderes. De hecho, ni siquiera distingue entre museos privados y museos privados creados como entidades de bien público, como el Malba o el Fortabat, que son la mayoría de este tipo. Pero si estos disparates fueran ley, los museos estarían obligados a nombrar hasta un vicedirector, teniendo que cambiar sus estatutos societarios, lo cual es un absurdo legal y una futura fuente de litigios.

La confusión es tal que las leyes ni siquiera definen bien qué es un museo: las tres copian la definición del Consejo Internacional de Museos, ICOM, de 1974, y no la ampliada de 1983, con lo que dejan afuera bibliotecas, archivos con exposición y monumentos históricos, entre otros objetos internacionalmente reconocidos como museos. En ese paso por la ignorancia, los proyectos crean un registro de museos y bienes culturales que ya existe y está disponible en Internet.

También es remarcable las cosas que estos tres proyectos no hacen: solucionar viejos problemas de los museos públicos porteños. Por ejemplo, podrían sacar el extraño limbo en que pervive el Museo Quinquela Martín que incomprensiblemente depende del Ministerio de Educación. Resulta que el pintor lo donó al entonces Consejo Nacional de Educación y Cultura, con lo que el lugar pasó al Ministerio de Educación de la ciudad junto con las escuelas porteñas. Bien podría haber pasado al de Cultura –el consejo era, después de todo, de educación y también de cultura– pero no. Estos proyectos ni siquiera se dan por enterados del asunto.

Lo mismo ocurre con un tema paralizante a la hora de organizar exposiciones importantes, el del intercambio de obras. Los proyectos hablan de “Desarrollar y estimular el intercambio y circulación del patrimonio, para enriquecer la cultura en todo el territorio nacional”, pero ignoran que esto es imposible por una cuestión legal que Puy, Tamargo y Montes simplemente parecen desconocer. Para que un museo porteño le preste una pieza a otro museo porteño para una exposición, la Legislatura tiene que sancionar una ley especial que diga que el Museo 1 puede prestarle la pieza x al Museo 2 por tantos días y para tal exposición. Nadie nunca utilizó este mecanismo porque toma años de debates, y pensar en una megaexposición en un ámbito privado es simplemente soñar. Curiosamente, la diputada porteña Marta Varela presentó recientemente un proyecto que deroga esta curiosidad legal.

En fin, los errores y platitudes siguen: la dirección porteña de Museos tendrá que organizar una jornada anual con las asociaciones de amigos, nadie podrá hacer “reparaciones urgentes” sin consultarla, habrá rampas pero sin hacerle caso a la ley específica, se habla de “patrimonio histórico”, categoría que no existe en la ley, seguramente confundiéndose con “patrimonio cultural”, que sí existe. Más grave, se crean problemas legales graves al determinar que los museos pueden guardarse lo que recauden por entradas –esto deroga la Ley de Administración Financiera porteña, algo que sólo puede hacer el Ejecutivo– y al prohibir que un director de museo privado se dedique comercial o profesionalmente al mismo rubro del museo que dirige, lo que vulnera la libertad de trabajo, que tiene rango constitucional.

Un disparate final es ordenarles a los museos porteños que “tengan en cuenta” a la UBA, el Instituto Universitario Nacional de Arte y la Universidad del Museo Social Argentino, con lo que entidades de la Ciudad tienen que consultar a dos entes nacionales y a uno privado... Los proyectos de Tamargo y Puy –que preside la Comisión de Cultura de la Legislatura– al menos muestran un poco de técnica legislativa en su redacción, el de Montes ni siquiera.

Bicentenario

El mismo día en que se presentaban con orgullo estos tres proyectos, se reunían los asesores de la Comisión de Planeamiento de la Legislatura, que preside Silvina Pedreira, que ese mismo día cumplía años. Con lo que la reunión estaba a cargo de alguien sumamente amistoso a las megaconstructoras, la directora Bárbara Rossen. Después de cuatro meses de cajón, llegaba a esa instancia, con fuerte presión de vecinos y de varios diputados, el tema del Parque del Bicentenario, los grandes terrenos ferroviarios en Caballito que ya están cargados de proyectos para torres y para shoppings. El debate fue indecible.

Legalmente, la cuestión era simplemente que la Ciudad aceptara los terrenos, que pertenecen a la Nación, para hacer un parque. Varios diputados apoyaban la idea, pero resulta que esos proyectos para hacer torres son muy rentables y algunos cambian de idea. Por ejemplo, el asesor de Juan Cabandié terminó apoyando el recorte del parque, presentado por Rossen como una reivindicación del federalismo, nada menos. Lo que ocurrió fue que Rossen presenta la recomendación de que 65 por ciento de los terrenos sean aceptados para un parque porteño, pero que el 35 por ciento sea vendido a particulares por la Nación, con una zonificación de altura. Ese tercio a vender es suficiente para nueve megatorres, lo que explica el interés de Rossen, una firma defensora del hormigón armado.

La argumentación esta vez fue de una pomposidad notable. Como si fuera Rosas en vez de Rossen, la directora hasta dijo que no veía por qué “los jujeños tienen que donarles terrenos a los porteños”. Gustavo Desplatz, de Proto Comuna Caballito, le preguntó con asombro si ella trabajaba para la Cámara de Diputados o para la Legislatura de los porteños, y en qué beneficiaría a los jujeños que se hagan nueve torres en el medio de Buenos Aires.

De todos modos, tres diputados porteños –Campos, Epsztein y Camps– ya anunciaron que se presentarán el martes que viene a pedirles a los asesores que no se metan en estas cuestiones metafísicas y dejen que quienes tienen el mandato del voto decidan la cuestión.

Floresta y Barracas

Hoy a las once hay una chance de participar de actividades políticas más agradables y cuerdas que las ya resumidas. La Asociación Civil Salvar a Floresta y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, representada por el ombudsman adjunto Gerardo Gómez Coronado, invitan a un café para debatir el patrimonio y la identidad del barrio. El tema de arranque es tratar de salvar la carpintería de Velasco, una fábrica de escobas de 1900, pero la idea es hablar de los problemas de una zona súbitamente atacada por un comején de piquetas. La cita es en el bar Plaza del Sol, en Rivadavia esquina Olivera. Más informes en www.gomezcoronado.com.ar y en salvarafloresta.blogspot.com.

Preservar Barracas, mientras, junta firmas para salvar al Círculo de Obreros de Santa Lucía, en peligro de demolición para apilar quince pisos. Resulta que el diputado porteño Julián D’Angelo presentó el proyecto de ley 698 para protegerlo, que “hace lugar a la demanda vecinal por preservar un edificio que forma parte de la identidad barrial con un importante valor simbólico y patrimonial, y que debería integrar un corredor patrimonial que da cuenta de la historia y desarrollo de un sector de la ciudad”.

En el campo

Para terminar, el 7 de octubre abre Estilo Pilar en el club de campo Casuarinas, Besabe esquina Palma, Villa Rosa, que tiene una interesante casa de 1890 como casco y sede de la muestra de decoración paisajismo. La museóloga y diseñadora Marcela Rabuffetti está preparando un ambiente decorado como el living de un viajero con muchas millas en el Oriente, con piezas chinas, indias, tibetanas y camboyanas. También habrá arte, muchos jardines especialmente creados para la ocasión y tendencias recientes en mueblería y ornamentación.