El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó a fines de año un pedido de informes sobre las obras que autorizó el municipio en el predio de la ex Cervecería Córdoba, donde la empresa Euromayor planea construir seis torres. En este suplemento ya nos habíamos referido al proyecto, cuando al promediar 2010 la constructora demolió la chimenea de la fábrica con autorización municipal, a pesar de que el inmueble contaba con protección patrimonial. La excusa fue el viejo truco del riesgo de derrumbe nunca comprobado.

Los concejales de la oposición cuestionan ahora la disparidad que existiría entre el metraje cuadrado y el factor de ocupación total que la empresa solicitó originalmente, y el autorizado en la aprobación final del proyecto. Esa no sería la única irregularidad cometida por la empresa y el municipio. Según denuncia la concejal Alejandra Del Boca, en las actas de fideicomiso de 2008 las autoridades municipales autorizaron que el requerimiento se realice a través de una concertación público-privada, pero en otra acta del mes de abril se expresa que la concertación no resulta operativa porque dilataría el proceso. Estas argucias legales tendrían como fin evitar que el proyecto tenga que pasar por órgano el legislativo.

La empresa de depredación patrimonial anunció que construirá seis torres de departamentos en el predio de barrio Alberdi, donde funcionó la cervecería, y señaló además que se construirá una réplica de la chimenea derrumbada, como si eso fuera la solución al daño patrimonial, ambiental y cultural que provocará este despropósito inmobiliario. La vieja fábrica había sido levantada en 1917 por Enrique Meyer y Martin Agst, fundadores de Cervecería Córdoba, y estuvo en funcionamiento hasta 1998. Ocupa veinte mil metros cuadrados frente al río Suquía, a metros de la cancha del Club Belgrano.

El representante técnico de la empresa constructora, Walter Marcori, dijo ante los concejales que se respetará el área patrimonial de acuerdo con criterios internacionales: vaya a saber uno qué entiende este buen hombre por tal cosa. Seguramente en países como México, Brasil o Colombia no autorizarían esta megaobra, por citar casos latinoamericanos.

Los empresarios –y seguramente los funcionarios que los avalan– pretenden que la creación del Museo de la Pasión Pirata –referido al club de fútbol local– o la construcción del denominado Centro Cultural Alberdi –que seguramente terminará siendo el área de juegos del shopping, como suele ocurrir en esos casos–, son suficientes para atemperar el daño patrimonial y medioambiental que van a provocar con la construcción de seis torres, con 1016 departamentos y 860 cocheras, que suman un total de 91 mil metros cuadrados. Los concejales parecería que no quedaron convencidos con las explicaciones, por los escasos argumentos sobre el sistema de cloacas y el impacto en el tránsito que la obra tendrá en la zona. Tampoco obtuvieron respuesta sobre el compromiso de constituir una Mesa de Concertación Público-Privada, que aún no se cumplió.

La Docta parece estar bajo el fuego antipatrimonial con este megadespropósito patrimonial y con las obras en el colegio Alejandro Carbó que, según denuncian padres y alumnos, están amenazado el valor arquitectónico de esa tradicional institución educativa cordobesa. Pero eso no es todo. El gobierno provincial, que por mandato constitucional y obligación legal debería proteger el patrimonio arquitectónico, ha ordenado demoler la que fuera su propia sede, conocida como la Casa de Tejas. Este inmueble fue construido por la Fundación Eva Perón como asilo de ancianos y hasta hace pocas semanas funcionó allí la Casa de Gobierno provincial. La sola relevancia histórica y su tipología representativa de la política social peronista deberían ser elementos suficientes para protegerla, pero más aún porque su destrucción significa un dispendio de recursos. Tan es así, que la nueva sede de gobierno aún no fue terminada y las oficinas públicas fueron distribuidas en edificios alquilados.

Las asociaciones de jubilados presentaron un recurso de amparo que fue rechazado por la Justicia argumentando que no estaban legitimados para reclamar. Llama la atención que una provincia poseedora de la universidad más antigua del país, heredera de la reforma universitaria de 1918 y que ha dado al país varios de sus mejores abogados, atrase tanto y no reconozca la preservación del patrimonio cultural como un derecho constitucional cuya protección pueda reclamar todo ciudadano.

* Lic. en Relaciones Internacionales. Magister en Gestión Cultural. Docente del Master en Gestión Cultural en la Universidad de Alcalá de Henares y del Programa de Conservación y Preservación del Patrimonio Cultural en la Universidad Torcuato Di Tella. http://facundodealmeida.wordpress.com