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Uno de los misterios de la gestión macrista de la Ciudad es saber dónde termina la incompetencia y dónde arranca la mala fe. Es que este gobierno sufre de una incapacidad muy alta de hacer las cosas bien, con lo que es incompetente hasta cuando actúa con mala fe. La historia de un expediente muestra cómo son malos hasta tratando de zafar, cómo crean historias circulares para ver si nadie se da cuenta de su incumplimiento de deberes de funcionario público.

El expediente es el 4274/10 que comenzó la Defensoría del Pueblo porteño el 25 de agosto. El defensor adjunto Gerardo Gómez Coronado recogió un pedido de los vecinos y le preguntó al gobierno porteño si correspondía la reparación de un reloj público. Este reloj está en la torre de un barrio de vivienda obrera, el San Vicente de Paul, que toma la manzana de Traful, Cachi, Gramajo Gutiérrez y Einstein en Nueva Pompeya.

El barrio fue construido a comienzos del siglo pasado por la Sociedad San Vicente de Paul y es un ejemplo de buena arquitectura y planeamiento. El barrio tiene la forma de dos grandes cuadrados concéntricos, separados por jardines, con una gran torre –la del reloj– en el medio. El cuadrado exterior tiene dos pisos más techumbres, el interior apenas uno y sus techos, con lo que quedan protegidos del exterior. Entre ambos cuadrados hay jardines y en el centro una plaza privada, todo con veredas de baldosas calcáreas y grandes arboledas. El conjunto, para variar, está rotoso por la habitual falta de mantenimiento.

Pero el barrio es desde 2000 un Area de Protección Histórica, por lo que los vecinos se acercaron a la Defensoría a preguntar si no podían ponerles en valor la torre de su conjunto. En la foto puede verse que es una estructura de valor arquitectónico. Gómez Coronado tomó la pregunta de los vecinos y se la transmitió a ese personaje que es el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín. Como para que se entienda, el defensor adjunto le agregó a su texto el parágrafo 10.1.1.1 del Código de Planeamiento Urbano, que dice que “la Secretaría de Planeamiento Urbano es el órgano de aplicación de las normas de protección patrimonial con todas las atribuciones que las normas le prescriban... La secretaría elaborará y pondrá en marcha programas en actuación, cuyos beneficios incidan fundamentalmente en el área”. El mismo parágrafo le encaja a la secretaría la responsabilidad de crear programas de preservación de edificios de alto valor patrimonial que comprendan su rehabilitación y puesta en valor. ¿Por qué transcribe esto Gómez Coronado? Porque la tal Secretaría de Planeamiento Urbano depende del ministro Chaín. De hecho, el secretario es su amigo y socio comercial Héctor Lostri.

Sabiendo qué distraídos suelen ser estos dos arquitectos, el defensor adjunto hasta les recuerda que en el parágrafo 10.2 se dice de dónde saldrán los fondos: del Fondo Estímulo para la Recuperación de Edificios Catalogados, Ferec, formado por el 15 por ciento de la recaudación por Derechos de Delineación y Construcción. El Fondo debe dedicarse exclusivamente “a obras y mantenimiento en edificios y espacios públicos catalogados” y a créditos a privados, vía el Banco Ciudad, para realizar ese mismo tipo de obras.

Lo que tal vez no sabía Gómez Coronado es que el Fondo nunca fue conformado y ese 15 por ciento fue a parar a Rentas Generales. La Justicia penal federal abrió una investigación por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por el desvío de dineros que involucra a los dos arquitectos-funcionarios.

La actuación llegó a Chaín recién en octubre, de la mano de Juan Wolfgang Lungwitz, director general de Asuntos Legislativos y Organismos de Control de la Subsecretaría de Gobierno de la Jefatura de Gabinete porteña. Luego fue enviada a Lostri por la arquitecta Andrea Jaskot, de la Subdirección Operativa de Entradas, Salidas y Archivo que pertenece a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del mismo Ministerio de Desarrollo Urbano. Cinco días después, el 12 de octubre, el jefe de Gabinete de Lostri, doctor Juan Arnoldo Marini, le envía el bendito papel a la Dirección General de Interpretación Urbanística.

La actuación permanece allí por casi cuatro meses, con lo que supera cómodamente los 90 días que tenía en total el ministerio para contestar. La respuesta es de la arquitecta Marina Vasta, responsable del Area de Protección Histórica de la Dirección Operativa de Supervisión de Patrimonio Urbano de la Dgiur. ¿Qué dice la arquitecta? Que “lo requerido no se encuadra dentro de la competencia de esta Dirección Operativa”. Dos semanas después, el 16 de febrero, Lostri refrenda lo dicho por la arquitecta Vasta. El 18 hace lo mismo Fernando Jorge Codino, el director general administrativo, técnico y legal del ministerio. Y finalmente, el 22 de febrero, Orlando Sansostri, de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control, le envía de vuelta la papelada a la defensora del Pueblo porteño, Alicia Pierini.

Es notable la falta de respeto del Ministerio de Desarrollo Urbano, porque su respuesta en total tiene unas pocas palabras. Ni la arquitecta Vasta ni sus jefes se molestan siquiera en explicar por qué el tema no es de su competencia. Ni siquiera rebaten los párrafos citados por Gómez Coronado o le indican que estos temas son alzada de algún otro. Simplemente se niegan a tomarlo de manera tersa y misteriosa.

Esta guarangada sería anecdótica si no fuera por el contexto en que existe. Daniel Chaín se niega terminantemente a dejar que Cultura tenga el menor poder en cuestiones de patrimonio edificado. Cuando, cumpliendo con la ley, la secretaria de Patrimonio Cultural, Josefina Delgado, preparó un reglamento para este tipo de patrimonio, que incluía penalidades y la creación de un cuerpo de inspectores de Cultura, Chaín lo vetó. Al ministro de Cultura, Hernán Lombardi, ni se le ocurrió protestar –¿para qué? Lombardi es ministro sólo en nombre y no quiere problemas, no sea que haga gestión– y todo quedó en la nada.

Con lo que el patrimonio edificado sigue dependiendo de Daniel Chaín, que burocráticamente acaba de definirse como un perro del hortelano a escala urbana: para cuidar sus negocios y no delegar poder, no deja que otros cuiden el patrimonio, pero tampoco lo cuida él.

Un ejemplo de gestión política que seguramente ganará votos este año.