El año pasado, el cambio de nombre del Teatro Opera desató una batalla patrimonial que puso de manifiesto, una vez más, que la preservación de nuestro pasado está incorporada en la agenda pública y que las redes sociales –y la Justicia– se han transformado en una de las principales aliadas para su defensa.

El Banco Citi había soñado con una exitosa estrategia de marketing bautizando al teatro con el nombre de la empresa, para la que involucró a figuras públicas como Mirtha Legrand y a la cúpula del Gobierno de la Ciudad. Esto terminó con una crisis de comunicación y un estrepitoso fracaso.

También se produjeron reacciones públicas de los ciudadanos cuando uno de los estudios de arquitectos más grandes de Buenos Aires pretendía demoler el Teatro El Picadero para construir una torre, o cuando el gobierno de Macri intentó cambiar el destino del Cine Teatro El Plata para destinarlo a oficinas administrativas del Centro de Gestión y Participación.

Los teatros cuentan con una ley nacional nunca reglamentada que protege la actividad. Esto quiere decir que donde hay un teatro, si se demuele, debe construirse otra sala. Sin embargo, la falta de reglamentación –aunque la Justicia ya ha dicho una y mil veces que eso no justifica que no se aplique una ley– y una absurda suspensión de los efectos de la norma a través de una resolución del entonces ministro de Roque Fernández, permitieron que en los noventa se demoliera el Teatro Odeón.

Esa ley dificulta pero no impide que se destruya este tipo de equipamiento, que constituye una parte muy relevante del patrimonio edificado del país, surgido en diferentes etapas históricas y por lo tanto, representativo de diversos estilos arquitectónicos. Se trata además de una importantísima infraestructura cultural, que lamentablemente por su deterioro o cambio de uso en gran medida no cumple hoy la función para la que fue construido, pero que podría potenciarse como una poderosa red de faros de cultura en todo el territorio nacional.

Esta semana la presidenta de la Nación firmó el decreto 837/2011 incorporando al listado de bienes protegidos por la ley 12.665 a numerosos teatros emplazados en distintos puntos del país. Se trata del Teatro Liceo, Teatro General San Martín, Teatro Gran Rex, Cine Teatro Opera, Teatro Maipo, en la ciudad de Buenos Aires; el Teatro El Círculo de Rosario; el Teatro Municipal de Santa Fe; el Teatro Municipal de Bahía Blanca; y el Teatro Coliseo Podestá, en la ciudad de La Plata.

En otro artículo le concede protección al Centro Cultural San Martín, al Cine Teatro Regio, al Teatro Alberdi de San Miguel de Tucumán, al Teatro Fundación Héctor Astengo de Rosario, al Teatro Independencia de Mendoza, al Teatro Opera –hoy una iglesia evangélica–, al Teatro Colón y al Club Español de Mar del Plata, al Teatro Español de Azul, al Teatro Coliseo y sede de la Sociedad Unione Italiana XX de Settembre de Zárate, y a la Sociedad Española de Socorros Mutuos y Teatro Español de Magdalena, provincia de Buenos Aires.

Una muy buena noticia que hace crecer el listado de inmuebles protegidos a nivel nacional, que ahora exigirá una mayor atención para que las intervenciones, uso y destino de estos inmuebles sea acorde con el valor patrimonial que el Poder Ejecutivo Nacional les acaba de reconocer.