Que no sea cuestión de hacer la lista de edificios salvados, catalogados o perdidos. Y que no sea tildar en un papelito las agachadas, trampas y complicidades de funcionarios amigos de la poderosa industria inmobiliaria. Lo que aparece con toda claridad al pensar el año que cerró es que cuidar el patrimonio es como combatir a las tabacaleras: se logra con acciones grupales, politizando el asunto y creando un nuevo sentido común. Porque si esperamos que todo el mundo deje de fumar...

Esto queda absolutamente en claro con casos puntuales que tuvieron reacciones rápidas, como La Cuadra, la Asociación Santa Lucía, el Teatro Opera y hasta los benditos escalones de la Recoleta. En escalas y barrios diferentes, todos estos eventos tuvieron en común la movilización. Los vecinos de Palermo, Proteger Barracas, Basta de Demoler... primerizos u organizados, fueron los vecinos protestando que lograron salvar edificios. Los vecinos de Floresta también están en la trinchera, cuidando su flamante Area de Protección Histórica de vivos de cabotaje que siguen rompiendo casas protegidas para hacer más locales.

A estos vecinos protagonistas se les agregaron, como otro síntoma positivo, actores políticos que empezaron a entender que el patrimonio es una batalla que hay que dar. Desde la Legislatura y, sorpresa, desde la gestión, se diferenciaron de las Mesquidas y Barelas, los Chaín y los Lostri de esta vida. También hubo una patriada recordable, una tragedia con muertos, una frenada en el pavimento y un encuentro muy importante de patrimonialistas.

Gente nueva

Los tres casos ejemplares de vecinos movilizados para salvar el patrimonio permiten ver las cosas con matices. El caso del Teatro Opera fue de una espontaneidad notable, en particular por tratarse de patrimonio intangible. Resulta que el banco Citi tiene una política internacional de adquirir lugares notables, mantener sus actividades y estamparles su nombre como publicidad. Este tipo de cosas son justificadas por los norteamericanos –cuando se dice “internacional” debe entenderse norteamericano– con vaguedades de “ciudadanía corporativa”, pero son simple y llana publicidad. En Estados Unidos a la gente le molestó este tipo de cosas, en particular cuando el Shea Stadium –el más tradicional y querido del béisbol neoyorquino– terminó de Citi Stadium. Pero se la bancaron.

El Citi, filial argentina, hizo robóticamente lo mismo, sin atender a contextos, con lo que terminó protagonizando uno de los más memorables desastres de relaciones públicas jamás vistos. Lejos de ser un evento que asociara al banco con la cultura bajo una luz positiva –“inversión social”, en el extraño lenguaje de las relaciones públicas– terminó siendo un símbolo de frivolidad adquisitiva: un banco apropiándose de la pátina creada por otros. El banco reaccionó tarde y mal, tal vez desconcertado por la buena recepción oficial –el ministro de Cultura porteño, Hernán Lombardi, brindando en la inauguración, feliz de que el teatro fuera ahora Citi y no Opera– y pensando que el “evento” con Mirtha Legrand de madrina cerraba la cuestión.

Para cuando se encontraron con civiles repartiendo volantes en la puerta, ni siquiera tuvieron el reflejo de parar al goruta que se dedicó a fotografiarlos como si fuera de la SIDE. La presión moral fue tal que, sin admitir error alguno, el Citi cedió y restauró el nombre viejo. El teatro se llama ahora Citi/Opera. Que Mirtha Legrand los criticara en cámara fue el fin de la resistencia del banco.

El caso del centro Santa Lucía en Barracas fue más concreto y por así decirlo tradicional. Un edificio en un barrio bajo ataque. El edificio cierra y se transforma, con esa magia de las inmobiliarias, en un terreno ocupado por alguna cosa vieja. Y los vecinos contraatacan con Proteger Barracas coordinando. Lo notable del asunto es que donde ni el CAAP ni nadie en el Ejecutivo estaba dispuesto a mover un dedo, los legisladores catalogaron el edificio y listo. Buenos reflejos de políticos que no están directamente al servicio de la industria de la destrucción-construcción, como “los profesionales” de Desarrollo Urbano.

El tercer caso fue de laboratorio, el de ver aparecer el germen de una ONG en un barrio que no la tiene. El anuncio de la demolición inminente de La Imprenta y La Cuadra creó de la nada un grupo de vecinos en esa zona de Palermo tan castigada por las demoliciones que va del Hipódromo al Hospital Militar. Hubo una asamblea muy concurrida, buena cobertura de los medios, fuertes críticas al CAAP, que en un rapto de demencia notable hasta para ellos aprobó la demolición del último stud porteño y de un edificio industrial del siglo XIX. Nuevamente, los políticos reaccionaron rápido y ambos edificios fueron catalogados.

De paso, la falta de luces del CAAP nos va a costar a los contribuyentes unos buenos pesos, ya que el estudio Churba anunció que demandará a la Ciudad por diez millones por perderse de destruir estas dos piezas patrimoniales. Ay, Churba, con un apellido tan ilustre...

Lo que no hubo caso de salvar fue el finalito de San Telmo, sobre la avenida Garay, donde ese acto de vandalismo urbano que es el Quartier San Telmo se va a alzar nomás. Es un símbolo de nuestro atraso legal que se pueda hacer una torre en un lugar así, por no hablar del caletre creativo de la empresa que todavía diseña esos objetos. Hubo una ida y vuelta de amparos y apelaciones, que demoró la obra pero no la paró.

Cales y arenas

El CAAP, ya mencionado, se terminó de hundir en el desprestigio. Este Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales ya estaba mostrando la hilacha desde antes, pero este 2010 dejó en claro que es una catástrofe, con pocas y honrosas excepciones. Pese a su nombre tan patrimonial, es una entidad de cabotaje que siempre está más atenta a la lógica del negocio inmobiliario que a cualquier consideración cultural. Un núcleo duro de sus miembros está formado, nada casualmente, por funcionarias públicas, de Desarrollo Urbano y de Cultura, que actúan en un unísono que debería darles pudor a las de Cultura. Tradicionalmente, siempre hubo tensión entre ambos ministerios por temas patrimoniales, asunto aparentemente solucionado con la rendición incondicional de Cultura.

La excepción más notable es la inesperada Mónica Capano, que preside la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad, antaño un sello de goma y ahora un punto de resistencia a la piqueta. No es casual que Capano sea la única persona en el CAAP que no es arquitecta y piensa las cosas desde la cultura y la sociedad. Es, por suerte, una persona firme y capaz de empacarse, ya que de otro modo no aguantaría las agresiones constantes de las funcionarias miembro.

Otro inesperado personaje del año es el defensor adjunto del pueblo porteño, Gerardo Gómez Coronado, que transformó su equipo en una herramienta de los vecinos para frenar los negocios inmobiliarios y defender la identidad de sus barrios. La Defensora Alicia Pierini tuvo la buena idea de crear este mandato, atendiendo a la idea –constitucional desde 1994– de que el patrimonio es un derecho de los porteños. Gómez Coronado puso una gran energía en temas urbanos. Los vecinos de La Cuadra, los de Floresta –hasta amenazados por matones– y los de varios barrios que se encontraron con que Macri quiere hacerles “sapitos” bajo las vías ya aprendieron a confiar en él.

En la Legislatura aparecieron figuras que empezaron a tomar el tema con más fuerza. Patricio Di Stefano, que ahora preside la Comisión de Patrimonio fundada por Teresa de Anchorena, logró el golazo notable de crear el APH de la City, que lleva el barrio histórico efectivamente de San Telmo a Plaza San Martín. Martha Varela demostró cómo cambia la textura urbana con su proyecto de la avenida Callao, aprobado en 2009, que obligó a bajar marquesinas y cambalaches visuales. Sergio Abrevaya y Eduardo Epszteyn llevaron adelante proyectos propios y, en varios casos, coordinaron políticamente que se aprobaran ideas importantes, como la renovación de la 3056 a ultimísimo momento.

Estas figuras forman un tremendo contraste con otras, como la de la diputada Silvina Pedreira, que tuvo la idea brillante de torpedear todo el magro sistema de protección de edificios patrimoniales desde la Legislatura. Con la falta de sutileza que la caracteriza, la diputada alegó la protección de la propiedad privada y quiso armarle a la ley 3056 tal papeleo que la dejaría manca y renga, inaplicable. No le fue bien.

Desde el Ejecutivo, la subsecretaria Josefina Delgado, la directora Liliana Barela y el director Antonio Ledesma decidieron este invierno darse por ofendidos por las críticas al CAAP, donde sus subordinadas se lucen por la amistad con la industria inmobiliaria. Fue un momento penoso, en particular para las que se supone son personas de la cultura. Para fin de año, ambas estaban al parecer subiendo la apuesta y gruñendo que les van a hacer juicio a varias figuras que las critican. Esto constituye una pavada, ya que ser funcionario es exponerse a las críticas de la vida pública. Como dicen los norteamericanos, si no les gusta el calor, que no entren en la cocina.

El Ejecutivo terminó arreglando los escalones del cementerio de la Recoleta, con peldaños de mármol del mismo grosor pero de diferente veta, venidos de vaya a saberse cuál demolición. Mientras esperamos que se disculpe por mentir el funcionario que le escribió a la Comisión Nacional de Monumentos que el Carrara blanco había sido retirado para su conservación –cuando todos los vecinos y este suplemento usaban de pisapapeles fragmentos rotos a mazazos– vale avisar que hasta retiraron la peligrosa rampa de acceso que algún genio de la arquitectura recubrió en granito pulido.

Lo que no tuvo remedio fueron las muertes en el gimnasio de Villa Urquiza que se derrumbó en agosto cuando le socavaron los cimientos para hacer, cuándo no, una torre. Ahí fue notable cómo el ministro Daniel Chaín y su Robin, el subsecretario Héctor Lostri, volvieron al argumento de que no pueden controlar todo y que así es la vida... hasta parecía que se lo creían.

Menos mal que hay también en esta Buenos Aires personas como José Mastrángelo y Carlos Matté, los restauradores que, de onda, arreglaron la Pirámide de Mayo para el Bicentenario. Lo hicieron porque se dieron cuenta de que nadie la había contado para el festejo, lo hicieron gratis, poniendo materiales y personal ellos mismos, y lo hicieron porque son patriotas y buena gente.

¿No querrán ser ministros porteños?