Esta fue una semana de nervios para los que defienden el patrimonio edificado, ya que el año legislativo se termina con dos temas de inmensa importancia literalmente en el aire. Uno es la prorrogación de la ley 3056, único mecanismo de defensa del patrimonio ante la piqueta maleva. Otro es la sanción de la nueva APH en la city porteña, que el diputado radical Antonio Campos busca torpedear con argumentos poco sostenibles. Los dos temas son masivos, ya que uno toma toda la ciudad y el otro expande el APH 1 desde Plaza de Mayo hasta Plaza San Martín, tomando decenas de nuestros edificios más valiosos.

El tema de la 3056 es crucial, porque es la continuación de la 2548 que protege todo edificio anterior a 1941 de la piqueta directa, vía ventanilla en ese nido del negocio que es el Ministerio de Desarrollo Urbano (ahora atendido por sus dueños). A fines de 2007, con el macrismo flamante en el poder, el patrimonio hizo crisis en los tribunales y en la calle, con lo que se votó de apuro el mecanismo para el invento chino con el que Ibarra y Telerman quisieron engañar a la Unesco, el polígono del Paisaje Urbano. Como no fue el fin del mundo, el mecanismo se amplió a toda la ciudad y por dos años, que vencen en este diciembre.

La oposición a renovar el mecanismo es fuerte y viene de los que quieren demoler a manos libres, y sus socios políticos. En Desarrollo Urbano ya encontraron la solución al problema al dar vuelta el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales que, con un par de honrosas excepciones, resultó tener el Sí Ministro tan fácil que da vergüenza ajena. Lo que pudo ser un mecanismo de defensa de la ciudad se transformó en una compiladora de permisos de demolición con el simple truco de “considerar el entorno”. La avivada fue la definición de entorno, que en este caso resultó la manzana y no la cuadra propia y la de enfrente. El resto lo hizo la orden superior y se terminó aprobando una protección por cada once demoliciones permitidas.

Pero aun así sería más fácil volver al mecanismo anterior, donde se demolía todo lo que no estuviera catalogado, ya que un ciento por ciento de permisos es mejor que un 92 por ciento, sin esas demoras tan molestas. Con lo que esta semana hubo nervios y consultas, con Basta de Demoler recorriendo la Legislatura y recalentando teléfonos, alarmada por la vaguedad de información de hasta dónde estaba el proyecto de ley, si en la Comisión de Cultura o en la de Planeamiento. El diputado Eduardo Epszteyn confirmó finalmente que está en las dos y dio una buena noticia, que este martes se realiza una sesión conjunta para darle trámite a la ley y poder votarla a tiempo. Una sesión conjunta de comisiones no es algo rutinario y muestra ganas de apoyar el tema.

POR LA CITY

El proyecto de ley del diputado Patricio Di Stefano que busca crear un APH en la city porteña venía navegando con apoyos plenos. Es un proyecto enorme, que toma decenas de manzanas del Centro y amplía de hecho la zona protegida de San Telmo hasta Plaza San Martín. Di Stefano hasta negoció el tema con el Ministerio de Desarrollo Urbano, conocedor de los bueyes con que se ara en esta urbe. Chain-Lostri, teniendo en mente los intereses que representan, mocharon la lista de edificios a catalogar individualmente pero aceptaron la idea, ya que es la zona más densamente construida de Buenos Aires. Limitar alturas o proteger una cantidad de potenciales lotes –la mayoría de lo catalogable ya es de porte– no hace más que cambiar la ecuación económica, con lo que los socios en lo privado y lo político no vetaron la idea.

El escollo acaba de aparecer de un lado inesperado, el diputado Antonio Rubén Campos. Su argumento parece técnico y moral, ya que acusa que el proyecto de APH oculta un negociado al aumentar las alturas permitidas. Pero resulta que los argumentos técnicos del diputado están totalmente equivocados, lo que sorprende ya que Campos es uno de los responsables del mayor aumento de alturas jamás visto por esta ciudad: cada torre, cada avenida amurallada de edificios exagerados se los debemos en buena parte a Campos. Como cruzado de la honestidad y la buena construcción, el diputado resulta algo asombroso.

En el ahora lejano año 2000, con la crisis devorando el país, el radicalismo en el poder porteño tuvo la idea de desatar el demonio para alimentar el negocio de la construcción. Hubo argumentos de desempleo y recesión, como siempre, que en ese contexto terrible resultaron muy creíbles. Campos ya era diputado porteño y presidía nada menos que la central de representación de la especulación inmobiliaria, la Comisión de Planeamiento. El resultado fue la sombría reforma del Código de Planeamiento Urbano que elevó las alturas y creó un piedra libre en todas y cada una de las avenidas porteñas. Desde que se loteó la última chacra para hacer el último barrio, hace casi noventa años, que no se veía un negocio semejante.

Pero ahora Campos no para de cuestionar el volumen que se podrá construir en la city si se hace el APH y afirma que se suben los metros reales, creando una fortuna para repartir. Para decir esto, el médico Campos toma el artículo del Código que afirma que en la city no se puede construir a más de 16 metros de altura, más dos pisos en retiro, con un total de 23 metros. Que alguien se crea esto es francamente notable, digno de alguien que vivió toda su vida en algún barrio cerrado y cree que la ciudad es el código. El más simple paseo por el barrio de Catedral al Norte, nombre de la city, muestra que esto no ocurre jamás de los jamases. Las razones son varias: al retirarse un metro de la línea municipal se gana un piso más de permiso, al hacer edificios de perímetro libre se ganan varios metros de altura, al construir sobre una avenida se llega a 38 metros más siete de retiro. Y siempre está el boleto ganador, el “enrasamiento”, que permite simplemente irse para arriba hasta que la obra nueva se empareje con los vecinos.

En el despacho del diputado discuten que ésos son trucos que no respetan la ley, lo que es nuevamente falso: todos estos recursos están en el código, que en la oficina de Campos deberían terminar de leer. Son lamentables, tramposos y mercenarios, pero legales. Y son justamente el tipo de cosa que puede cambiar al declarar el área un APH.

El proyecto que Campos quiere demorar dice que lo más alto que se podrá construir en la city tendrá 27 metros de altura como límite (21 más dos pisos de retiro), sin enrasamientos, ni perímetros libres, ni retiros de fachada que valgan. Esa cifra corresponde a la altura promedio de los edificios patrimoniales de la vieja city. En las avenidas también se bajaría las alturas a 32 más ocho de retiros, nuevamente sin excepciones. Y además, al ser un Area de Protección Histórica, pasan a valer una serie de límites a la morfología y materiales de los frentes que se pueden usar, para recortar la tendencia al “corte y contraste” que usan los arquitectos mediocres para hacerse notar: no habría más fachadas espejadas entre edificios símil piedra. Hasta los basamentos tendrían que planearse teniendo en cuenta los de los vecinos tradicionales.

Todo esto no parece tener importancia para Campos, cuyo argumento único es que se aumenta la volumetría de lo construido. Una de sus asesoras llegó a decir que no hay problema con las torres, porque no aumentan la volumetría sino la altura, lo que está ¡bien! Debe ser que recuerdan el aporte de su jefe político a las alturas de las avenidas de la ciudad. Tal vez por eso tampoco les importa que el nuevo sistema prohíba juntar terrenos para hacer edificios masivos y prohíba bodrios espeluznantes como la megatorre que le hicieron al lado al Museo Mitre, cuidándoles el contexto a los sobrevivientes de nuestra historia.

La ley para proteger la city puede salir este mismo año, con el apoyo interbloques de gente a la que sí le preocupan las alturas. Son diputados que saben, por ejemplo, que las APH tienen un régimen especial, diferente a la de otras zonas. El mismo hecho de ser un Area de Protección pone en línea una gran serie de mecanismos urbanos de mejora del espacio y de preservación y respeto a los contextos. Sin ir más lejos, prohíben la cartelería loca que domina la zona y permiten soñar con una avenida Corrientes, entre el Obelisco y el Bajo, sin la mugre visual de hoy, y una calle Lavalle menos decadente.

El diputado Campos tiene su palo puesto en la rueda, pese a que dice que es un amigo del patrimonio porque presentó tres catalogaciones, dos declaraciones de sitio histórico –a iglesias– y una de bien cultural, además de proponer que Gustavo Cerati sea ciudadano ilustre. Un gesto hacia el patrimonio y el bienestar porteño podría ser deshacer el entuerto que ayudó a hacer, proponiendo en serio volver a bajar las alturas a las del código anterior.