La asociación indisoluble entre el Ministerio de Desarrollo Urbano porteño y la industria de la construcción es evidente. El ministro Daniel Chaín y el viceministro Héctor Lostri son ellos mismos (sub)desarrolladores inmobiliarios y hasta están dispuestos a alterar la ubicación de obras públicas establecidas por ley para beneficiar a sus emprendimientos, tal como se relató dos semanas atrás en esta misma columna.

El Banco Ciudad sorprendió hace dos años con la positiva y destacada participación de su presidente, Federico Sturzenegger, en la reunión de trabajo que convocó la entonces presidenta de la Comisión de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico de la Legislatura, la ex diputada Teresa de Anchorena, para tratar el proyecto de ley de Transferencia de la Capacidad Constructiva, que parece haber vuelto a la vida parlamentaria en este último tiempo. Pero algo cambió en el banco, porque sus autoridades acaban de anunciar una beneficiosa línea de créditos para la construcción de nuevos edificios para viviendas y oficinas.

Es curioso que desde un ente público se impulse una medida crediticia para alentar la construcción de nuevos inmuebles cuando, por una parte, la ciudadanía está reclamando que se garantice el derecho constitucional de preservar el patrimonio arquitectónico, y por el otro, las estadísticas demuestran la estabilidad de la población porteña.

Los sucesivos censos de población, incluyendo el reciente según las primeras estimaciones, indican que el número de habitantes en Buenos Aires se ha mantenido más o menos estable en tres millones de habitantes desde hace 50 años. En todo caso lo que aumentó es la población de las villas y esos créditos no parecen destinados a solucionar ese grave problema habitacional.

Todo esto es más delicado aún porque el Poder Ejecutivo continúa incumpliendo con el Código de Planeamiento Urbano sancionado en el año 2000. Allí se creó el Fondo de Recuperación de Edificios Catalogados (Ferec) que tiene como objetivo la restauración de inmuebles de valor patrimonial y, prioritariamente, la puesta en valor de edificios históricos para ser destinados a vivienda social.

El Ferec debería posibilitar que, con esos recursos, el Banco Ciudad otorgue créditos blandos destinados a los propietarios de inmuebles protegidos que decidan restaurarlos, y a grupos asociativos, para que revitalicen inmuebles deteriorados y tengan así una vivienda digna.

La misma ley establece varias fuentes de financiamiento para ese fondo, una de ellas genuina, es decir que no necesita ser incluida y aprobada cada año en la Ley de Presupuesto. El 15 por ciento de todo lo recaudado en concepto de tasas de delineación y construcción –que se paga cuando se emprende una obra– debe ser destinado sin más trámite a ese fondo.

El boom de la construcción de los últimos años hace suponer que esa recaudación –que los organismos estadísticos porteños no publican en forma discriminada y de la que sólo puede obtenerse alguna referencia por la estimación que hace el Poder Ejecutivo cada año cuando envía el proyecto de ley de Presupuesto a la Legislatura– fue bastante abultada.

Por ejemplo, en el proyecto de ley de Presupuesto para el 2011, el Poder Ejecutivo porteño estima que por ese ingreso no tributario se recaudarán 125 millones de pesos, eso quiere decir que deberían ir al Ferec unos 18.725.000 millones de pesos durante el próximo año.

Este aporte sería muy significativo para el sostenimiento del patrimonio porteño, si tenemos en cuenta que el Ministerio de Cultura ha presupuestado para todas sus áreas de patrimonio durante el próximo año 12.216.947, de los cuales un 80 por ciento aproximadamente se destina a gastos corrientes y sueldos.

En Desarrollo Urbano los datos no son muy alentadores tampoco, a pesar de haber reconocido los propios funcionarios el incremento notable de trabajo a partir de la sanción de las leyes 2548 y 3056. Para 2011 el Ejecutivo estima un gasto de 4.907.539 para la Dirección General de Interpretación Urbanística, que incluye mucho más que los temas patrimoniales, y donde la pequeña Supervisión de Patrimonio Urbano ni siquiera figura como tal en la ley de leyes.

No hay duda, entonces, de que la creación del Ferec representaría una estimable fuente de recursos para compensar y ayudar a los propietarios de inmuebles protegidos a poner en valor sus inmuebles. También sería una forma de recuperar, por ejemplo, esos miles de edificios que tiene la ciudad en su poder, la mayoría antiguos y muchos de ellos ocupados por familias que no tienen otro lugar donde vivir. Una tarea en la que podría colaborar la valiosa, pero menospreciada por los actuales funcionarios, Escuela Taller de Casco Histórico.

El único intento serio de reglamentar la creación de ese fondo fue en 2006, cuando Mario Sabugo era subsecretario de Planeamiento Urbano y elaboró un proyecto de decreto que no prosperó.

La omisión de crear el Ferec implica que durante diez años se han destinado recursos para fines distintos de los que dispone la ley, lo que podría constituir la comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el que incurre aquel que “no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”, como dice claramente el Código Penal de la Nación.

Lic. en Relaciones Internacionales. Magíster en Gestión Cultural. Docente del Master en Gestión Cultural en la Universidad de Alcalá de Henares y del Programa de Conservación y Preservación del Patrimonio en la Universidad Torcuato Di Tella, http://facundodealmeida.wordpress.com